El Consello de la Xunta acaba de aprobar el decreto que desarrolla la Lei de Servizos Sociais de 2008, en lo relativo a los servicios sociales comunitarios y a su financiación. Esta normativa permite agilizar y optimizar la financiación de estos servicios prestados por las entidades locales.
Las principales modificación relativas a la financiación son las siguientes:
- En el caso de los servicios sociales básicos, se pasa de una convocatoria anual de subvenciones a un proceso de transferencias anuales que permitirá adelantos. Estas transferencias se destinarán, principalmente, a gastos de personal, servicio de ayuda en el hogar en la modalidad de prestación básica, y gestión de otros programas no específicos.
- En el caso de los servicios de ayuda en el hogar por dependencia, el pago se realizará trimestralmente a través de la puesta en marcha de una nueva aplicación informática que permite compartir información entre Xunta y ayuntamientos. Esta pago trimestral aliviará la situación financiera de los concellos y contribuirá a mejorar la calidad en la prestación de este servicio. La cuantía se calculará en función del número de personas atendidas y de las horas mensuales de atención prestadas.
Este nuevo decreto incide, también, en un punto esencial para la prestación de los servicios públicos en general, y de los sociales en particular. Así, articula una mejor coordinación en todo el sistema gallego de servicios sociales. Para conseguir este objetivo determina la coordinación de las competencias de los concellos, de las diputaciones y de la propia Xunta. En concreto, establece que las diputaciones prestarán prioritariamente "asistencia económica, técnica e xurídica" a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes en la ejecución de sus competencias en materia de servicios sociales comunitarios básicos.
Otro punto destacado del decreto es el relativo al "profesional de referencia" que se asignará a casa persona que acceda al sistema de servicios sociales, con el fin de dar coherenecia y continuidad al itinerario de intrnevciones y garantizar el acceso a los diferentes servicios. Se trata de un profesional que se convierte en el interlocutor principal de las personas que se le asignen para garantizar la intervención.
Por último, la normativa se refiere al denominado expediente social único (del que se encargará el profesional de referencia) en el que se recopilaraán datos de identificación de la persona, su situación social, elementos empleados en la intervención, valoración de la misma, etcétera. Es decir, en el expediente se reflejarán todos los servicios prestados.
Según señalaron en el Consello de la Xunta, "a normativa concreta e moderniza a regulación dos servizos sociais comunitarios e incrementa a seguridade xurídica, ao tempo que establece un marco normativo para un financiamento máis áxil e eficaz, que favorece a continuidade e estabilidade deste financiamento".