Una nueva orden de ayudas de la Consellería de Traballo e Benestar permitirá a ayuntamientos y agrupaciones locales a contratación de unos 600 perceptores de la Renta de Inclusión Social de Galicia (Risga). La directora general de Familia e Inclusión, Amparo González, y el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, mantuvieron hoy en Ourense una reunión con los alcaldes y representantes municipales para explicarles esta iniciativa pionera en Galicia.
Los beneficiarios optarán a un contrato temporal, que durará entre 7 y 9 meses, y que será a tiempo parcial, siempre por encima del 50% de la jornada laboral, y con unas retribuciones de acuerdo a los convenios colectivos correspondientes.“El objetivo que perseguimos es muy claro: ofrecer la respuesta que precisa las personas en riesgo de exclusión y conseguir que su situación no se vuelva crónica”, destacó González.
Esta apuesta por vincular inclusión y empleo es también la finalidad “principal” de la nueva Ley de Inclusión Social de Galicia, que se aprobó en el Parlamento autonómico a finales de 2013.
Requisitos
Estas ayudas estarán dotadas con un total de tres millones de euros, lo que permitirá financiar el 100 por ciento de los costes salariales de estas contrataciones, y podrán ser solicitadas por ayuntamientos y agrupaciones locales. Los beneficiarios tendrán que cumplir los siguientes requisitos: ser perceptor de la Risga, tener una antigüedad mínima de seis meses, y estar inscritos en el Servizo Público de Emprego de Galicia. Además, van a tener preferencia los perceptores de la Risga que se hayan comprometido con un proyecto de inserción sociolaboral.
Ya en el que se refiere a la distribución territorial, la directora general señaló que se seguirán fundamentalmente dos criterios. El primero, y el “principal”, es el número de perceptores de Risga que haya en cada localidad. En función de este aspecto, los ayuntamientos podrán optar a entre 1 y 40 contrataciones como máximo.
El segundo criterio será la necesidad de un equilibrio territorial y la solidaridad con los territorios más desfavorecidos. Además, González apuntó otro factor a destacar, que es que todas las contrataciones van a estar dirigidas a la realización de obras o servicios de interés general y utilidad social.
“La puesta en marcha de esta nueva iniciativa a favor de la inclusión social vuelve a demostrar, una vez más, que este es un objetivo prioritario para este Gobierno”, destacó la responsable de Familia e Inclusión, quien indicó que esta es también una de las principales líneas de actuación fijadas por la Unión Europea en la Estrategia 2020.
Al respeto, recordó que actualmente está en marcha a Plataforma europea contra la pobreza y la exclusión social, que plantea rescatar a 20 millones de europeos de la pobreza y la exclusión social. Para conseguirlo, la Comisión Europea está estudiando una propuesta para que el 20% del Fondo Social Europeo esté dedicado a la inclusión.
Por lo tanto, tanto la estrategia europea como la gallega, comparten una “base común: la apuesta por la inclusión activa”. Esto se demuestra tanto en la Ley de Inclusión Social, como en el incremento del presupuesto de las partidas destinadas la esta materia. En concreto, la financiación dirigida a la inclusión en 2014 cuenta con 59,2 millones de euros, un 13,6% más que el año pasado. De este, sólo para la Risga están presupuestados 42,4 millones de euros, un 30% más que el presupuesto inicial de 2013.