La Diputación Foral de Bizkaia realiza casi 30.000 inspecciones en prestaciones y servicios sociales
En los ocho meses de implantación del Plan general de Inspección y Control de Servicios y Prestaciones Sociales, se confirma que sólo se producen un 1% de cobros indebidos
El diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, realizó recientemente una evaluación de los casi ocho meses que lleva en marcha el Plan General de Inspección y Control de Servicios y Prestaciones Sociales 2017-2019, uno de los compromisos de la presente legislatura recogido en la estrategia Goazen 2030.
Desde su puesta en marcha en el segundo trimestre de 2017, se ha realizado el control, inspección y seguimiento sistemático y coordinado del cumplimiento y la finalidad de un total de 28.973 prestaciones en el conjunto de los servicios sociales, con actuaciones en 3.050 centros, 2.138 hogares y 23.785 prestaciones. Rementeria subrayó que de este control exhaustivo se desprende que "los servicios sociales de Bizkaia funcionan bien" y que "el fraude es mínimo".
Resultado del proceso, se han detectado irregularidades en el cobro de prestaciones y subvenciones por valor de 1,4 millones de euros en concepto de cobros indebidos o devoluciones.
Se han detectado incidencias en 31 centros de servicios sociales y 54 incidencias en la atención y cuidados de las personas en los centros y en los hogares particulares visitados aunque en ningún caso ha habido malos tratos.
En este sentido, Unai Rementeria destacó que "este primer control exhaustivo demuestra que los servicios sociales de Bizkaia funcionan bien: el 99% del dinero público para el cuidado de las personas del territorio está bien destinado y el 1% restante se reclama y se recupera. Esto demuestra que el fraude es mínimo".
El diputado general matizó que las irregularidades detectadas en el cobro de prestaciones son cobros indebidos, fundamentalmente generados por la falta de comunicaciones por parte de las personas beneficiarias de cambios en su situación: "a priori, no hay intención de engañar", señaló.
El objetivo de este plan es cuidar y mejorar la eficacia y la calidad de los servicios sociales de Bizkaia para garantizar que todas las personas que necesiten una ayuda la tengan: "control y eficacia son las premisas que nos han guiado para garantizar un cuidado digno de las personas en nuestros centros y hogares, por un lado, y garantizar, por otro, que el dinero de las prestaciones sociales, subvenciones y convenios llega a quien realmente lo necesita". Rementería concluyó, además, que "así nos lo ha pedido la propia sociedad, y así lo está haciendo esta Diputación foral, para garantizar que todas las personas que necesiten ayuda puedan tenerla".
La actividad desarrollada el Plan General de Inspección y Control de Servicios y Prestaciones Sociales durante 2017 y los resultados obtenidos aluden a varios ámbitos.
En cuanto a Inspección, supervisión y control de centros de Servicios Sociales, esta supervisión se realizó en la totalidad de los centros autorizados en el Territorio, al objeto de verificar que cumplen la normativa reguladora para poder prestar una atención óptima y de calidad y garantizan el respeto a los derechos de las personas usuarias. Como resultado de este proceso, se han detectado 42 incidencias distribuidas en 31 centros de los 399 centros de servicios sociales autorizados.
Sobre el control de la atención y cuidados en centros, en este capítulo, se llevó a cabo el control de la atención y cuidados de un total de 2.651 personas usuarias de los centros de servicios sociales, lo que representa un 25% del total de plazas de responsabilidad pública. Estos seguimientos realizados a través de los planes de atención individualizada de las personas beneficiarias de cuidados, tienen por objeto garantizar y controlar la calidad asistencial de la atención que recibe cada persona usuaria. En este sentido, no se han detectado incidencias destacables en la atención y cuidados provistos a las personas usuarias cuya situación ha sido objeto de seguimiento.
