La gestión de la Ley de Dependencia en Euskadi es “adecuada”, según refleja el Ararteko, Iñigo Lamarca, en su informe extraordinario “La aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en la CAPV” y que presentó a la presidenta del Parlamento Vasco, Arantza Quiroga. El defensor del pueblo realiza esa valoración tras comparar la situación en Euskadi con los retrasos y problemas detectados en otras regiones. “El análisis cuantitativo nos ofrece una fotografía positiva de la Comunidad con repecto al conjunto del Estado”, reconoce.
En realidad, tal y como explica el informe, Euskadi ya partía desde una buena posición para el desarrollo de la Ley de Dependencia porque “la mayor parte de prestaciones que contempla la normativa (teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día, servicios de atención residencial, ayudas técncas, productos de apoyo o instrumentos para el desenvolvimiento de la vida cotidiana, así como la prestación económica vinculada al servicio) ya venían siendo ofrecidas por las administraciones vascas”. Además, añade, “las diputaciones forales y algunas coporaciones municipales han favorecido la consolidación de servicios de apoyo a las familias cuidadoras, algo no contemplado en la Ley a pesar de su indiscutible utilidad e importancia”.
Sin embargo, al Ararteko advierte también  en su análisis de que en la Comunidad Autónoma Vasca “existen diversos aspectos mejorables”.

Desequilibrio territorial
En concreto, el informe señala una desigual aplicación de la Ley de Dependencia en los tres territorios históricos. “Ello genera situaciones difícilmente comprensibles para la ciudadanía y, en ocasiones, un desigual disfrute de los derechos”, asegura el documento. A juicio de Lamarca, la superación de los desequilibrios territoriales existentes “debería estar presente entre las prioridades establecidas con motivo de la aprobación por el Gobierno vasco de la normativa de desarrollo de la Ley Vasca de Servicios Sociales (que requiere del refrendo de todos los niveles institucionales y no debiera demorarse más en el tiempo) y en la agenda del recientemente creado Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales”.
Además, el informe considera preciso “favorecer la adecuada coordinación interinstitucional de las administraciones concernidas, especialmente entre el sistema social y el sanitario”.
En cuanto al procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y de la adjudicación de prestaciones, el documento asegura que “se han reducido sustancialmente los plazos”, pero  reconoce que “se hace preciso integrar en un sólo procedimiento administrativo las tres fases del proceso actual” debido a que “a menudo se traducen en la superposición de varios procedimientos”.
Por otra parte, para el Ararteko “resulta imprescindible posibilitar la compatibilidad entre los servicios y las prestaciones económicas, así como entre los distintos servicios, para garantizar una atención adecuada”.

Cobertura
Finalmente, el informe emitido por la Defensoría del Pueblo critica los tiempos de espera para acceder a determinados servicios debido a una insuficiencia en las plazas ofertadas. A este respecto, el documento insta a las entidades competentes a ir adecuando las tasas de cobertura de las prestaciones a las de la población dependiente en la Comunidad.