La Consellería de Traballo e Benestar destinará este año a las entidades de iniciativa social un total de 3,7 millones de euros. La directora xeral de Familia e Inclusión, Amparo González, presentó las novedades de esta orden de ayudas que salió publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el miércoles pasado y que está dirigida a las entidades de iniciativa social que trabajan a favor de los colectivos más desfavorecidos. Por lo tanto, el plazo de inscripción para presentar las solicitudes ya está abierto.
Con respeto al presupuesto, del global de estas ayudas se destinarán a los albergues, comedores y centros de acogida de Galicia 1,5 millones de euros, la misma cifra que en 2013, garantizándose, por segundo año consecutivo, que todas estas instalaciones que tengan autorización oficial de la Xunta reciban la subvención se la solicitan y cumplen los requisitos. De este modo, estas ayudas no se concederán, al igual que en 2013, por concurrencia competitiva, sino que están garantizadas para todas las entidades autorizadas y tendrán un importe hizo por cada persona atendida, tal y como incidió González.
Esta línea de ayudas, que hoy presentó la directora general, vuelve a unificar tres órdenes (albergues y comedores, programas de inclusión de las entidades de iniciativa social y para las personas inmigrantes) en una sola convocatoria. Por lo tanto, la orden también incluye subvenciones para programas de entidades de iniciativa social, concedidas por concurrencia competitiva, y divididas en tres tipologías: programas complementarios a los servicios sociales comunitarios, programas de inclusión que apuesten por la realización de un itinerario sociolaboral y programas específicos de integración para la población inmigrante.
Esta iniciativa de unificar las tres órdenes en una sola, que se puso en marcha en 2013, se repite este año, ya que, segundo explicó González, permitió “una mayor agilidad en la tramitación de los expedientes, además de procurar la máxima eficiencia, al tiempo que se consiguió un procedimiento más claro que facilitó la estas entidades a solicitud de estos programas”.
Además, este año, y, como novedad, se adelantó en un mes a publicación en el DOG de estas ayudas, cumpliendo, de esta manera, con una demanda de estos colectivos con el propósito de facilitarles sus pagos.
La cuantía de las ayudas va a estar otra vez directamente vinculada al número de personas atendidas. Hasta 2012, las entidades justificaban su actividad presentando justificantes de gasto de los programas mientras que desde 2013, lo que justifica son los servicios.
Las entidades sociales interesadas en recibir estas ayudas contarán con el plazo de un mes para presentar sus solicitudes, que se deberán tramitar preferiblemente por vía electrónica a través del formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta. Los colectivos que reciban ayuda podrán justificar su actividad desde el pasado 1 de enero, y, por lo tanto, la financiación de la misma computará desde principio de este año y no desde la fecha de la resolución de la orden.
La directora xeral, además, destacó, por último, referido la esta orden de ayudas, que el presupuesto global, los 3,7 millones de euros, supone un incremento del 14% con respeto al ejercicio anterior.

Informe Social de Inclusión (ISI)

Por otra parte, la directora xeral de Familia e Inclusión informó sobre la próxima puesta en marcha del Informe Social de Inclusión (ISI) para la mejora de la coordinación entre los profesionales y las instituciones que participan en la prevención y en la atención de las personas en riesgo o situación de exclusión, así como en los diferentes procesos administrativos para el acceso a las diversas prestaciones y servicios en el área de la inclusión social.
Hoy se publicó en la web de la Consellería de Traballo e Benestar a orden que aprueba la aplicación de este nuevo modelo para su exposición pública. Posteriormente se publicará en el DOG para su entrada en vigor.
Esta iniciativa facilita el trabajo profesional con un triple objetivo: homogeneizar los criterios para la recopilación y la organización de la información que se refleja en el informe social; recoger la información necesaria para la gestión de los diferentes servicios y prestaciones, sirviendo a la vez de base para la comunicación y la coordinación interprofesional y interinstitucional; y, por último, garantizar que cada profesional se base nos mismos indicadores que se tienen que tener en cuenta en las diferentes intervenciones.
Segundo explicó González, lo que se pretende es facilitar un instrumento normalizado que recoja la información básica, pero suficientemente amplia para lograr una perspectiva global de la situación de las personas y de su unidad familiar y de su contorno, así como de sus necesidades.
En la elaboración de este modelo se contó con el Colegio de Trabajadores Sociales y con un grupo de trabajo constituido por los principales agentes implicados en las intervenciones del área de inclusión social, lo que posibilitó incorporar la experiencia del personal técnico que trabaja en el ámbito de los servicios sociales, en general, y de la inclusión social, en particular. Esta actuación da continuidad a puesta en marcha el año pasado de un modelo de informe social unificado para el área de dependencia, discapacidad y promoción de la autonomía personal.