Pregunta.- 2025 fue un año marcado por un importante avance para Galicia, al aprobar y poner en marcha el Plan de agilización y simplificación de la dependencia y discapacidad, pero ahora, en 2026, esta gran apuesta de la consellería ha sido paralizada por parte del Gobierno central. ¿Cuáles son los motivos de esta decisión?

Respuesta.- El Plan de agilización y simplificación administrativa de la discapacidad y la dependencia está siendo todo un éxito, permitiéndonos en un año resolver favorablemente más de 86.000 expedientes y reducir la lista de espera en más de dos meses. Y gran parte del éxito de este plan recae, precisamente, en la aplicación de homologaciones automáticas a las personas con dependencia que solicitan la discapacidad. De hecho, de los más de 86.000 expedientes resueltos en el 2025, unos 12.600 se corresponden a esas homologaciones automáticas. Es por ello que la única explicación lógica a la suspensión del plan que está promoviendo el Gobierno central con el recurso ante el Tribunal Constitucional responde únicamente a su afán recaudatorio. Esas 12.600 homologaciones de discapacidad automática conllevan una pérdida de tributación de 114 millones de euros en un año en diferentes cargas impositivas. Es la única respuesta lógica, el Gobierno paraliza un plan que funciona porque supone perder recaudación económica.

P.- Usted denunció este trato por parte del Ejecutivo central como “desigual, injusto e inaceptable”. ¿Cómo han acogido en la Consellería de Política Social e Igualdade el intento de paralización y qué pasos darán al respecto?

R.- Es un boicot total, no a la Xunta, sino a todos los dependientes gallegos. No hay otra explicación a esta situación. ¿Cómo se explica entonces que las homologaciones que el Gobierno central quiere suspender en Galicia son las mismas que plantea incluir en la reforma de la ley a nivel estatal? La única explicación posible es boicotear un plan que está funcionando y que el Ejecutivo central quiere incluso copiar. En estos momentos, tenemos que esperar a la decisión del Tribunal Constitucional, aunque celebramos que se haya levantado la paralización y se nos permita seguir aplicando el plan hasta que haya un veredicto. Además, no podemos olvidar el trato desigual a las comunidades, firmando con el País Vasco el compromiso de aportar el 50% del coste de la dependencia, mientras que en Galicia se reduce año a año.

P.- Hablamos de una estrategia que, como nos dice, ya está dando resultados y que demuestra ser efectiva. ¿Qué efectos tendría, entonces, la paralización del plan para los dependientes gallegos?

R.- La paralización del plan, en un primer momento, supuso importantes cambios a nivel administrativo. En este sentido, tuvimos que volver a reprogramar los trámites y solicitudes. Ahora, con la decisión del Constitucional de levantar la paralización cautelar, el plan sigue su curso, aunque la amenaza sigue presente. Y esto lo único que provoca es intranquilidad e incerteza a los dependientes gallegos, que no entienden por qué se ponen obstáculos a una media que lo único que busca es reducir los trámites y agilizar los plazos.

P.- En su última entrevista con este periódico, hace un año, insistía en que “sin abordar la financiación, no es posible un avance real en el sistema de atención a la dependencia”. ¿Ha mejorado el compromiso del Ejecutivo central con Galicia en este sentido?

R.- No, es que no solo no ha mejorado, es que ha empeorado. Hace unos días conocimos la certificación definitiva correspondiente al año 2025 y, por desgracia, las cifras demuestran que el Gobierno central sigue incumpliendo la Ley de Dependencia y reduciendo su aportación económica cada año. En el año 2023, el Ejecutivo central aportó el 40% de la financiación, en el 2024 se redujo al 34% y, no conformes con ello, en el 2025 fue solo del 32%. Estos constantes y reiterados incumplimientos de la Ley de Dependencia por parte del Gobierno central están ocasionando una deuda con todos los dependientes gallegos que ya suma los 3.000 millones de euros. Claro que, si el Gobierno pagase lo que debe, se podría mejorar mucho más la atención a todos los gallegos.

P.- ¿Cuáles son las áreas en las que urgen y esperan actuaciones firmes por parte del Gobierno?

R.- Es imprescindible que el Gobierno central asuma la parte que le corresponde de la factura de la dependencia. No puede seguir incumpliendo la ley y sumando una deuda que, como decía, asciende a 3.000 millones de euros. Es necesario que el Ejecutivo central aporte el 50% de la financiación, no puede seguir sobrecargando a las autonomías y ayuntamientos. Pero no se trata solo de un agravio económico, sino que el Gobierno central se dedica a torpedear constantemente los avances impulsados por la Xunta en la atención a la dependencia. Por eso, volvemos a exigir que retire el recurso de inconstitucionalidad al plan de choque de la Xunta. El único motivo que justifica esta decisión del Ejecutivo central es puramente recaudatorio. ¿Cómo si no se explica que quieran paralizar una medida que ha permitido agilizar la tramitación de la dependencia y mejorar la atención? Pues es sencillo, las 12.600 homologaciones automáticas de discapacidad que ha concedido la Xunta en 2025, han ocasionado que el Gobierno central deje de recibir 114 millones de euros de los dependientes gallegos. Por eso, el Ejecutivo central quiere copiar estas homologaciones en la reforma de la Ley de Dependencia, pero impidiendo que tengan beneficios fiscales. Es muy claro y se resume de forma sencilla: mientras el Gobierno gallego resuelve, el Ejecutivo central recauda, retrasa y recurre.

