La Xunta reclama al Gobierno central que cumpla la Ley de Dependencia y financie al 50% la atención
La conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García, mantuvo una reunión con el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. En el encuentro, la conselleira solicitó que el Gobierno central aborde lo antes posible la financiación estructural de la dependencia y acerque el 50% de los fondos, tal y como exige la ley, lo que para Galicia supone más de 2.500 millones de deuda acumulada y un promedio anual de unos 300 millones.
García recordó que Galicia destina este año más de 655 millones de euros a la dependencia, de los que aproximadamente el 70% proceden de las arcas autonómicas y el 30% restante del Gobierno central. Un esfuerzo presupuestario del Ejecutivo gallego que permite que a día de hoy Galicia cuente con más de 77.000 personas con dependencia reconocida que están recibiendo un servicio o una prestación. Una cifra que sitúa la ratio de atención de la comunidad en más del 98%, la tercera más elevada de España.
La conselleira indicó que, de resolverse la deuda que mantiene el Estado con Galicia, el Gobierno gallego podría ampliar el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), las horas prestadas y el número de personas beneficiarias.
Además, sobre la atención, la conselleira instó al Gobierno central a que cumpla con los niveles mínimos, los incremente y aumente la aportación del nivel acordado. Además, solicitó que en los criterios de financiación de la dependencia se aumente el peso de la población envejecida y de la dispersión y que se reconozca las Casas do Maior como un servicio de la cartera de dependencia.
Por último, solicitó que se avance en la reforma de la Ley de Dependencia y que se aborde la atención a las personas según sus preferencias, permitiendo conocer a las comunidades el alcance económico de las modificaciones y la previsión de financiación estatal.
COMPROMISO DEL MINISTERIO
Pablo Bustinduy detalló, por su parte, que el Gobierno de España ha duplicado la aportación de fondos para dependencia a Galicia, cubriendo ya el 40,69% del gasto anual en esta área. “Nuestro objetivo es seguir incrementando esta aportación en los próximos años”, dijo el ministro, señalando que para ello es necesario que se aprueben unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.
En 2020, recordó el ministro, “la Administración General del Estado aportó cerca de 95 millones de euros a la Xunta de Galicia, lo que supuso un 23,33% de la financiación total, cifra que se multiplicó en 2023 hasta los casi 210 millones de euros que el Estado ha aportado en el último año y que supone el ya mencionado 40,69% del total, una cifra récord”, en palabras de Bustinduy, quien también ha resaltado que este dato supone el porcentaje más alto que el ejecutivo central destina a una comunidad autónoma.
“El Gobierno de coalición ha llevado a cabo un incremento sin precedentes de la financiación en dependencia, justo lo contrario que hizo el Gobierno de Rajoy”, ha declarado el ministro, al tiempo que manifestaba que “el Partido Popular dejó el sistema de dependencia absolutamente infrafinanciado aportando solamente 66 millones de euros en Galicia frente a los 210 millones que aportamos ahora”, remarcó el ministro. Según los datos actuales, los 210 millones de euros que la Administración General del Estado ha transferido a Galicia se distribuyen en 156 millones de euros para el nivel mínimo y 54 millones de euros para el nivel acordado, “que fue suprimido por el Gobierno de Rajoy”, añadió.
Bustinduy ha aprovechado el encuentro para felicitar a la conselleira por la aplicación que la Xunta está haciendo en Galicia del nuevo programa de tarjetas monedero para familias en extrema vulnerabilidad. Este programa ha sido puesto en marcha este año de manera transitoria por el Gobierno de España a través de Cruz Roja y supone un cambio en la administración de las ayudas que provienen del Fondo Social Europeo Plus (FSE+). El ministro ha valorado muy positivamente que el gobierno gallego este aplicando este programa en base a los tiempos estipulados y derivando a todas las personas que cumplen los requisitos para acogerse a este programa, es decir, aquellas en condiciones extremas de vulnerabilidad que tienen niñas, niños o adolescentes a su cargo.