La Consellería de Traballo e Benestar presentó una nueva guía informativa sobre la protección jurídica y la discapacidad, que ya está la disposición de los interesados en la web del departamento autonómico. Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Acción Integral para las personas con discapacidad de Galicia 2010-2013 y se trata de la primera de estas características que se hace en España.
Así lo indicó la conselleira del ramo, Beatriz Mato, en la presentación de la misma, donde estuvo acompañada por el Fiscal Superior de Galicia, Carlos Varela.
En su intervención, Mato indicó que esta guía se concibe como una herramienta de orientación para facilitar la labor de los profesionales en el campo de la atención a las personas con discapacidad, tanto desde las instituciones públicas como desde las entidades y centros especializados. Cuenta con un marcado carácter práctico, y pretende servir de apoyo y dar respuesta a las dudas a nivel jurídico que les puedan surgir en el desarrollo de su actividad.
Con esta publicación se busca también favorecer que la actuación de los profesionales siga una pauta clara y consensuada, especialmente en aquellos trámites que afectan a los procedimientos de modificación judicial de la capacidad, responsabilidad de tutores o ingresos involuntarios en centros.
Según recordó la conselleira, “la guía es fiel al espíritu de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006, que España firmó en 2008 y que, por lo tanto, forma parte de nuestro Ordenamiento Jurídico (Ley 26/2011 del 1 de agosto de adaptación normativa a la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad)”.
En la misma, se reconoce la plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad, por lo que se sustituye el tradicional concepto de incapacitación por el de “modificación judicial de la capacidad”. Así pues, se sustituye la tutela total por la adopción de las medidas de apoyo en función de sus circunstancias de cada caso particular.
Por otro lado, Beatriz Mato se refirió al Plan de Acción Integral de la Xunta en materia de discapaciadade, elaborado con el consenso con las entidades y en las mesas del diálogo social, que contempla 305 medidas, de las que en 2011 se llevaron a cabo 218, un 71,4% del total.
Entre las medidas ya realizadas, destaca la elaboración de un estudio sobre discapacidad y género, en colaboración con la Secretaría Xeral de Igualdade; la puesta en marcha de nuevos dispositivos de teleasistencia, a través de los que se prestó asistencia a 460 personas; la publicación del decreto por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado en los centros docentes de Galicia; la formación en materia de atención normalizadora la cerca de 700 profesionales del sistema educativo.
Asimismo, también se puso en marcha, en el marco del Plan de Acción Integral de la Xunta, el programa de apoyo a los centros especiales de empleo, que contó en 2011 con más de 2.000 personas con discapacidad beneficiarias; se redujo en un 30% del tiempo medio de tramitación anual de los expedientes de valoración de la situación de dependencia.

Ley de Accesibilidad

Además, en el marco de este plan, la Xunta está trabajando en el anteproyecto de la nueva Ley de accesibilidad y supresión de barreras, que actualizará la normativa vigente y estará listo en los próximos meses. La conselleira indicó que “pretende alcanzar nuevas cuotas de bienestar general, a través de la búsqueda de una accesibilidad universal”.
Para su elaboración, la Xunta ya mantuvo una primera reunión con Cermi y próximamente se llevarán a cabo nuevas reuniones y audiencias con las principales entidades y asociaciones que representan a las personas con discapacidad para recoger sus demandas y consensuar el texto de la Ley.
La nueva Ley parte de una perspectiva plenamente integradora, que contempla la discapacidad no solo desde el punto de vista de las limitaciones funcionales de las personas, sino también desde las limitaciones que supone un entorno escasamente adaptado.
El nuevo texto legal va a tratar de seguir ahondando en la mejora continua de los derechos y la calidad de vida de las personas con discapacidad, incluyendo ámbitos no recogidos por la Ley vigente, como el acceso a los bienes y servicios de las Administraciones Públicas, las telecomunicaciones, o las nuevas tecnologías.