La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, hizo público, ayer, en Vitoria-Gasteiz, el Barómetro 2021 del Observatorio Vasco del Tercer Sector Social. Se trata de un documento que reúne información sobre la identidad, características, actividad, personas implicadas o recursos del Tercer Sector Social en Euskadi (TSSE). Tal y como destacó la consejera, este permite también “dar a conocer la contribución social del Observatorio Vasco del Tercer Sector y promover su reconocimiento como agente fundamental de transformación social”.

Del Barómetro 2021 se extrae que el TSSE está formado por 4.117 organizaciones: 2.341 de ellas en Bizkaia, 1.176 en Gipuzkoa y 600 en Araba. Estas cifras se traducen en una tasa de 1,88 organizaciones por cada 1.000 habitantes de Euskadi.

Las organizaciones que integran el TSSE cuentan con casi 40.000 personas empleadas y canalizan la participación social de 160.493 personas voluntarias.

Lucía Merino e Iker Fernández, del Observatorio Vasco del Tercer Sector Social, especificaron en su intervención que el 56,5% de las organizaciones cuenta con personas remuneradas en sus equipos de trabajo, mientras que el 43,5% están compuestas íntegramente por personas voluntarias. En concreto, el personal remunerado es mayoría solo en un 14,4% de las organizaciones.

Según se desprende del barómetro, en 2020 estas organizaciones gestionaron un volumen económico de 1.712 millones de euros, equivalentes al 2,4% del PIB vasco. Cabe señalar, de igual modo, que el 80% de las organizaciones del TSSE son entidades pequeñas o medianas, con ingresos inferiores a 300.000 euros. El 54,1% de sus ingresos proviene de fuentes de financiación pública, mientras que el 45,9% es de origen privado. Destacan, en este último caso, las cuotas de las personas socias o afiliadas, que suponen, de media, el 17,6% del total de ingresos de las entidades. En torno a un 46,6% de las organizaciones del sector cuenta con donantes que realizan aportaciones económicas de manera regular.

Otro aspecto de interés recogido en el Barómetro 2021 es que el 35,5% de las organizaciones del tercer sector atesora 20 años o más de trayectoria.

Las organizaciones que conforman el Tercer Sector Social en Euskadi tienen por colectivo principal, aunque no único, a personas destinatarias muy diversas, entre las que sobresalen la infancia, la adolescencia y las familias (19,7%); las personas mayores (14,76%); las personas con discapacidad y sus familias (11,9%) o las mujeres (10,7%).

Tal y como explicó Fernández, entre los servicios que proveen las organizaciones del sector destacan los de información y orientación, las actividades de ocio y tiempo libre, la intervención socioeducativa, la formación y educación, el desarrollo comunitario y la intervención psicosocial. Pero, ha señalado, la mayor parte (83,5%) de las organizaciones “compagina la provisión de servicios con otras funciones sociales, como la sensibilización y la defensa de derechos o la promoción del voluntariado, el asociacionismo y la participación social”.

En un cambiante contexto social que, en solo tres años, ha hecho frente a una pandemia mundial o a una guerra en el seno de Europa que ha precipitado el desplazamiento forzoso de millones de personas, Artolazabal subrayó que el TSSE no solo ha logrado mantener “su cualidad de sector vivo y dinámico”, sino que ha salido “fortalecido”, como también se han fortalecido “la cooperación público-social y el diálogo civil”.

La fortaleza del TSSE reside, en palabras de la consejera, en “el inquebrantable compromiso de todas las personas y organizaciones que lo integran. Organizaciones nacidas de la libre iniciativa ciudadana, que canalizan la solidaridad y la participación social de la ciudadanía en general y, de forma particular, de las personas, familias, colectivos o comunidades que afrontan situaciones de especial vulnerabilidad”.

El barómetro revela, de hecho, que el 43,3% de estas organizaciones son entidades constituidas directamente por las propias personas y/o familias destinatarias; si bien el mismo informe señala que casi un 29% de ellas cuenta con la declaración de utilidad pública, lo que supone un reconocimiento social a su labor e implica que sus fines tienden a promover el interés general y su actividad no se dirige exclusivamente a beneficiar a sus personas asociadas.

Artolazabal también expuso los principales retos que las entidades del TSSE identifican de cara a los próximos años. El más destacable de ellos es la gestión del relevo generacional, aunque existen, detalló, otros desafíos igualmente relevantes, como la sostenibilidad de las organizaciones; el fortalecimiento de la cooperación entre entidades y la generación de alianzas con la administración pública y con otros agentes sociales; la transformación digital; la innovación social o la búsqueda de respuestas eficaces a las necesidades emergentes en una cambiante realidad social.

Por su parte, Merino y Fernández también recalcaron la importancia de “seguir visibilizando los resultados de la actividad del TSSE, el valor añadido de la misma y el impacto social que genera, principalmente en términos de cohesión social, de protección de los derechos de las personas más vulnerables y de promoción de la participación”. De igual modo, las organizaciones consultadas se muestran preocupadas por las necesidades que “han eclosionado o aflorado por el impacto de la pandemia”, como las relacionadas con la brecha digital, la brecha educativa, la soledad o el aumento o agravamiento de los problemas de salud mental.