La Consellería de Traballo e Benestar invertirá de cara al año que viene alrededor de 3,5 millones de euros en ayudas de inclusión social en la ciudad de A Coruña, unas subvenciones que incluyen las partidas para la Renta de Integración Social de Galicia (Risga), para las Ayudas de Emergencia Social (AES), así como las ayudas a entidades que gestionan albergues y comedores.
Así lo destacó hoy la titular del departamento autonómico, Beatriz Mato, en el transcurso de una visita que realizó al Fogar Sor Eusebia, de A Coruña. Explicó que las subvenciones dirigidas a las entidades de iniciativa social en la ciudad herculina ascendieron en 2011 a más de 462.600 euros, de los que más de 30.500 se destinaron a la entidad Sor Eusebia.
“El Gobierno gallego está realizando una apuesta por la inclusión real y efectiva de las personas en riesgo de exclusión”, apunto Mato, quien recordó, en este sentido, que los presupuestos de 2012 incluyen un incremento de un 1,5% en la financiación de la inclusión social. Así, se invertirán más de 41 millones de euros para ayudar a las personas en riesgo de exclusión. La titular de Bienestar detalló que el presupuesto para la Risga en toda Galicia aumentará en un 13%, y, por lo tanto, llegará a los 25,2 millones de euros, y el destinado a las Ayudas de Emergencia Social (AES) aumentará en más de un 3%, llegando hasta los 3 millones.
Asimismo, Mato indicó que una de las partidas que también aumentarán en 2012 es la convocatoria de ayudas para el mantenimiento de albergues y comedores sociales. En 2012 tendrá un presupuesto de 2 millones de euros, un 29,3 por ciento más que en 2011.
Además de este compromiso presupuestario, la consejera de Traballo e Benestar señaló que la Xunta también modificó la Ley de Inclusión Social, un documento que fue consensuado en el seno del Diálogo Social. Entre otras novedades, la noticia normativa articula una nueva Renta de Inclusión Social de Galicia (Risga). En concreto, se establecen tres tramos distintos (personal y familiar; de inserción, y de transición al empleo) con el fin de adaptar la prestación económica a la circunstancia personal de cada usuario.
Además, la nueva Ley refuerza la vocación integradora y, por eso, potencia la coordinación con el Servicio Público de Empleo, en concreto, en el tramo de inserción. “Una de las grandes novedades es que realizaremos una diagnosis de empregabilidade de la persona que se seguirán con acciones de orientación”, matizó Mato.
Al respeto, añadió que “esta vocación integradora” se reforzará otorgando una cuantía específica a los perceptores de la Risga que accedan al tramo de inserción. Esta ayuda se sumará a la que percibirán en el tramo básico y familiar.
“Se trata, en definitiva, de una ley que actualiza la anterior normativa, que databa de 1991, y que apuesta por una política de inclusión verdaderamente integradora y que supere a la cronificación disteis casos”, explicó.
Para concluir, Mato resaltó que la nueva Ley de Inclusión se sitúa “a la vanguardia de las directrices de la Unión Europea, ya que es una normativa que contempla a los beneficiarios, no como meros perceptores de un subsidio, sino como personas capaces de superar estas situaciones a las que hay que motivar, incentivar y apoyar”.