La crisis disparó la actividad del Valedor do Pobo
El número de expedientes llevados a cabo por el Valedor do Pobo se incrementó un 9% en el 2011 con respeto al año anterior. En la anualidad se emitieron 225 resoluciones, la mayor cantidad desde el origen de la defensoría
El Valedor do Pobo, Benigno López, entregó a la Presidenta del Parlamento de Galicia, Pilar Rojo, su Informe Ordinario correspondiente al año 2011 que recoge cifras históricas en cuanto al número de expedientes desarrollados, un total de 2947, que supone un incremento del 9% respeto del año pasado; y en cuanto a las resoluciones que la defensoría dirigió a las diferentes administraciones, que nunca antes habían llegado a las 225 registradas en la anualidad. El agravamiento de la coyuntura económica durante el desarrollo del ejercicio “dejó bien marcada su huella” indicó el Valedor en rueda de prensa, destacando las más de 500 quejas que guardaron relación con asuntos sociales.
Por segundo año consecutivo el Valedor do Pobo vio incrementada de forma notoria su actividad ordinaria, consiguiendo una nueva cifra récord las tramitaciones de expedientes que se situaron en los 2947, 249 más que en 2010, lo que supone un acrecentamiento del 9%. A estas cifras hay que sumar las 2129 personas que fueron asistidas por el servicio de atención a la ciudadanía en sus modalidades telefónica (728) y presencial (1401) que por primera vez se incluyen en el resumen anual.
Más carga social
Durante su comparecencia el Valedor do Pobo destacó el importante peso relativo conseguido por los casos que, por ceñirse a lo tipificado, fueron tramitados como quejas: un 94% de la totalidad de expedientes, trece puntos por encima de los registros anteriores.
Lejos de extinguirse, las circunstancias económicas que habían afectado al ejercicio durante la anterior anualidad “se agravaron en el 2012, dejando bien marcada su huella en el día a día del trabajo desarrollado por este defensor” indicó Benigno López. Como muestra, los asuntos relacionados con cuestiones sociales, con un incremento del 141% respeto al año pasado, se catapultaron hasta cifras antaño desconocidas en la defensoría, llegando a las 507 quejas, lo que lleva al área de servicios sociales a ocupar a la cabeza en la clasificación basada en el contenido de las reclamaciones. Le suceden en la misma, educación, con 475, empleo público e interior con 348, que sumadas a la primera aglutinan la mitad de las investigaciones desarrolladas por la institución.
Entre los retrocesos más relevantes registrados en el 2011 se encuentran áreas como Obras Públicas y Expropiaciones, al disminuir el 75%; Corporaciones Locales, Servicios Municipales y Protección Civil con una bajada del 35%; Sanidad, que a pesar de su relevancia en el total, desciende el 24% y Cultura y Política Lingüística que registró una bajada del 27%.
En el recuento de las quejas formuladas sobre asuntos diferentes (computando las presentadas en serie con un mismo contenido como una sola) apenas se registran variaciones en los primeros puestos, quedando por delante empleo público, con 326 quejas, seguida de servicios sociales que tramitó una queja seriada promovida por 262 personas que denunciaban recortes en políticas de cooperación y, en tercer lugar, educación.
Un total de 1370 investigaciones implicaron, por sus presuntas responsabilidades, a diferentes niveles de la administración autonómica gallega, 385 a los ayuntamientos, y poco más de tres docenas a las universidades y diputaciones. Entre las dirigidas a la Xunta destaca la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, vinculada con 296 reclamaciones, seguida de cerca por Sanidade con 291 y Traballo e Benestar, con 257.
Récord de resoluciones
El Valedor do Pobo también registró este año cifras históricas en cuanto al número de resoluciones (recordatorios de deberes legales, recomendaciones y sugerencias) emitidas: contabilizó 225, el doble que en el ejercicio precedente. El grado de aceptación fue notable y se situó en el 79%, 5 puntos más que el año pasado. “Podemos concluir que una gran mayoría de las indicaciones expresas dirigidas a las administraciones gallegas dieron lugar a la solución del problema”, se congratuló Benigno López.
Aunque el Valedor no formuló en el periodo ninguna declaración de hostilidad, en casos puntuales se vio obligado a recordar sus deberes legales a determinadas administraciones y realizar advertencias. Sucedió con mayor asiduidad en el trato con la Consellería de Sanidade, a la que fue preciso enviárselas en 17 ocasiones, o con Educación, que recibió 12. En cuanto a las alcaldías el Valedor destacó la resistencia a colaborar de los Ayuntamientos de Padrón y Vigo, con 7 advertencias.
