La Consellería de Traballo e Benestar está ultimando la elaboración de un protocolo de actuación coordinada contra el maltrato de personas mayores en general y adultas con discapacidad. La previsión del departamento autonómico es poner en marcha esta iniciativa, incluída tanto en el Plan Integral de Acción para as Persoas con Discapacidade de Galicia como en el Plan Integral de Persoas Maiores, a finales del mes de mayo.
En estos momentos, el protocolo se está elaborando en consenso con los sservicios sociales de los concellos; los servicios sociales de atención primaria de salud; el Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia; el Comité Español de Representantes de Persoas con Discapacidade (Cermi), Cruz Vermella, los Corpos e Forzas de Seguridade, la Fiscalía Superior de Galicia, y con otros departamentos de la Xunta, como el Sergas y la Secretaría Xeral de Igualdade.
Los objetivos principales de esta iniciativa, novedosa en la Comunidade Autónoma, son la prevención con la creación de nuevas herramientas de carácter preventivo, la detección de los posibles casos y la consecuente intervención y atención. La finalidad última es ordenar, consensuar y mejorar las diferentes actuaciones que se llevan a cabo para optimizar los recursos y promover un modelo especializado en esta problemática social.
Este protocolo pretende ser un instrumento de apoyo a la labor de los profesionales. Por eso, se fijarán unos criterios unificados para todos los trabajadores implicados en el proceso de detección de un maltrato.

Prevención y detección
El protocolo incluye una serie de recomendaciones para la actuación preventiva que deberá comezar en las tareas asistenciales que los profesionales de los servicios sociales de los concellos desarrollen de manera habitual.
Para la segunda fase, la de detección, el protocolo que está desarrollando la Consellería de Traballo e Benestar distinguirá entre maltrato en el ámbito domiciliario y en centros, con el objetivo de facilitar y agilizar la intervención. En ambos casos, se hará una valoración inicial que confirme la sospecha de maltrato para después estudiar si existe situación de riesgo inmediato. A partir de aquí, se planificará la atención de los diferentes profesionales. En el ámbito domiciliario se pondrá en marcha un plan de intervención personalizado con las personas víctimas del maltrato y en los centros, además de este plan, se requerirá una intervención específica con la persona que maltrata.
La distinción entre maltrato en el ámbito domiciliario y en centros se utilizará para agilizar la intervención, aunque que no será rígida, ya que se personalizará y analizará cada situación de forma individual. La valoración inicial para confirmar la sospecha de un caso de maltrato tendrá en cuenta el entorno donde se produce y las posibles situaciones de riesgo, y determinará los posibles responsables del maltrato y su rol respecto a la víctima.

Atención e intervención
Una vez que se detecta el caso, se inicia la tercera fase del protocolo: la atención e intervención en las diferentes situaciones. Las actuaciones que desarrollan los profesionales tendrán que estar dirigidas tanto cara a las víctimas de maltrato como a la persona responsable del mismo.
La valoración de la víctima contendrá un examen físico, una valoración de su estado cognitivo y emocional y una valoración social. La valoración a la persoa responsable del maltrato incluirá un análisis de las características deñ rol del cuidador, la afectación física y psicolóxica del cuidador, así como un estudio de la relación con la víctima y con los servicios sociales y sanitarios. Por último, habrá una valoración del entorno en la que se analizará la adecuación del domicilio a las necesidades del mayor y la proximidad y acceso a los recursos sociales.
A continuación, se elaborará un plan de intervención individualizado dependiendo de si la persona acepta la intervención y está capacitada legalmente para aceptarla.
En el caso de maltrato en centros, si existe riesgo inmediato, el Servizo de Inspección de la Xunta procederá a emitir un comunicado a la Fiscalía y la correspondiente denuncia al centro. También se encargará de coordinar actuaciones en colaboración con los servicios sociales de los concellos.