Pregunta.- A su llegada a la Valeduría, aseguró a este periódico que “la mejor manera de acercarnos a la ciudadanía es atendiendo sus peticiones con la agilidad que la ley y nuestras competencias nos permiten”. ¿Qué balance hace de estos años como Valedora do Pobo?

Respuesta.- El nivel de receptividad de las Administraciones gallegas a nuestra actividad ha sido bueno. Muchas de las necesidades que trasladamos han permeado y algunas cosas se han corregido con medidas adecuadas: atender preferentemente a las personas mayores, asegurar la atención presencial o eliminar la cita previa obligatoria; aunque también en esto se pueden seguir dando en problemas puntuales. Pero la perspectiva de las Administraciones ha cambiado en eso y en otros aspectos. La institución de la Valedora do Pobo tiene un posicionamiento claro que es la defensa de los derechos de las personas, en especial de las más expuestas o más vulnerables, entre ellas las personas mayores. En otros temas, hemos visto evoluciones en la línea que reclamamos; y se aprecian sectores necesitados de mejoras, a veces relacionados con una mayor demanda de servicios. Su volumen creciente y la concienciación de las personas mayores y del resto de la ciudadanía sobre sus derechos lleva consigo un aumento de la actividad de esta institución.

P.- ¿En qué cambiaron aquellas cuestiones que entonces más preocupaban a los gallegos? ¿Cuáles son las áreas prioritarias de trabajo o los retos que tienen en estos momentos?

R.- Las áreas sobre las que se trasladan más problemas o preocupaciones en forma de queja coinciden con los servicios públicos esenciales y con un mayor volumen de actuaciones: sanidad, educación, discapacidad, dependencia, inclusión social, vivienda, pero también otras áreas de relevancia social.

P.- Desde 2020, la defensa y protección de los derechos de las personas mayores es, si cabe, más ineludible. En la memoria de su último informe así lo recogen, resaltando el compromiso de la institución contra la discriminación por edad. ¿De dónde cree que deben partir las acciones de la Administración para romper con las conductas edadistas?

R.- En primer lugar, por la promoción de una educación elemental en derechos y por la concienciación de la sociedad en el respeto a la dignidad de las personas, sin excepción, también las mayores. Después, e igualmente importante, es necesaria una normativa clara y efectiva que defina y garantice sus derechos. Resulta llamativo que aún no exista un convenio universal que declare esos derechos, ni tampoco una ley estatal. Son las personas que hicieron posible el presente y el futuro que comparten con nosotros con su dedicación y esfuerzo, de antes y de ahora.

P.- Y como sociedad, ¿qué acciones podemos adoptar contra el edadismo?

R.- Educación, concienciación y respeto a la dignidad y los derechos; nadie carece de la dignidad inherente a la condición de persona, o la pierde, por su edad. Todas las personas mayores deben ser tratadas con el respeto y dignidad inherente a todos los seres humanos. Las personas mayores, mujeres y hombres, tienen el derecho a un envejecimiento saludable, con independencia, autonomía, autorrealización y merecedor de cuidados. Es asunto de todos apoyarlas y protegerlas y reconocerles sus derechos.

P.- La participación activa de los mayores en la sociedad, como usted ya ha comentado, es uno de los ejes esenciales para un envejecimiento saludable. ¿Qué otros componentes se abarcan en este concepto?

R.- La participación activa es un derecho que no puede verse condicionado por la edad, menos aún toda vez que hablamos de un grupo numeroso, creciente, adulto y con derechos e intereses en los que deben contar con un protagonismo decisivo. Lo afirma de forma contundente y clara nuestra Constitución: “corresponde a los poder públicos facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. La realización voluntaria de actividades que repercutan sobre el bienestar, como la ciudadanía activa, el aprendizaje a lo largo de la vida, el voluntariado social, la participación en la comunidad, en la toma de decisiones en redes sociales, y asimismo un trabajo productivo, se configuran como esenciales para un envejecimiento saludable que repercutirá positivamente en el entorno en el cual se desarrollan esas actividades, sea la familia, las amistades, una organización no gubernamental o una empresa.

