Zabaleta rechaza una cartera de servicios sociales común a todas las autonomías
La consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno vasco manifestó, tras el Consejo Territorial de la Dependencia, su disposición a estudiar medidas de mejora para el SAAD pero se muestra contraria a algunas de las premisas de las que parte el Gobierno para la evaluación de la Ley de Dependencia
El Gobierno vasco rechaza cualquier recorte de derechos o prestaciones de la actual Ley de Dependencia y advierte que la crisis no se puede convertir en una excusa para recortar derechos sociales. Así lo manifestó el Ejecutivo de Vitoria en la reunión del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, celebrada ayer en Madrid, y a la que han acudido representantes de todas las comunidades autónomas y del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En este consejo, Euskadi participa a través del Gobierno vasco (Departamento de Empleo y Asuntos Sociales), que es el que tiene voto, aunque las diputaciones forales acuden con voz.
En la sesión se trataron, entre otros aspectos, la evaluación de la Ley y las medidas adoptadas por el Gobierno español de suspensión de la aplicación durante 2012 de nuevas entradas de beneficiarios al sistema, medida que no se aplicará en Euskadi por decisión de las diputaciones forales y que el Gobierno vasco "comparte y apoya plenamente".
Además, el Gobierno español ha planteado un documento donde se recoge la necesidad de alcanzar un pacto de Estado por los servicios sociales y la dependencia. El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, que dirige Gemma Zabaleta, comparte la necesidad de evaluar la Ley y muestra su disposición a estudiar medidas de mejora, pero se muestra disconforme con tres de los asuntos puestos sobre la mesa.
El primero es que "el documento presentado por el Gobierno español para el debate con las comunidades autónomas no reconoce el avance que ha supuesto la aprobación de la Ley de Dependencia y responsabiliza de los problemas en su aplicación a su diseño inicial", critican desde el Ejecutivo vasco. "La realidad es que ha habido comunidades que han hecho un esfuerzo por su aplicación y otras no, como se refleja en las diferentes evaluaciones realizadas por organismos independientes y en los propios datos del Imserso", aseguró Zabaleta, para quien esto demuestra "que debe existir también voluntad política para su aplicación". "Los costes de La Ley de Dependencia y de servicios sociales constituyen una inversión en cohesión social, en solidaridad, pero también en posibilidades de generación de empleo y de riqueza. No compartimos que la crisis se convierta en excusa para recortar derechos sociales", recalcó la consejera.
Además, el análisis que hace el documento del actual sistema de financiación del sistema de atención a la dependencia "no puede conducir a un recorte de derechos y de prestaciones", aseguran desde Lakua. Aunque el Gobierno vasco comparte que hay que reflexionar sobre este modelo de financiación, "creemos -apuntó Gemma Zabaleta- que hay que abrir el debate sobre nuevas fórmulas de financiación finalista para la dependencia y los servicios sociales, como existen en otros países europeos, pero en ningún caso seguir en la línea de los recortes".
"La aplicación de la Ley de Dependencia", añadió la titular del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, "no se puede parar como consecuencia de la coyuntura económica. Los actuales recortes en políticas sociales y de empleo que lleva a cabo el Estado sólo generan paro, pobreza y más recesión".
Finalmente, el Ejecutivo vasco rechaza la propuesta del Consejo Territorial de crear una cartera de servicios sociales común a todas las autonomías. "Nosotros defendemos el autogobierno y las competencias autonómicas, que, en el caso de los servicios sociales, se recogen en el Estatuto de Gernika y la Constitución y rechazamos cualquier afán recentralizador", resaltó Gemma Zabaleta.
Desde el Gobierno vasco se apuesta, aseguran, por el trabajo consensuado, que garantice el desarrollo de los derechos que supuso la aprobación de la Ley de Dependencia. Al mismo tiempo, el Ejecutivo foral apuesta por la puesta en marcha de nuevos modelos de atención centrados en la persona, que primen la dignidad y la autonomía de las personas y que vayan acompañados de estudios serios de coste eficiencia, "tal y como está desarrollando el Departamento con los proyectos piloto que está llevando a cabo", matizan, en referencia a la experiencia Etxean Ondo.
En la sesión se trataron, entre otros aspectos, la evaluación de la Ley y las medidas adoptadas por el Gobierno español de suspensión de la aplicación durante 2012 de nuevas entradas de beneficiarios al sistema, medida que no se aplicará en Euskadi por decisión de las diputaciones forales y que el Gobierno vasco "comparte y apoya plenamente".
Además, el Gobierno español ha planteado un documento donde se recoge la necesidad de alcanzar un pacto de Estado por los servicios sociales y la dependencia. El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, que dirige Gemma Zabaleta, comparte la necesidad de evaluar la Ley y muestra su disposición a estudiar medidas de mejora, pero se muestra disconforme con tres de los asuntos puestos sobre la mesa.
El primero es que "el documento presentado por el Gobierno español para el debate con las comunidades autónomas no reconoce el avance que ha supuesto la aprobación de la Ley de Dependencia y responsabiliza de los problemas en su aplicación a su diseño inicial", critican desde el Ejecutivo vasco. "La realidad es que ha habido comunidades que han hecho un esfuerzo por su aplicación y otras no, como se refleja en las diferentes evaluaciones realizadas por organismos independientes y en los propios datos del Imserso", aseguró Zabaleta, para quien esto demuestra "que debe existir también voluntad política para su aplicación". "Los costes de La Ley de Dependencia y de servicios sociales constituyen una inversión en cohesión social, en solidaridad, pero también en posibilidades de generación de empleo y de riqueza. No compartimos que la crisis se convierta en excusa para recortar derechos sociales", recalcó la consejera.
Además, el análisis que hace el documento del actual sistema de financiación del sistema de atención a la dependencia "no puede conducir a un recorte de derechos y de prestaciones", aseguran desde Lakua. Aunque el Gobierno vasco comparte que hay que reflexionar sobre este modelo de financiación, "creemos -apuntó Gemma Zabaleta- que hay que abrir el debate sobre nuevas fórmulas de financiación finalista para la dependencia y los servicios sociales, como existen en otros países europeos, pero en ningún caso seguir en la línea de los recortes".
"La aplicación de la Ley de Dependencia", añadió la titular del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, "no se puede parar como consecuencia de la coyuntura económica. Los actuales recortes en políticas sociales y de empleo que lleva a cabo el Estado sólo generan paro, pobreza y más recesión".
Finalmente, el Ejecutivo vasco rechaza la propuesta del Consejo Territorial de crear una cartera de servicios sociales común a todas las autonomías. "Nosotros defendemos el autogobierno y las competencias autonómicas, que, en el caso de los servicios sociales, se recogen en el Estatuto de Gernika y la Constitución y rechazamos cualquier afán recentralizador", resaltó Gemma Zabaleta.
Desde el Gobierno vasco se apuesta, aseguran, por el trabajo consensuado, que garantice el desarrollo de los derechos que supuso la aprobación de la Ley de Dependencia. Al mismo tiempo, el Ejecutivo foral apuesta por la puesta en marcha de nuevos modelos de atención centrados en la persona, que primen la dignidad y la autonomía de las personas y que vayan acompañados de estudios serios de coste eficiencia, "tal y como está desarrollando el Departamento con los proyectos piloto que está llevando a cabo", matizan, en referencia a la experiencia Etxean Ondo.