P.- Este año arrancaba con una noticia muy esperada: el acuerdo de legislatura con la Fegamp para la financiación del Servizo de Axuda no Fogar. ¿Qué aspectos abarca este acuerdo?

R.- Estamos ante un acuerdo histórico, por el que la Xunta incrementará progresivamente su aportación a la financiación de este servicio, que gestionan los municipios. De esta forma, vamos a incrementar nuestra aportación en un 50% hasta llegar en 2028 a los 18 euros por hora. Esto supondrá, según nuestros cálculos una inyección de más de 150 millones de euros de la Xunta a este servicio en tres años. Este acuerdo es, además, una muestra del valor del diálogo, el entendimiento y la colaboración institucional frente los que prefieren el conflicto y la confrontación. Y una muestra del compromiso de la Xunta con la atención a los dependientes, especialmente a aquellos que prefieren ser cuidados en sus casas, que en Galicia son la gran mayoría.

P.- El presupuesto para 2026 en materia de dependencia supera los 844 millones de euros. ¿Cómo se traducirá este esfuerzo económico? Es decir, ¿de qué manera se va a distribuir esta cuantía?

R.- Se trata de la mayor inversión hecha nunca por el Gobierno gallego en materia de dependencia, lo que demuestra nuestro compromiso con esta cuestión y con garantizar la sostenibilidad de este sistema. Gran parte de esta inversión tendrá como objetivo seguir fortaleciendo nuestro plan de choque, agilizando los trámites y reduciendo los tiempos. Además, seguiremos dando opciones a los gallegos para que pasen esa etapa de su vida donde ellos quieran: con servicios para la atención en su domicilio, como el Bono Coidado no Fogar que ya reciben más de 38.000 personas. Y también reforzando la oferta de plazas públicas residenciales, con la dotación de residencias adaptadas al nuevo modelo de cuidados. No nos olvidamos tampoco de las iniciativas y los programas que buscan fomentar un envejecimiento activo, no en vano tenemos la esperanza de vida más larga de todo el país y tenemos que ofrecer múltiples opciones formativas y de ocio para las personas que tienen más de 65 años. Y no quiero olvidarme de las personas que sufren ELA, a las que destinamos ayudas de 12.000 euros al año para ayudarles a enfrentar esta cruel enfermedad.

P.- En este último año, la Consellería de Política Social ha dado grandes pasos en la lucha contra la soledad no deseada, un problema que sufren muchos mayores gallegos. ¿Cómo ha funcionado en sus primeros meses la central multicanal que han puesto en marcha en colaboración con Cruz Roja para enfrentarse a este fenómeno?

R.- Pues la verdad es que la respuesta está siendo muy buena. Hemos habilitado un teléfono gratuito de atención a las personas que sufren soledad no deseada. Una línea que se está consolidando como un recurso clave, de hecho, entre los meses de julio a diciembre se atendieron 2.513 llamadas. A este número, el 900 83 08 31, se puede llamar de forma gratuita de lunes a viernes de diez de la mañana a seis de la tarde y al otro lado están los técnicos de la Cruz Roja, que ofrecen información y dan apoyo a todas aquellas personas que se sientan solas, estén donde estén e independientemente de su situación personal.

P.- Por último, resulta interesante abordar otra de las apuestas de su departamento en lo que respecta a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, y es el modelo de cuidados, una propuesta basada en la coordinación entre el ámbito sanitario y el social. ¿Cuáles son los retos de la atención residencial hoy en día en nuestra comunidad autónoma?

R.- Sí, lo cierto es que desde la Xunta llevamos años trabajando para que las residencias sean todo lo que se le pide a un hogar, porque son un hogar: acogedoras, confortables y con los mejores servicios. Y este es el camino que seguimos, queremos pasar de centros asistenciales a verdaderos hogares. Por ello, en lo que va de legislatura hemos invertido 40 millones de euros en la mejora de las residencias de la red pública gallega. Con el objetivo de implantar un nuevo modelo de cuidados centrado en una mayor coordinación sociosanitaria, en el aprovechamiento de todas las oportunidades que nos brindan de las nuevas tecnologías y en el que, por encima de todo, priorizamos que sean centros más humanos y funcionales.