P.- ¿Seguimos quejándonos al Ararteko de las mismas cuestiones que hace diez años o han aparecido nuevos problemas en la sociedad?

R.- Aunque, en general, no suele haber variaciones muy significativas, sí hay ciertos aspectos coyunturales que influyen. Las cuestiones que generan mayor número de reclamaciones son las relacionadas con el área de inclusión social. No obstante, hay que destacar que el área de intervención que más ha aumentado ha sido la de la salud, casi el 70% respecto al año anterior y es, además, la segunda área con más expedientes tramitados en 2024.

Los casos relacionados expresamente con los colectivos que merecen atención pública especial (personas con discapacidad, dependencia, personas inmigrantes, personas mayores…) sigue también al alza, y la suma de estos con las áreas de familia, infancia y adolescencia e igualdad e integridad de las mujeres sitúa a todas ellas entre las materias que más reclamaciones suscitan. En todo caso, los datos evidencian, un año más, el peso notable que tienen para el Ararteko los expedientes relacionados con la salvaguarda de los derechos sociales de las personas en Euskadi.

P.- Según el informe anual que acaban de publicar, y como ha comentado, las quejas sobre los servicios sanitarios son las que más aumentan, concretamente un 69,6% respecto al año anterior. ¿Cuáles son las reclamaciones que más se repiten?

R.- Las listas de espera para primeras consultas y sucesivas de especialidad, y de pruebas diagnósticas, de hecho, algunas especialidades como traumatología que registran retrasos muy importantes.

Además, la falta de pediatras y médicos de familia en algunos centros de salud es otro motivo de queja recurrente.

También la denegación de financiación de ciertos medicamentos o del reintegro de gastos por la asistencia sanitaria recibida en centros privados y el transporte no urgente en ambulancia es causa de queja por parte de las personas pacientes.

P.- ¿Por qué cree que ha aumentado tanto las quejas en este ámbito desde la Covid-19?

R.- El derecho a la integridad física y la propia vida son derechos fundamentales, y el derecho a la salud está íntimamente conectado con ellos.

El tensionamiento de los distintos niveles asistenciales que viene registrando Osakidetza durante los últimos años ha repercutido negativamente en los tiempos de espera para recibir la atención sanitaria que corresponda, y este es un factor de malestar añadido a la patología que sufre la persona paciente, máxime si la enfermedad cursa con dolor o incapacita para realizar una vida normal.

P.- ¿Cuál es el perfil de la persona que reclama al Ararteko? ¿Tienen las personas mayores una participación activa en este sentido?

R.- El análisis sociológico de las quejas presentadas en 2024 no presenta variaciones sustanciales respecto de años anteriores, tan solo un ligero aumento de las quejas y consultas planteadas por los hombres. Llama la atención que, en el colectivo de personas gitanas y otras minorías culturales, solo ha habido mujeres que han reclamado al Ararteko. Y un año más, hemos constatado la importancia de la sociedad civil organizada en algunas materias como el medio ambiente o la igualdad de mujeres y hombres.

No disponemos, sin embargo, de datos sobre la edad de las personas reclamantes, pero podemos afirmar que la mayoría de los casos con reclamaciones relacionadas con las personas mayores son presentadas por familiares. Se trata de cuestiones relacionados con la valoración del grado de dependencia, rechazo a solicitud de traslado de residencia, falta de plazas de recursos asistenciales o prestaciones económicas previstas para las personas en situación de dependencia.

P.- En relación con la dependencia, y más concretamente a las cuestiones que afectan a las personas mayores, ¿cuáles han sido las quejas más destacadas por parte de la población vasca?

R.- Los problemas en relación con las personas en situación de dependencia muestran cierta continuidad con los de años anteriores, aunque hemos de señalar que las quejas relacionadas con dilaciones en la tramitación de las valoraciones de dependencia se han reducido considerablemente. Este hecho sugiere una mejora en la gestión de estos procedimientos por parte de las diputaciones forales.

Si bien la ausencia de datos estadísticos concluyentes impide una afirmación categórica en este sentido, sí se aprecia que las medidas que se han adoptado han contribuido a una mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes, permitiendo una mejor adecuación a los plazos legalmente establecidos.

