José Manuel Rey Varela / Conselleiro de Política Social de la Xunta de Galicia
‘El próximo año incluiremos en el sistema a 10.000 nuevos dependientes, hasta llegar a los 50.000’
El conselleiro de Política Social expone los retos previstos para la nueva cartera de la Xunta de Galicia, que sustituye a la antigua Consellería de Traballo
Pregunta.-Acaba de asumir el reto de dirigir una cartera nueva, que no existía hasta el momento. ¿Cuáles serán las prioridades de esta Consellería de Política Social?
Respuesta.-Es cierto que la Consellería de Política Social, como tal, no existía hasta el momento, pero sí que existía un área de Benestar dentro de la Consellería de Traballo que comprendía las competencias que ahora nos ocupan. Lo que ha hecho el presidente de la Xunta es una remodelación del Gobierno adaptada al nuevo contexto existente en Galicia que requiere nuevas políticas, nuevas actitudes y nuevos equipos. La crisis comienza a ser pasado para muchas personas pero todavía no es cosa pretérita para todos los gallegos. Ese grupo de personas es nuestra máxima prioridad.
Desde el 5 de octubre, día de mi toma de posesión, mi equipo y yo tenemos una misión encomendada: trasladar la bonanza económica y la proliferación de indicadores positivos en mayor bienestar para las familias. Queremos llevar el crecimiento económico a todos los hogares de Galicia que lo necesitan. Tenemos 618 millones de euros en 2016 para cubrir las necesidades de los gallegos y las gallegas. Un presupuesto que ha visto incrementada su partida para gastos sociales en 282 millones. Nuestro objetivo es transformar este monto en una revitalización demográfica, una mejor cobertura de las personas dependientes y en una mayor atención a las personas que peor lo están pasando.
P.-La Consellería de Política Social se estructura en: la Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica; la Dirección Xeral de Inclusión Social: la Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade; la Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado y, adscrita a esta Consellería, la Axencia Galega de Servizos Sociais. ¿Cómo se coordinarán las actuaciones entre estos departamentos para evitar duplicidades y racionalizar los recursos?
R.-Tenemos cuatro direcciones generales y una agencia que representan los cinco pies de una silla que soporta el peso de los tres millones de personas que habitan en Galicia. Todas ellas son igual de importantes porque todas ellas se ocupan de uno o varios colectivos específicos. Unos colectivos que han ganado presencia gracias a la nueva estructura orgánica de la Consellería. Las necesidades de cada grupo social serán ampliamente satisfechas con las políticas que emprenderemos. Nuestro campo de acción abarca a los gallegos que se encuentran entre los 0 y los 100 años. Para nosotros es tan importante un menor con problemas como un mayor dependiente. Pero la llave de nuestro sistema es que esa importancia, en ambos casos es máxima. Por ello todas nuestras direcciones generales presentan un aumento del presupuesto consignado para 2016.
P.-Supongo que la aplicación de la Ley de Dependencia será una de las líneas de trabajo prioritarias, ¿qué compromiso se marca con esta materia? ¿Considera que es buena la posición que ocupa Galicia, en el conjunto de comunidades autónomas, en el desarrollo de la norma?
R.-Cuando este Gobierno llegó a la Xunta, en 2009, había tan solo 14.000 dependientes atendidos. En 2015, y tras un gran esfuerzo por parte del Gobierno autonómico, esta cifra se incrementó hasta los 40.000 actuales (durante los últimos seis años el Gobierno de la Xunta atendió a 73.884 dependientes). Y nuestro objetivo es continuar mejorando la atención a dependientes hasta llegar a todos y cada uno de ellos. Un objetivo real si continúa la recuperación económica.
Hoy ya somos la cuarta Comunidad Autónoma en servicios para este colectivo y vamos a seguir. El próximo año incluiremos en el sistema a 10.000 nuevos dependientes hasta llegar a los 50.000.
Con todo, este Gobierno ha incrementado la ratio de atención hasta llegar a duplicarla pasando del 30% a más del 60% y se ha atendido a un 527,74% más que en la etapa del bipartito.