En lo relativo al control de cuidados en el hogar, esta inspección pretende verificar que las personas en situación de dependencia y/o discapacidad reciben cuidados de calidad y no se producen situaciones de maltrato en su entorno familiar, así como evaluar la situación de las personas cuidadoras. En este sentido, se llevó a cabo un seguimiento de los cuidados recibidos en el hogar por parte de 2.138 personas beneficiarias de la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF) que representa un 15% de las perceptoras de Bizkaia.
En ningún caso se han detectado indicios de malos tratos, aunque ha habido cuatro casos que han requerido una modificación inmediata del Plan Individual de Atención (PIA) de la persona. Se han detectado además 17 casos con riesgo de claudicación de la persona cuidadora, a los que se han propuesto nuevos servicios en el PIA.
En cuanto al incumplimiento de los requisitos, se han detectado seis casos en que se había producido el traslado a otra comunidad y no lo habían comunicado, procediéndose a regularizar el traslado y extinguir la prestación; cuatro casos en los que no se acredita que siga existiendo convivencia entre la persona en situación de dependencia y la persona cuidadora y que han supuesto también la extinción de la prestación, y 23 casos de no contacto en los que se ha procedido a una suspensión cautelar de la prestación con requerimiento (en la mayoría de los casos se trata de la no comunicación de los cambios de domicilio, teléfono, etcétera).
En cuanto a la revisión de prestaciones sociales, tiene por objeto revisar el cumplimiento de los requisitos específicos de las personas beneficiarias y el uso adecuado de las prestaciones concedidas. El seguimiento abarca el conjunto de todas las prestaciones sociales de carácter económico que ofrece la Diputación Foral de Bizkaia, de pago periódico, en el ámbito de la Dependencia, la Discapacidad y la Exclusión.
El alcance de la inspección ha sido el siguiente: revisión del 100% de las prestaciones concedidas en relación a las pensiones no contributivas (PNC) y las prestaciones reconocidas para la integración de la persona con discapacidad (LISMI). Revisión del 100% de las prestaciones concedidas para la asistencia personal (PEAP). Revisión del 25% de las prestaciones concedidas por cuidados en el entorno familiar (PECEF). Revisión del 100% de las prestaciones del Fondo de Bienestar Social. Revisión del 100% de las Ayudas Especiales a la Inserción Social (AEIS).
En números, se ha realizado en total la revisión de 23.785 prestaciones sociales, lo cual supone el 100% de las prestaciones, a excepción hecha de las prestaciones en el hogar, donde el alcance ha sido -tal y como estaba planificado- del 25% de todas.
7.449 de las prestaciones revisadas han sido de discapacidad y 15.725 han sido en materia de dependencia. Del total de los 91.380.097 euros concedidos entre ambas prestaciones, la Diputación Foral de Bizkaia ha reclamado 1.401.710 euros, debido fundamentalmente a cobros indebidos o devoluciones.
En cuanto a la revisión de convenios y subvenciones, esta inspección tiene por objeto garantizar la aplicación de la financiación pública recibida al objeto del convenio, subvención o ayuda y, al mismo tiempo, garantizar la aplicación de los fondos públicos en términos de legalidad, eficacia, eficiencia y economía.
En 2017, tal y como estaba previsto, se ha efectuado la revisión de subvenciones concedidas por importe total de 24.371.012 euros.
Se han revisado subvenciones de diferente índole (nominativas y concurrencia competitiva o simple) por importe de 16,2 millones de euros. Adicionalmente, se han desarrollado Actuaciones de Apoyo a la Gestión, con informe de auditores sobre convenios y subvenciones que ascienden a 8,1 millones, donde no se han identificado cambios significativos a proponer en criterios de imputación de gastos e ingresos.
Como resultado de este proceso, se ha procedido al reintegro de un importe total de 44.847 euros en favor de la Diputación Foral de Bizkaia, lo que supone un 0,2% del importe concedido, que en algunas ocasiones tiene lugar a instancia de las propias entidades o personas beneficiarias.
