El modelo alavés de copago en residencias públicas y concertadas está garantizando niveles elevados de accesibilidad y protección económica para las personas usuarias, además de identificar ámbitos de mejora relacionados con la Prestación Económica Vinculada al Servicio (PEVS). Esa es una de las conclusiones de un estudio que ha presentado, hoy, el diputado foral de Políticas Sociales de Álava, Gorka Urtaran, ha presentado, hoy, en las Juntas Generales de Álava. El diputado ha avanzado que trabajarán sobre varias líneas de actuación orientadas a seguir mejorando el acceso de las personas mayores dependientes a una atención residencial de calidad, en especial, con la creación de más plazas residenciales concertadas y el incremento de las cuantías de la PEVS.

La primera de estas líneas, ha comentado Urtaran, pasa por continuar fortaleciendo la red foral de plazas de responsabilidad pública. El estudio constata que el modelo residencial alavés ofrece una de las mayores coberturas de atención del entorno. Álava alcanza una cobertura del 3% de la población mayor de 65 años, por encima de Bizkaia (2,6%) y Gipuzkoa (2,8%), y mantiene un sistema que combina plazas públicas y concertadas con la PEVS.

Asimismo, el informe concluye que las personas usuarias de plazas públicas y concertadas financian únicamente el 22,3% del coste real de la plaza residencial en Álava, muy por debajo del 49,9% de Gipuzkoa y el 45,7% de Navarra, lo que evidencia el importante esfuerzo económico que realiza la institución foral alavesa para garantizar la accesibilidad del sistema.

Por otro lado, el diputado ha planteado la conveniencia de revisar al alza las cuantías de las PEVS, una vez que el estudio identifica que las personas que acceden a residencias privadas mediante esta fórmula soportan actualmente un esfuerzo económico significativamente mayor que quienes utilizan plazas públicas o concertadas.

Urtaran ha manifestado que, para seguir garantizando la libertad de elección y facilitar el acceso a los cuidados, hay que contemplar mecanismos que permitan reducir el esfuerzo económico que realizan las personas usuarias de residencias privadas financiadas mediante PEVS cuando no existe una plaza pública o concertada disponible.

Como tercer eje de trabajo, el diputado foral ha defendido la necesidad de abrir una reflexión sobre la participación económica de las personas con rentas más altas en la financiación de las plazas públicas y concertadas, con el fin de preservar su sostenibilidad futura del sistema y reforzar la capacidad pública para seguir ampliando servicios y mejorando prestaciones.