La conselleira de Trabajo y Bienestar, Beatriz Mato, señaló que la Xunta lleva invertido en la aplicación de la Ley de Dependencia durante estos cuatro años un total de 622 millones de euros, mientras que el Estado acercó 312 millones durante el mismo período de tiempo.
La titular del departamento autonómico se refirió así al informe de balance de la aplicación de esta normativa presentado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, en los que precisaban la aportación del Estado a las comunidades autónomas. En total, la cifra global de atención a los dependientes gallegos en los últimos cuatro años ascendería a los cerca de 940 millones de euros, sumando los 622 de la Xunta y los 312 del Estado. “La aportación quedaría así: un tercio el Estado, y dos tercios Galicia”, aseguró Mato.
“Estas cifras avalan y ratifican, una vez más, que la financiación de la Ley de Dependencia actual no cubre el 50 por ciento, sino que la Xunta está acercando el 70 por ciento y el Estado el restante 30, concretó la consejera.
En este sentido, Mato explicó también que la inversión realizada por el Gobierno central en Galicia en esta materia “es únicamente fruto del trabajo de la comunidad autónoma en la atención a la Ley de Dependencia”.
Así, apuntó que la financiación de la dependencia tiene “dos fuentes de entrada”: el nivel acordado y el nivel mínimo. El nivel mínimo responde “exclusivamente” a la capacidad de cada comunidad de introducir dependientes en el sistema, mientras que el acordado se establece en los consejos territoriales y constituye una cantidad fija que responde a distintos parámetros.
Al respecto, recordó, precisamente, que el nivel acordado disminuyó en 3 millones de euros este año, debido la que el nuevo modelo de financiación no tiene en cuenta a dispersión poblacional, tal y como demandó en repetidas ocasiones la Xunta de Galicia, ya que esta característica encarece los servicios. Por lo tanto, el aumento de la financiación se debe al incremento en el nivel mínimo, derivado del importante crecimiento en el número de personas dependientes atendidas.
De este modo, para compensar la falta de aportaciones por parte del Gobierno central, la Xunta invirtió nos últimos cuatro años 622 millones de euros en la tramitación de la Ley de Dependencia, de los que el 77 por ciento -479 millones de euros- corresponden a la financiación realizada en estos últimos dos años.
Además de abordar la financiación, Mato hizo referencia también a los datos de tramitación. Al respeto, informó de que nos últimos 24 meses la Xunta fue quien de atender a una promedio de 1.200 personas al mes, lo que supera el ritmo de entrada de solicitudes con pleno derecho que se sitúa alrededor a los 1.100 mensuales. Esto es, en los últimos 24 meses, se atendieron a más de 28.000 personas.
“Estos datos tienen una lectura rápida”, aseguró Mato, “Si hubiésemos puesto el contador a cero el 1 de mayo de 2009, la Xunta estaría dando respuesta a la demanda existente en la actualidad”. Con todo, matizó que hace dos años solo el 35% estaba recibiendo algún tipo de atención, por lo que el Gobierno gallego tiene ahora que compensar esta situación. Actualmente esta cobertura supera el 60%.
Por último, hay que recordar que la Consellería de Trabajo y Bienestar está realizando una importante apuesta por la prestación de servicios de calidad, que crean empleo, frente a la prestación económica, lo que supone la necesidad de una inversión mayor. Gracias a este esfuerzo, Galicia se sitúa actualmente por encima del promedio estatal en la prestación de los diferentes servicios.