Otro grupo de entidades destacan por la excesiva dilación en el envío de los informes. Fue el caso de la Consellería de Sanidade, seguida, dentro de la Xunta de Galicia, por Educación e Ordenación Universitaria y Traballo e Benestar así como Medio Rural, entre otras. En lo que repercute en los entes locales, se produjo esta circunstancia con el Ayuntamiento de Vigo a causa de 11 expedientes; con el de Padrón, en 9, y con el de Ourense en 6.
Aspectos sociológicos
Durante 2011 ecasi se igualaron las quejas promovidas por hombres y mujeres, con una diferencia de veinte en favor de los primeros. La mayor parte de las quejas procedieron de en medio urbano (el 88%) y sólo en 136 casos el afectado residía fuera de la comunidad.
La remisión de expedientes por medios electrónicos, correo y página web del Valedor do Pobo, ya superó el tradicional envío por correo postal, al absorber el 57% de las entradas.
Un año más, en el reparto por provincias de los reclamantes que residen en la comunidad, A Coruña, se sitúa a la cabeza con algo más del 45%. Le siguen por orden las provincias de Pontevedra, Ourense y Lugo. También fue A Coruña la provincia que más quejas registró por cada diez mil habitantes, 10,18; seguida de Pontevedra con 9,27 y Ourense y Lugo con algo más de 8 y 6, respectivamente.
En la distribución por municipios se repiten esquemas de ejercicios precedentes al proceder los reclamantes principalmente de las siete grandes ciudades, habiendo resultado los coruñeses los más activos con un total de 332 iniciativas, seguidos de los de Vigo y Santiago.
Dependencia
Este año, los retrasos derivados de la aplicación de la ley de dependencia, principalmente en casos considerados como severos y moderados destacan entre los asuntos tratados por la defensoría.
“Somos conscientes de que la aplicación de las políticas de dependencia requiere de un gigante esfuerzo presupuestario, por lo que la actual coyuntura económica pasa por ser uno de los factores clave para entender sus atrancos” explicó el Valedor quien, en detrimento del complejo entramado burocrático y competencial entre administraciones propone que “la atención a las personas afectadas sea tratada de manera mucho más dinámica, como servicio público ágil con evaluaciones periódicas y dispensación de prestaciones casi inmediata”.
Retrasos en la atención, inadecuada gestión de las listas de espera, y falta de pago de las demoras en caso de fallecimiento del dependiente resultan los conflictos más recurrentes. Como aspecto positivo, el defensor gallego destacó el más habitual otorgamento de servicios a los dependientes en lugar de las prestaciones económicas, algo que venía demandando desde hace años.
Por segundo año consecutivo el Valedor do Pobo vio incrementada de forma notoria su actividad ordinaria, consiguiendo una nueva cifra récord las tramitaciones de expedientes que se situaron en los 2947, 249 más que en 2010, lo que supone un acrecentamiento del 9%. A estas cifras hay que sumar las 2129 personas que fueron asistidas por el servicio de atención a la ciudadanía en sus modalidades telefónica (728) y presencial (1401) que por primera vez se incluyen en el resumen anual.
Más carga social
Durante su comparecencia el Valedor do Pobo destacó el importante peso relativo conseguido por los casos que, por ceñirse a lo tipificado, fueron tramitados como quejas: un 94% de la totalidad de expedientes, trece puntos por encima de los registros anteriores.
Lejos de extinguirse, las circunstancias económicas que habían afectado al ejercicio durante la anterior anualidad “se agravaron en el 2012, dejando bien marcada su huella en el día a día del trabajo desarrollado por este defensor” indicó Benigno López. Como muestra, los asuntos relacionados con cuestiones sociales, con un incremento del 141% respeto al año pasado, se catapultaron hasta cifras antaño desconocidas en la defensoría, llegando a las 507 quejas, lo que lleva al área de servicios sociales a ocupar a la cabeza en la clasificación basada en el contenido de las reclamaciones. Le suceden en la misma, educación, con 475, empleo público e interior con 348, que sumadas a la primera aglutinan la mitad de las investigaciones desarrolladas por la institución.
Entre los retrocesos más relevantes registrados en el 2011 se encuentran áreas como Obras Públicas y Expropiaciones, al disminuir el 75%; Corporaciones Locales, Servicios Municipales y Protección Civil con una bajada del 35%; Sanidad, que a pesar de su relevancia en el total, desciende el 24% y Cultura y Política Lingüística que registró una bajada del 27%.
