La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, denunció en el Senado que el Gobierno central continúa incumpliendo la Ley de Dependencia y sigue reduciendo su aportación a la financiación de este sistema. Señaló que, según los datos de 2025 conocidos esta misma semana, el Ejecutivo central disminuyó su contribución hasta el 32,9%, dos puntos menos que en 2024, cuando alcanzaba el 34,9%.

García destacó que, de este modo, de los 733,7 millones de euros destinados en ese año a la financiación de la dependencia en Galicia, más de 492 millones fueron aportados por la Xunta, frente a los 241 millones del Estado, lo que supone una diferencia de 250 millones que dejó de abonar en el último ejercicio. La conselleira denunció que con estos datos «se refleja claramente que el Gobierno central está muy lejos de cumplir la ley, que obliga a financiar el 50%, y aumenta año a año su deuda con Galicia», superando ya los 3.000 millones de euros.

Durante su intervención en la comisión general de las comunidades autónomas, hizo hincapié en que crear nuevos derechos sin la financiación idónea «solo genera frustración en los ciudadanos». Además, criticó lo que considera un trato desigual entre territorios, mencionando el acuerdo del Gobierno central con Euskadi para financiar el 50% de la dependencia.

García también destacó el esfuerzo realizado por Galicia para mejorar la atención a la dependencia, recordando el plan de choque impulsado por la Xunta en enero de 2025 y que está basado en tres ejes: una inversión histórica por parte de la Xunta, la reducción al máximo de la burocracia y la implantación de vías rápidas para ciertos colectivos.

Según indicó, en su primer año de aplicación el plan permitió resolver más de 86.000 expedientes,reducir en más de dos meses los tiempos de espera y situar a Galicia como la comunidad que más agilizó la atención a la dependencia.

Por otra parte, lamentó que este plan esté en riesgo debido al recurso presentado por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional contra las homologaciones automáticas de dependencia y discapacidad. En este sentido, pidió la retirada del recurso y el reconocimiento del trabajo realizado por Galicia en este ámbito.