Por otro lado, siguen siendo recurrentes las quejas en las que muestran su disconformidad con la valoración del grado de dependencia. Estas reclamaciones reflejan el desacuerdo de algunas personas con los resultados obtenidos en el proceso de evaluación, lo que pone de manifiesto la necesidad de seguir trabajando en garantizar la transparencia y la claridad en los procedimientos de evaluación.

Además, persisten las quejas vinculadas a la denegación de prestaciones, ya sea por incumplimiento de los requisitos para su acceso o por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la concesión de las ayudas. También hemos tenido casos de rechazo a solicitudes de traslado de residencia, lo que genera dificultades para aquellas personas que buscan acceder a recursos más cercanos o adecuados a su entorno familiar.

A esto se suma la persistente falta de plazas en recursos asistenciales, tanto en centros residenciales como en centros de días o en viviendas comunitarias.

P.- Estamos en plena transformación de los cuidados, tanto residenciales como en el domicilio. ¿Cuáles son las cuestiones que más urgen responder en la actualidad en estas dos áreas?

R.- El Ararteko ha constatado la clara preferencia de las personas mayores en Euskadi por afrontar situaciones de dependencia en sus propios domicilios. En este sentido, los servicios sociales deben desempeñar un papel activo en la superación del aislamiento que sufren muchas personas mayores, agravado por la pandemia, adoptando medidas eficaces para facilitar la permanencia en su entorno. Esto incluye el acceso a prestaciones económicas, ayudas a domicilio, productos de apoyo, adaptación de viviendas, centros de día y ocupacionales, estancias temporales en residencias, programas de apoyo a cuidadores y servicios de promoción de la autonomía personal.

Para lograrlo, es fundamental garantizar la financiación adecuada de los servicios de cuidados, teniendo en cuenta el envejecimiento demográfico y las necesidades de las personas en situación de dependencia. No podemos olvidar la importancia de la perspectiva de género en el diseño de las políticas de cuidados, para evitar perpetuar desigualdades y discriminaciones. El cuidado de personas familiares en situación de dependencia debe ser una elección libre, crítica y corresponsable, con límites de tiempo y apoyos adecuados tanto para la persona cuidada como para la cuidadora.

En lo que respecta a la atención residencial, se reitera la necesidad de avanzar con decisión hacia un modelo centrado en la persona, donde la autodeterminación y el proyecto vital de cada individuo sean el eje central. El respeto a la dignidad, los derechos, las preferencias y la búsqueda del bienestar personal son valores fundamentales en este modelo, incluso en situaciones de deterioro cognitivo grave.

La aplicación práctica de este enfoque requiere sensibilización y formación adecuadas, la formulación de nuevos roles profesionales, la revisión de sistemas organizativos y el diseño de intervenciones coherentes con este nuevo paradigma, en muchos casos de la mano del tercer sector. Debemos insistir en la necesidad de incrementar el número de plazas en recursos residenciales para personas en situación de dependencia, dando respuesta a las demandas ciudadanas y cumpliendo con los objetivos y medidas establecidos en el Plan Estratégico de Servicios Sociales y los Mapas de Servicios Sociales territoriales.

P.- En cuanto a su relación con las Administraciones, ¿las consejerías de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, de Nerea Melgosa, y de Salud, de Alberto Martínez, suelen atender a sus recomendaciones?

R.- En términos generales, la relación es buena. Mantenemos una relación fluida con ellas, si bien es cierto que en algunos casos hay retrasos en facilitarnos la información solicitada y tenemos que insistir. Porque la ley establece que es obligatorio cooperar con el Ararteko, que si solicita una información es obligatorio dársela.

Hubo un episodio a finales de 2022 que tuvimos que denunciarlo y amenazar con utilizar el Código Penal. En ese momento, los que quedaban sin responder lo hicieron todos. Consideramos que no responder al Ararteko no es en detrimento de la institución, sino de los derechos de la ciudadanía.

En cuanto al grado de cumplimiento, hay que destacar que no siempre es necesario llegar a dictar una recomendación. En la mayoría de los casos, la Administración, con solo recibir un escrito de petición de información del Ararteko sobre una actuación concreta y comprobar que su actuación no ha sido acorde con la legalidad, rectifica sin más dilación y procura reponer el derecho conculcado a la persona reclamante.