Cuando se habla de la “posición” que ocupa una comunidad autónoma en el desarrollo del sistema para la autonomía y atención a la dependencia se tiende a hablar del número de personas atendidas y al número de personas que todavía esperan la atención. Es cierto que desde la Administración debemos garantizar que las personas reconocidas con grado de dependencia reciban su derecho de atención y en ese aspecto trabajamos día a día para que en Galicia se atienda al 100% de los dependientes. Pero si nos fijamos en otras variables, no menos importantes, como el equilibrio entre servicios y prestaciones económicas, la integración efectiva en la red de servicios sociales básicos, el incremento interanual de personas atendidas o la disponibilidad de sistemas de información en tiempo real, Galicia ocupa los primeros puestos, un claro indicativo de que el sistema que se está desplegando garantiza los cuidados de calidad a las personas en situación de dependencia. Si queremos hablar de calidad del sistema de atención a la dependencia debemos hablar de Galicia. Actualmente, más del 75% de los dependientes atendidos lo son a través de servicios profesionales de calidad que, como es lógico, garantizan una mejor atención.
P.-¿Cree que serían necesarios ciertos cambios para mejorar esta norma? ¿Qué modificaciones realizaría a la Ley de Dependencia?
R.-En 2009 este Gobierno se encontró con 46.000 personas sin atender. Llevamos más de seis años adoptando medidas para solucionar esta calamitosa herencia. Seis años apostando por el desarrollo de un sistema integral que permita dar una respuesta adecuada a las necesidades de las personas en situación de dependencia y de sus familias: incrementamos la financiación para el sistema en un 99,21% en fondos propios, realizamos una apuesta clara por los servicios profesionales con un incremento del 98,32% en centros de atención diurna, un 25,67% en residencias para personas mayores, un 76,92% en centros de día para personas con Alzheimer y otras demencias, un 12,65% en plazas de atención a personas con discapacidad, un 50% en servicios de teleasistencia o un 113% en la financiación del servicio de ayuda en el hogar.
En este momento, las comunidades autónomas llevamos casi nueve años soportando el 75% de la financiación del sistema, una contingencia que lastra sobremanera la posibilidad de llegar a atender al 100% de las personas con derecho reconocido. Por ello, nuestra propuesta, ya trasladada al Ministerio, es la integración de todas las vías de financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en un único modelo compartido entre comunidades y Estado para garantizar al 100% el derecho subjetivo reconocido.
P.-¿Qué lugar ocupará la promoción del envejecimiento activo y la autonomía personal teniendo en cuenta el elevado número de mayores que hay en Galicia?
R.-El primero. La promoción de un envejecimiento activo es fundamental. Galicia tiene una población envejecida pero el problema no es ni mucho menos la alta esperanza de vida, sino todo lo contrario. Tenemos que erradicar la caída de la natalidad y promocionar un envejecimiento saludable, activo y reconfortante. El significativo aumento de la población mayor de 75 años hace suponer un incremento en la demanda pública de cuidados de larga duración. Nuestros mayores son las personas que han cuidado de nosotros y de nuestro país a lo largo de toda su vida. Es de recibo devolverles este gran favor con creces.
Por ello nuestra planificación es de futuro. Debemos evitar situaciones de dependencia no deseadas a través de la prevención. De este modo aprobamos una estrategia de prevención de la dependencia que guía buena parte de nuestras acciones con el objetivo de reducir la distancia entre la esperanza de vida y la esperanza de vida libre de dependencia. Y si se desenvuelve de la mejor forma fomentando el envejecimiento activo de la población y promocionando la autonomía de los mayores.
P.-Recientemente la exconselleira Beatriz Mato adelantaba la puesta en marcha de un Plan de Personas Mayores, ¿en qué punto se encuentra el documento?
R.-El nuevo Plan regional de Personas Mayores se encuentra en fase de redacción. Próximamente será consensuado con las entidades sociales y los colectivos de mayores para que no quede ni un ápice de sus necesidades por cubrir. Queremos que todas las demandas e inquietudes de los mayores estén presentes en este documento. Una vez terminada la fase de alegaciones, el texto se enviará al Consello de la Xunta donde será aprobado.
El actual plan de mayores fue concebido como un plan que abarcaba el periodo 2010-2013, con horizonte 2015. Por lo que, en este momento, estamos cubiertos en cuanto a las políticas destinadas a los mayores se refiere. No obstante, pondremos todo nuestro empeño en elaborar un nuevo plan que proteja a nuestros mayores de la mejor forma posible a lo largo y ancho de los próximos años.
