La Diputación Foral de Gipuzkoa destinará, en 2023, el presupuesto más alto de su historia a las Políticas Sociales: más de 495 millones de euros para combatir las desigualdades sociales y para seguir cuidando y protegiendo a las personas más vulnerables de la sociedad. 

La diputada foral de Políticas Sociales, Maite Peña, afirmó en las Juntas Generales que, además de ser el presupuesto más elevado de la historia, “blinda nuestra apuesta social”. Con un incremento de 37,3 millones de euros (un 8,14% más que en 2022), la diputación destinará, el próximo año, uno de cada cuatro euros a las políticas sociales, lo que supone un gasto social de 701 euros por cada habitante.

Al comienzo de su intervención, la diputada puso en perspectiva el presupuesto previsto para el año que viene con las cifras de 2016, y señaló que se ha incrementado el gasto social en más de 150 millones de euros, un 43,5% más, “un claro exponente de la vocación social de la Diputación”. Peña defendió que este incremento “sin precedentes” respalda la transición del modelo de atención y cuidados que defiende la diputación, “un modelo centrado en las personas, comunitario e innovador”. Un trabajo que aceleró el departamento de Políticas Sociales en 2020 a través de la Agenda 2020>2030, “hoja de ruta compartida y contrastada, que colocará a Gipuzkoa en la vanguardia de los cuidados”, aseguran desde la institución.

A través de las diferentes partidas que se recogen en el proyecto de presupuestos de 2023, se destinarán algo más de 181 millones, más de un tercio del presupuesto del departamento, a los cuidados de las personas mayores; casi 69 millones, a la atención de personas con discapacidad; cerca de 58 millones, a la infancia; y 41,3 millones, a la inclusión social y a la atención de mujeres víctimas de violencia machista. 

A su vez, se destinarán más de 90 millones a cubrir las prestaciones económicas, y se prevé abrir y actuar sobre 356 plazas en diferentes recursos sociales.

Siguiendo con las actuaciones más significativas, la diputada indicó que se continuará con la adecuación arquitectónica en los distintos recursos sociales, adaptando los espacios al nuevo modelo, y se continuará con el impulso de los ecosistemas locales de cuidados y el refuerzo de la atención en el propio domicilio. 

Por su parte, se procederá a la activación de los planes de inclusión social y de infancia, se extenderá el acogimiento familiar especializado, y se pondrá en marcha un sistema de evaluación de la calidad en los servicios sociales. Todo ello, recordó Peña, teniendo en cuenta y afrontando el impacto de la crisis económica y de la inflación.