La secretaria xeral técnica de la Consellería de Política Social e Igualdade, María Francisca Gómez, defendió los avances conseguidos en la atención a la dependencia y a la discapacidad. Lo hizo en la Comisión 5ª de Sanidad, Política Social y Empleo del Parlamento de Galicia, donde señaló que en lo que va de año se redujeron un 10% los tiempos de tramitación, lo que supone 38 días menos, mientras que promedio nacional subió en un 4,5%. En este sentido, señaló que aún hay margen de mejora y que el objetivo pasa por seguir agilizando el acceso a los servicios y prestaciones.

Además, Gómez destacó que la tasa de atención mejoró de manera continua. Así, esta pasó, del 95,3% en enero del 2023 al 98,8% en septiembre de 2025, siendo Galicia la segunda comunidad que más incrementó el número de dependientes atendidos, hasta superar hoy los 88.000, y a pesar de ser también la que más solicitudes recibió.

En su intervención, la responsable autonómica detalló que desde la entrada en vigor en enero del Plan de choque hasta el pasado mes de septiembre se resolvieron de manera favorable 63.425 expedientes de dependencia y de discapacidad, un 102,3% más respecto al mismo período del año anterior.

En concreto, en dependencia se registraron 20.576 nuevas personas atendidas y en discapacidad se emitieron 42.849 expedientes positivos, de los cuales mas de 10.300 fueron resueltos por homologación, evitándoles a las personas una doble valoración y reconociéndoles la discapacidad a las personas dependientes que la tenían solicitada. Al respecto, lamentó que el Gobierno central había impugnado ante el Tribunal Constitucional estas homologaciones automáticas, poniendo en riesgo los derechos de estas personas.

ATENCIÓN MÁS RÁPIDA Y EFICAZ

Gómez expuso que estos datos ponen de manifiesto que el Plan está dando resultados, ya que está permitiendo reducir las listas de espera, simplificar los trámites y garantizar una atención más rápida y eficaz, especialmente para las personas mayores de 80 años, para las que se establece una vía preferente de atención.

Además, apuntó que estos resultados fueron posibles gracias a un importante esfuerzo de gestión y de personal: se adaptaron las aplicaciones informáticas y el sistema de citas, se crearon unidades de valoración más próximas a la ciudadanía y se reforzó el plantel.

La secretaria xeral indicó que el desarrollo de este Plan requiere un importante esfuerzo económico. El presupuesto destinado a la atención directa a las personas dependientes en los primeros ocho meses del año aumentó en 52 millones de euros con respecto al mismo período de tiempo de 2024, situándose en los 700 millones de euros.

En esta línea, volvió a reclamar al Gobierno central que sufrague el 50% del coste de la dependencia al que está obligado por ley. Pero en vez de aumentar su aportación, esta disminuye cada año, pasando de financiar el 40% en el 2023 al 34% el ejercicio pasado. «Una financiación del 50% que sí comprometió con Euskadi, dejando al margen al resto de comunidades y generando, de este modo, dependientes de primera y de segunda», señalan desde el Gobierno regional.

La responsable autonómica puso en valor que Galicia fue la primera comunidad en adaptar su normativa al Real Decreto para la reforma del sistema de dependencia aprobado por el Ejecutivo central en julio de 2023, a cuatro días de las elecciones generales, y sin previo aviso y sin consenso con las Administraciones autonómicas y locales, que son las que realmente gestionan y prestan los servicios.

Gómez explicó que con esta normativa el Gobierno central incrementó las intensidades del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) -hasta un 85% en el grado I y más de un 34% en el grado III-, sin acercar fondos adicionales y sin tener en cuenta si los ayuntamientos disponían de financiación para aplicarlo, si los contratos de prestación del servicio que tienen con las entidades adjudicatarias admitían este incremento o si contaban con personal suficiente.

Al respecto, calificó de despropósito presupuestario y técnico la imposición de este Real Decreto y puso como ejemplo que si la Xunta lo hubiera aplicado literalmente, las personas dependientes en Galicia tendrían que pagar un 40% más por las mismas horas de SAF y de centro de día. Para evitar esta situación, la Xunta elaboró en tiempo récord una norma que corrigió estos desfases y que supuso un coste adicional de 80 millones de euros.