P.-Galicia es la segunda región con mayor índice de envejecimiento. ¿Cómo cree que debería abordarse esta cuestión para que la demografía sea considerada una cuestión de Estado y tenga más peso en las agendas políticas?
R.-El problema demográfico en Galicia es un problema estructural. La comunidad arrastra desde hace décadas una crisis que es preciso atajar. Llevamos casi 30 años registrando saldos vegetativos negativos. Con este bagaje es casi imposible pensar en soluciones inmediatas pero desde la Xunta hemos priorizado este problema desde hace tiempo pensando en invertir la tendencia a medio plazo. La coordinación entre las instituciones es vital aquí, por lo que nuestro rango de actuación debe ir en tres direcciones: a nivel autonómico, nacional y europeo.
Una de nuestras aportaciones de mayor relevancia a nivel autonómico es el Plan de Dinamización Demográfica de Galicia que ya está ejecutado en más del 60%. También se debe destacar el Plan Estratéxico 2015-2020 que tiene como una de sus prioridades la lucha contra la crisis demográfica.
Sin embargo, nuestro campo de acción abarca todo el territorio nacional y Galicia lidera el Foro de Regiones Españolas por el Desafío Demográfico (FREDD) compuesto por Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Asturias y Aragón. Nuestro objetivo es demandar un gran Pacto de Estado para situar el problema en el centro del debate y como prioridad de país. En clave europea también actuamos a través de la reclamación ante Bruselas de que la demografía cuente para la ejecución de fondos europeos.
Pero la demografía, según creo yo, debe abordarse desde una triple vertiente que se dirija a deducciones en el IRPF, fomento de la conciliación y ayudas directas a la natalidad. Y eso es lo que hemos hecho en los presupuestos de la Xunta para 2016. Como medidas novedosas es necesario recalcar el bono guardería (ayudas para las personas que no tengan plaza en una escuela infantil de la Xunta), el bono cuidador (para el rural o zonas donde no haya guardería) y las ayudas directas de 100 euros al mes para cubrir las necesidades básicas de los niños nacidos a partir de 2016.
Con todo, somos conscientes del problema demográfico que tenemos y por ello ponemos todo nuestro empeño en subsanarlo. Galicia es la Comunidad Autónoma con más ayudas a la natalidad. Las familias no tienen que pagar la guardería de su segundo hijo si no pueden, tienen 20.500 plazas en escuelas infantiles públicas, cuentan con nuevos métodos de conciliación y con deducciones fiscales en la declaración de la renta, tienen prioridad en las ayudas al alquiler o a la adquisición de vivienda y las familias numerosas pueden beneficiarse de bonificaciones adicionales.
P.-Esta Región fue pionera en el desarrollo de un modelo de servicios sociales por carteras. ¿Qué ventajas está teniendo este sistema?
R.-Las cuatro carteras de servicios sociales –atención a la dependencia y promoción de la autonomía; atención a personas mayores y/o con discapacidad con autonomía; atención a la infancia y la familia; y servicios para la inclusión social– son un nuevo modelo de atención que hemos ido diseñando al considerar que el antiguo paradigma del clásico catálogo rígido de recursos estaba obsoleto y que era necesario un cambio que diera respuestas satisfactorias a las necesidades cambiantes de las personas.
De este modo, con una extensa consulta tanto a profesionales como a proveedores de servicios y, sobre todo, a las entidades representativas de los diferentes colectivos, se establecieron estas cuatro carteras que confieren al sistema una necesaria renovación. Así, a partir de este modelo se regula el servicio que se presta, en lugar del equipamiento desde el que se presta, lo que permite prestar más de un servicio desde un mismo equipamiento gracias a la optimización de tiempo y espacio. También se reconocen las diferentes necesidades entre discapacidades y se regula específicamente cada una de ellas, desaparece el límite de edad para el acceso a los servicios de dependencia, se fomenta la innovación con nuevas modalidades de atención en cuanto a promoción y prevención, se compatibilizan servicios a intensidades parciales, y se consolidan las tecnologías como instrumentos de apoyo en la atención a las personas.
Resumiendo, gracias al modelo de carteras, se mejora la eficiencia y la equidad de los servicios públicos al adaptarnos a las preferencias de atención de las personas. Y, por supuesto, al fomentar servicios de una mayor calidad pero menor coste total, podemos atender a un mayor número de personas.