El Plan General de Inspección y Control de Servicios y Prestaciones Sociales 2017-2019 alcanzó el año pasado un elevado nivel de implantación, ya que la mayoría de las actuaciones previstas se han desarrollado en su totalidad. En 2018, con la incorporación sucesiva de nuevos servicios y/o prestaciones objeto de inspección en cada bloque de actuación, su cumplimiento se prevé que sea total.
Desde su puesta en marcha en el segundo trimestre de 2017, se ha realizado el control, inspección y seguimiento sistemático y coordinado del cumplimiento y la finalidad de un total de 28.973 prestaciones en el conjunto de los servicios sociales, con actuaciones en 3.050 centros, 2.138 hogares y 23.785 prestaciones. Rementeria subrayó que de este control exhaustivo se desprende que "los servicios sociales de Bizkaia funcionan bien" y que "el fraude es mínimo".
Resultado del proceso, se han detectado irregularidades en el cobro de prestaciones y subvenciones por valor de 1,4 millones de euros en concepto de cobros indebidos o devoluciones.
Se han detectado incidencias en 31 centros de servicios sociales y 54 incidencias en la atención y cuidados de las personas en los centros y en los hogares particulares visitados aunque en ningún caso ha habido malos tratos.
En este sentido, Unai Rementeria destacó que "este primer control exhaustivo demuestra que los servicios sociales de Bizkaia funcionan bien: el 99% del dinero público para el cuidado de las personas del territorio está bien destinado y el 1% restante se reclama y se recupera. Esto demuestra que el fraude es mínimo".
El diputado general matizó que las irregularidades detectadas en el cobro de prestaciones son cobros indebidos, fundamentalmente generados por la falta de comunicaciones por parte de las personas beneficiarias de cambios en su situación: "a priori, no hay intención de engañar", señaló.
El objetivo de este plan es cuidar y mejorar la eficacia y la calidad de los servicios sociales de Bizkaia para garantizar que todas las personas que necesiten una ayuda la tengan: "control y eficacia son las premisas que nos han guiado para garantizar un cuidado digno de las personas en nuestros centros y hogares, por un lado, y garantizar, por otro, que el dinero de las prestaciones sociales, subvenciones y convenios llega a quien realmente lo necesita". Rementería concluyó, además, que "así nos lo ha pedido la propia sociedad, y así lo está haciendo esta Diputación foral, para garantizar que todas las personas que necesiten ayuda puedan tenerla".
La actividad desarrollada el Plan General de Inspección y Control de Servicios y Prestaciones Sociales durante 2017 y los resultados obtenidos aluden a varios ámbitos.
En cuanto a Inspección, supervisión y control de centros de Servicios Sociales, esta supervisión se realizó en la totalidad de los centros autorizados en el Territorio, al objeto de verificar que cumplen la normativa reguladora para poder prestar una atención óptima y de calidad y garantizan el respeto a los derechos de las personas usuarias. Como resultado de este proceso, se han detectado 42 incidencias distribuidas en 31 centros de los 399 centros de servicios sociales autorizados.
Sobre el control de la atención y cuidados en centros, en este capítulo, se llevó a cabo el control de la atención y cuidados de un total de 2.651 personas usuarias de los centros de servicios sociales, lo que representa un 25% del total de plazas de responsabilidad pública. Estos seguimientos realizados a través de los planes de atención individualizada de las personas beneficiarias de cuidados, tienen por objeto garantizar y controlar la calidad asistencial de la atención que recibe cada persona usuaria. En este sentido, no se han detectado incidencias destacables en la atención y cuidados provistos a las personas usuarias cuya situación ha sido objeto de seguimiento.
En lo relativo al control de cuidados en el hogar, esta inspección pretende verificar que las personas en situación de dependencia y/o discapacidad reciben cuidados de calidad y no se producen situaciones de maltrato en su entorno familiar, así como evaluar la situación de las personas cuidadoras. En este sentido, se llevó a cabo un seguimiento de los cuidados recibidos en el hogar por parte de 2.138 personas beneficiarias de la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF) que representa un 15% de las perceptoras de Bizkaia.
