El Gobierno vasco abonará 2,4 millones a la Diputación de Vitoria por el gasto sociosanitario
El acuerdo, que se produce tras meses de negociaciones, trata de compensar al Ente foral por los gastos en asistencia sanitaria que acarrean los mayores institucionalizados
El Gobierno vasco aportará más de 2,4 millones de euros a la Diputación foral de Araba por la atención sanitaria que se preste a los mayores institucionalizados. Este acuerdo es fruto de un convenio de colaboración suscrito por el Departamento foral de Política Social y Servicios Sociales, el Gobierno y Osakidetza, y al que, después de meses de negociaciones, han dado luz verde las Juntas Generales alavesas.
El objetivo de este convenio es, por una parte, garantizar y mejorar la prestación de la asistencia sanitaria en los recursos sociales dirigidos a las personas mayores y, por otra, compensar al Departamento de Política Social y Servicios Sociales por el gasto en que éste incurra en la financiación de los dispositivos sociosanitarios. El documento establece que, a pesar de que el reparto competencial es claro (corresponde a Osakidetza la prestación de los servicios sanitarios y a la Diputación la gestión de los recursos sociales), “existe un amplio grupo de personas con necesidades sanitarias y sociales concurrentes y mantenidas en el tiempo, cuya correcta atención requiere de mecanismos de colaboración interinstitucionales ajenos a una visión de las respectivas administraciones como compartimentos estancos”.
De esta forma, las instituciones se comprometen a velar por que se promueva una adecuada coordinación y cooperación entre los profesionales de ambas redes, tanto en la prestación de la asistencia sanitaria general como en los programas específicos que se establezcan.
Viejas reclamaciones
En virtud del acuerdo, el Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno vasco destinará 1.102 euros anuales por cada usuario de una residencia de mayores o de personas con discapacidad, mientras que la cifra asciende a 11.288 euros por cada residente en un centro psicosocial, lo que, en total, supone un pago superior a los 2,4 millones de euros. Esta cifra es aplicable solamente a 2011, pero las partes esperan renovar el convenio en el futuro.
No obstante, la Diputación no recibirá, al menos de momento, ninguna compensación por el gasto sociosaniatario de 2007, 2008 y 2009 (el correspondiente a 2010 fue sufragado mediante subvención directa el pasado mes de diciembre), como reclama desde hace tiempo.
El objetivo de este convenio es, por una parte, garantizar y mejorar la prestación de la asistencia sanitaria en los recursos sociales dirigidos a las personas mayores y, por otra, compensar al Departamento de Política Social y Servicios Sociales por el gasto en que éste incurra en la financiación de los dispositivos sociosanitarios. El documento establece que, a pesar de que el reparto competencial es claro (corresponde a Osakidetza la prestación de los servicios sanitarios y a la Diputación la gestión de los recursos sociales), “existe un amplio grupo de personas con necesidades sanitarias y sociales concurrentes y mantenidas en el tiempo, cuya correcta atención requiere de mecanismos de colaboración interinstitucionales ajenos a una visión de las respectivas administraciones como compartimentos estancos”.
De esta forma, las instituciones se comprometen a velar por que se promueva una adecuada coordinación y cooperación entre los profesionales de ambas redes, tanto en la prestación de la asistencia sanitaria general como en los programas específicos que se establezcan.
Viejas reclamaciones
En virtud del acuerdo, el Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno vasco destinará 1.102 euros anuales por cada usuario de una residencia de mayores o de personas con discapacidad, mientras que la cifra asciende a 11.288 euros por cada residente en un centro psicosocial, lo que, en total, supone un pago superior a los 2,4 millones de euros. Esta cifra es aplicable solamente a 2011, pero las partes esperan renovar el convenio en el futuro.
No obstante, la Diputación no recibirá, al menos de momento, ninguna compensación por el gasto sociosaniatario de 2007, 2008 y 2009 (el correspondiente a 2010 fue sufragado mediante subvención directa el pasado mes de diciembre), como reclama desde hace tiempo.
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