En el recuento de las quejas formuladas sobre asuntos diferentes (computando las presentadas en serie con un mismo contenido como una sola) apenas se registran variaciones en los primeros puestos, quedando por delante empleo público, con 326 quejas, seguida de servicios sociales que tramitó una queja seriada promovida por 262 personas que denunciaban recortes en políticas de cooperación y, en tercer lugar, educación.
Un total de 1370 investigaciones implicaron, por sus presuntas responsabilidades, a diferentes niveles de la administración autonómica gallega, 385 a los ayuntamientos, y poco más de tres docenas a las universidades y diputaciones. Entre las dirigidas a la Xunta destaca la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, vinculada con 296 reclamaciones, seguida de cerca por Sanidade con 291 y Traballo e Benestar, con 257.
Récord de resoluciones
El Valedor do Pobo también registró este año cifras históricas en cuanto al número de resoluciones (recordatorios de deberes legales, recomendaciones y sugerencias) emitidas: contabilizó 225, el doble que en el ejercicio precedente. El grado de aceptación fue notable y se situó en el 79%, 5 puntos más que el año pasado. “Podemos concluir que una gran mayoría de las indicaciones expresas dirigidas a las administraciones gallegas dieron lugar a la solución del problema”, se congratuló Benigno López.
Aunque el Valedor no formuló en el periodo ninguna declaración de hostilidad, en casos puntuales se vio obligado a recordar sus deberes legales a determinadas administraciones y realizar advertencias. Sucedió con mayor asiduidad en el trato con la Consellería de Sanidade, a la que fue preciso enviárselas en 17 ocasiones, o con Educación, que recibió 12. En cuanto a las alcaldías el Valedor destacó la resistencia a colaborar de los Ayuntamientos de Padrón y Vigo, con 7 advertencias.
Otro grupo de entidades destacan por la excesiva dilación en el envío de los informes. Fue el caso de la Consellería de Sanidade, seguida, dentro de la Xunta de Galicia, por Educación e Ordenación Universitaria y Traballo e Benestar así como Medio Rural, entre otras. En lo que repercute en los entes locales, se produjo esta circunstancia con el Ayuntamiento de Vigo a causa de 11 expedientes; con el de Padrón, en 9, y con el de Ourense en 6.
Aspectos sociológicos
Durante 2011 ecasi se igualaron las quejas promovidas por hombres y mujeres, con una diferencia de veinte en favor de los primeros. La mayor parte de las quejas procedieron de en medio urbano (el 88%) y sólo en 136 casos el afectado residía fuera de la comunidad.
La remisión de expedientes por medios electrónicos, correo y página web del Valedor do Pobo, ya superó el tradicional envío por correo postal, al absorber el 57% de las entradas.
Un año más, en el reparto por provincias de los reclamantes que residen en la comunidad, A Coruña, se sitúa a la cabeza con algo más del 45%. Le siguen por orden las provincias de Pontevedra, Ourense y Lugo. También fue A Coruña la provincia que más quejas registró por cada diez mil habitantes, 10,18; seguida de Pontevedra con 9,27 y Ourense y Lugo con algo más de 8 y 6, respectivamente.
En la distribución por municipios se repiten esquemas de ejercicios precedentes al proceder los reclamantes principalmente de las siete grandes ciudades, habiendo resultado los coruñeses los más activos con un total de 332 iniciativas, seguidos de los de Vigo y Santiago.
Dependencia
Este año, los retrasos derivados de la aplicación de la ley de dependencia, principalmente en casos considerados como severos y moderados destacan entre los asuntos tratados por la defensoría.
“Somos conscientes de que la aplicación de las políticas de dependencia requiere de un gigante esfuerzo presupuestario, por lo que la actual coyuntura económica pasa por ser uno de los factores clave para entender sus atrancos” explicó el Valedor quien, en detrimento del complejo entramado burocrático y competencial entre administraciones propone que “la atención a las personas afectadas sea tratada de manera mucho más dinámica, como servicio público ágil con evaluaciones periódicas y dispensación de prestaciones casi inmediata”.
Retrasos en la atención, inadecuada gestión de las listas de espera, y falta de pago de las demoras en caso de fallecimiento del dependiente resultan los conflictos más recurrentes. Como aspecto positivo, el defensor gallego destacó el más habitual otorgamento de servicios a los dependientes en lugar de las prestaciones económicas, algo que venía demandando desde hace años.
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