La Diputación Foral de Álava creará, a lo largo de 2023, más de 400 plazas residenciales, de centro de día y centro ocupacional, de las cuales la mitad serán de residencia para personas mayores. Además, elevará las cuantías de las prestaciones de dependencia y creará una nueva modalidad. 

El diputado foral de Políticas Sociales, Emilio Sola, presentó, esta semana, en las Juntas Generales de Álava, el proyecto de presupuestos de su departamento para 2023, que se eleva a 298 millones de euros, lo que representa un aumento cercano a los 38 millones (un 14,69% más). “Se trata de un incremento superior al del presupuesto del conjunto de la diputación y el más elevado que esta institución ha destinado nunca a los servicios sociales en Álava”, destacó el diputado.

Sola puso en valor que el de el próximo año va a ser “un presupuesto extraordinario, expansivo e inversor, una apuesta sin precedentes por los servicios sociales de Álava. Serán casi 38 millones más que el año pasado, que van a servir para fortalecer los recursos y servicios que ofrecemos a la ciudadanía, y consolidar el sistema de servicios sociales de Álava, como lo que es, uno de los más desarrollados de nuestro entorno. Y, lo más importante, vamos a llegar a más personas vulnerables, con un impulso importantísimo de las prestaciones de dependencia, en volumen global de presupuesto, en cuantías y en nuevas prestaciones, así como con más recursos, y más plazas”, anunció.

En su intervención, el diputado foral desgranó las partidas destinadas a nuevos recursos y actuaciones –algunas de las cuales cuentan con financiación de los Fondos Europeos Next Generation– que se están desarrollando con diferentes grados de ejecución. En concreto, citó, entre otros, el proyecto Etxean Bai de atención en domicilio, la reforma integral de las residencias forales, los dos centros para personas con discapacidad intelectual en Arrazua-Ubarrundia y en Laudio, el nuevo centro de día para personas con trastorno del espectro autista, la Oficina de Vida Independiente, la ampliación del centro ocupacional y nuevas plazas residenciales para personas con enfermedad mental, una vivienda con apoyos para personas en exclusión social, dos nuevos centros para menores, la reforma del centro para menores Hazaldi, y el Centro de Crisis para víctimas de violencia sexual.

Asimismo, anunció nuevos proyectos incluidos en las cuentas de 2023, como la reforma integral de la residencia foral Etxebidea para personas con discapacidad intelectual severa, un segundo Centro Residencial de Media Estancia para víctimas de violencia de género, un nuevo centro de día y de acogida nocturna para personas en exclusión social, el aumento de las cuantías de prestaciones económicas por dependencia y la creación de 200 nuevas plazas residenciales para personas mayores, entre otras.

El Área de Personas Mayores del Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS) es la que cuenta con la mayor dotación: se lleva cuatro de cada diez euros que la diputación dedica a sus servicios sociales, con un incremento de 12 millones de euros (un 18,1% superior). 

El mayor esfuerzo se ha volcado en la creación de 200 nuevas plazas públicas residenciales. Para ello, se va a destinar 1,7 millones de euros más para concertar 100 nuevas plazas residenciales, y otros 5,8 millones para la puesta en marcha el próximo enero de Arabarren, que contará con otras 100 plazas residenciales, además de un centro de día y otro módulo residencial para personas con discapacidad física.        

Sola también mencionó la puesta en marcha de Agurrak, un servicio de homenajes virtuales de celebración de vida para las personas que fallecen en los centros residenciales forales. Destaca asimismo el transporte adaptado de las personas usuarias de centros de día para personas mayores y centros ocupacionales para personas con discapacidad intelectual, que cuenta con un presupuesto de tres millones de euros.

El diputado manifestó que se congelan los copagos “como medida de ayuda a las personas que optan a plaza residencial y a sus familias”. Aunque Álava está por debajo de lo que se fija en otros territorios históricos, Sola consideró que se trata de una medida de “ayuda, que se suma a las puestas en marcha para el apoyo a la economía familiar en tiempos de crisis”.

Se va a incrementar un 10% la cuantía de la Prestación Económica Vinculada al Servicio (PEVS) para contribuir al gasto que supone para las personas con dependencia el gasto derivado de su estancia permanente o temporal, en residencias privadas, viviendas comunitarias y centros de día, mientras no puedan acceder a plazas públicas a las que se les reconoce el derecho. La prestación máxima por grado III quedaría fijada en 1.133 euros mensuales. Para ello el departamento de Políticas Sociales destinará 10,7 millones de euros a las PEVS, 1,5 millones más que el año pasado.

Otra ayuda, la Prestación Económica de Asistencia Personal (PEAP), que ayuda a la contratación de asistente profesional, volverá a adecuar sus importes al Salario Mínimo Interprofesional, como lo hizo en 2021. Así, se igualará al SMI para el grado III y de forma proporcional en el resto de grados, de forma que se pasará de percibir 950 euros al mes a un máximo de 1.166,67 euros.

Además, el diputado anunció la creación de una nueva PEAP “específica para la vida independiente de las personas con discapacidad”, con un incremento muy importante de la cuantía respecto a la prestación habitual, y un importe máximo de 1.600 euros al mes.

En total, el departamento tiene previsto un gasto de casi 166 millones de euros en dependencia, diez millones más que el año pasado. De esa cifra, 25,2 millones se destinan a ayudas de dependencia.