La Fiscalía gallega anunció, recientemente, que procederá a reforzar el control en los casos de internamiento no voluntario de senior en centros especializados en la atención a personas mayores. 

Así se decidió durante la reunión celebrada por la junta de fiscales especialistas en los ámbitos de civil y minusvalía. Un encuentro que fue presidido por el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, y al que también acudieron los fiscales delegados de cada una de las provincias gallegas: Santiago Miguel Cruces, por la de Pontevedra; María Consolación Painceira, de la de A Coruña; Lucía Gil, de la provincia de Lugo; y Elena Oviedo, de la de Ourense. La reunión contó, igualmente, con la presencia del especialista en consumo de la demarcación de Pontevedra, Alejandro Truero.

Lo que se trató durante esta asamblea fue la legalización del internamiento en centros para personas en situación de dependencia de aquellos senior que no poseen capacidad de decisión, ya sea por trastorno psíquico o por causa de algún tipo de demencia. El objetivo de este debate fue, por tanto, acordar los medios adecuados para conseguir garantizar una tutela judicial efectiva en este tipo de procedimientos.

Es por ello que desde la Fiscalía gallega se insistió en la necesidad de reforzar la coordinación entre las distintas instancias implicadas en este tipo de asuntos, haciendo especial mención a la Xunta de Galicia, al Ministerio Público y a los órganos judiciales. Y es que, de este modo, según se explicó desde el organismo, se conseguirá el objetivo de “garantizar que ninguna persona mayor que carezca de conciencia y voluntad ingrese en un centro residencial sin la correspondiente autorización judicial”.