P.- En aquella entrevista con entremayores, destacaba también que “en dependencia, es preciso que el sistema progrese y atienda todas las necesidades previstas en la ley”. Hoy, con un debate abierto sobre la adaptación de la Ley de Dependencia al contexto actual, ¿cree que se están dando los pasos adecuados para garantizar la adecuada atención de las personas con dependencia?

R.- La dependencia sigue creciendo en número de personas atendidas y en servicios o prestaciones. Con todo, las necesidades pendientes siguen siendo considerables, en especial por los retrasos para determinar los grados y los programas de atención y las listas de espera de algunos servicios.

P.- La Xunta de Galicia activó un plan para agilizar los trámites por dependencia. ¿Diría que se está percibiendo una mejoría en este sentido a tenor de las quejas presentadas? ¿Siguen preocupando, a los gallegos, esos retrasos en las tramitaciones?

R.- A través de actuaciones de oficio y quejas conocemos que en la actualidad se hacen más resoluciones de reconocimiento de dependencia y programas de atención que antes. Pero las esperas medias siguen siendo superiores a los seis meses que se establecen de plazo.

P.- La atención presencial a los mayores, la gestión de las valoraciones de dependencia, la brecha digital… ¿Qué otros temas preocupan a los sénior gallegos?

R.- A las personas sénior conciernen todos los problemas sociales, aunque el enfoque en su tratamiento debe siempre partir de sus circunstancias y necesidades. La soledad no deseada es un tema preocupante y debe ser motivo de profunda atención por parte de todas y todos, en especial de las administraciones. Por eso promovemos diferentes iniciativas que trasladamos a las administraciones gallegas. La Xunta ha respondido con el compromiso de abordar medidas adecuadas y recientemente aprobó la estrategia contra la soledad no deseada y su plan de acción; tendremos que estar pendientes de sus resultados.

P.- En el informe de la Valedora do Pobo, al respecto de la aplicación de contenciones en residencias y otros centros, detallan que “este es un aspecto fundamental a lo que la Valedora do Pobo presta una atención especial”. ¿Están mejorando las circunstancias generales del modelo de cuidados residencial a raíz de las recomendaciones que emitieron desde la institución?

R.- Se trata de preservar los derechos humanos, puesto que las contenciones tienen un enorme impacto en la libertad, la salud y la calidad de vida; su uso debe ser excepcional, individualizado y limitado, con revisiones cada poco tiempo. Esas exigencias no se correspondían con la realidad de una elevada proporción de sujeciones. La consellería se había comprometido a que en los centros residenciales se redujeran significativamente las contenciones; y para conocer la evolución iniciamos una actuación de oficio con la que conocimos que había comenzado la puesta en marcha del primer plan gallego de reducción y control de las medidas de sujeción y contención en residencias de personas mayores y centros sociosanitarios. Estaba ejecutándose en varias residencias públicas con la colaboración de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, y en él trabajaban personal técnico y de inspección para asegurar el cumplimiento de la normativa y las instrucciones del Ministerio Fiscal. También en este tema estaremos atentos a los resultados mediante actuaciones de oficio y posibles quejas.

P.- Y en lo que respecta a la atención en el domicilio, ¿cuáles son las cuestiones a las que hay que responder de manera prioritaria?

R.- La atención a domicilio de la dependencia es clave para posibilitar el derecho para permanecer en los entornos habituales cuando ese es el deseo de la persona, algo que sucede en la mayor parte de los casos; y se realiza por dos medios: el servicio de ayuda en el hogar y la prestación para cuidados no profesionales. El servicio de ayuda en el hogar que prestan los ayuntamientos se encuentra muy tensionado debido a la insuficiencia de las horas ofertadas y al aumento de los costes por hora. Es un sector muy feminizado y hace tiempo que venimos apreciando la necesidad de mejorar las condiciones laborales de las personas profesionales. Han aumentado el número de horas del servicio que corresponden para todos los grados, algo positivo, pero las listas de espera son comunes y afectan la muchas personas, lo que necesita corregirse progresivamente con la colaboración y acuerdo de todas las administraciones implicadas. La prestación económica para cuidados no profesionales también se ha desarrollado, en especial para los grados más bajos de dependencia, pero parece conveniente reevaluar ciertos requisitos para aumentar los potenciales destinatarios y posibilitar el derecho para permanecer en el entorno habitual cuando ese sea el deseo de las personas.