En ningún caso se han detectado indicios de malos tratos, aunque ha habido cuatro casos que han requerido una modificación inmediata del Plan Individual de Atención (PIA) de la persona. Se han detectado además 17 casos con riesgo de claudicación de la persona cuidadora, a los que se han propuesto nuevos servicios en el PIA.
En cuanto al incumplimiento de los requisitos, se han detectado seis casos en que se había producido el traslado a otra comunidad y no lo habían comunicado, procediéndose a regularizar el traslado y extinguir la prestación; cuatro casos en los que no se acredita que siga existiendo convivencia entre la persona en situación de dependencia y la persona cuidadora y que han supuesto también la extinción de la prestación, y 23 casos de no contacto en los que se ha procedido a una suspensión cautelar de la prestación con requerimiento (en la mayoría de los casos se trata de la no comunicación de los cambios de domicilio, teléfono, etcétera).
En cuanto a la revisión de prestaciones sociales, tiene por objeto revisar el cumplimiento de los requisitos específicos de las personas beneficiarias y el uso adecuado de las prestaciones concedidas. El seguimiento abarca el conjunto de todas las prestaciones sociales de carácter económico que ofrece la Diputación Foral de Bizkaia, de pago periódico, en el ámbito de la Dependencia, la Discapacidad y la Exclusión.
El alcance de la inspección ha sido el siguiente: revisión del 100% de las prestaciones concedidas en relación a las pensiones no contributivas (PNC) y las prestaciones reconocidas para la integración de la persona con discapacidad (LISMI). Revisión del 100% de las prestaciones concedidas para la asistencia personal (PEAP). Revisión del 25% de las prestaciones concedidas por cuidados en el entorno familiar (PECEF). Revisión del 100% de las prestaciones del Fondo de Bienestar Social. Revisión del 100% de las Ayudas Especiales a la Inserción Social (AEIS).
En números, se ha realizado en total la revisión de 23.785 prestaciones sociales, lo cual supone el 100% de las prestaciones, a excepción hecha de las prestaciones en el hogar, donde el alcance ha sido -tal y como estaba planificado- del 25% de todas.
7.449 de las prestaciones revisadas han sido de discapacidad y 15.725 han sido en materia de dependencia. Del total de los 91.380.097 euros concedidos entre ambas prestaciones, la Diputación Foral de Bizkaia ha reclamado 1.401.710 euros, debido fundamentalmente a cobros indebidos o devoluciones.
En cuanto a la revisión de convenios y subvenciones, esta inspección tiene por objeto garantizar la aplicación de la financiación pública recibida al objeto del convenio, subvención o ayuda y, al mismo tiempo, garantizar la aplicación de los fondos públicos en términos de legalidad, eficacia, eficiencia y economía.
En 2017, tal y como estaba previsto, se ha efectuado la revisión de subvenciones concedidas por importe total de 24.371.012 euros.
Se han revisado subvenciones de diferente índole (nominativas y concurrencia competitiva o simple) por importe de 16,2 millones de euros. Adicionalmente, se han desarrollado Actuaciones de Apoyo a la Gestión, con informe de auditores sobre convenios y subvenciones que ascienden a 8,1 millones, donde no se han identificado cambios significativos a proponer en criterios de imputación de gastos e ingresos.
Como resultado de este proceso, se ha procedido al reintegro de un importe total de 44.847 euros en favor de la Diputación Foral de Bizkaia, lo que supone un 0,2% del importe concedido, que en algunas ocasiones tiene lugar a instancia de las propias entidades o personas beneficiarias.
El Plan General de Inspección y Control de Servicios y Prestaciones Sociales 2017-2019 alcanzó el año pasado un elevado nivel de implantación, ya que la mayoría de las actuaciones previstas se han desarrollado en su totalidad. En 2018, con la incorporación sucesiva de nuevos servicios y/o prestaciones objeto de inspección en cada bloque de actuación, su cumplimiento se prevé que sea total.
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