Investigadores y académicos de varios países, junto a representantes de las instituciones y las entidades sin fin de lucro que trabajan el ámbito de la exclusión residencial en Euskadi, participarán el próximo 18 de marzo en las “I Jornadas sobre exclusión residencial en la CAPV”. Las jornadas han sido organizadas de forma conjunta por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco y los Ayuntamientos de Bilbao, Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, y se celebrarán en el Museo San Telmo de la capital donostiarra.
Los ayuntamientos de Bilbao, Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, con la colaboración del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco y las tres Diputaciones Forales de la CAPV, presentaron el pasado mes de octubre un informe conjunto sobre la situación de las personas en situación de exclusión residencial en la Comunidad Autónoma Vasca. Ese informe recoge los datos que se derivan del recuento nocturno realizado un año antes en las tres capitales, con el objetivo de cuantificar y caracterizar la población en situación de exclusión residencial extrema.
Ahora, estas mismas administraciones han organizado las I Jornadas sobre Exclusión Residencial en Euskadi para dar a conocer los principales resultados del estudio realizado y, sobre todo, para establecer un foro donde debatir la problemática de la exclusión residencial y las políticas que deben desarrollarse para su prevención y para su abordaje.
Según explican desde el Gobierno Vasco, el programa de las jornadas tratará de dar respuesta a los siguientes ocjetivos: conocer las políticas que en relación a la exclusión residencial se desarrollan en otros países de Europa, con especial atención a la situación en Escocia y a los modelos de housing first desarrollados en varias ciudades europeas; conocer los dispositivos existentes en otras ciudades del Estado español, como Madrid y Barcelona, y analizar su efectividad; reflexionar respecto a las políticas sectoriales –salud, vivienda, servicios sociales, garantía de ingresos− que se desarrollan desde la Administración autonómica en relación a este colectivo; y facilitar el debate entre los técnicos que trabajan en los servicios sociales locales y forales, así como en las entidades del Tercer Sector, en relación a los recursos y programas que se deben desarrollar para dar respuesta a las necesidades de atención social de este colectivo.