De cara a 2030, Álava necesitará reforzar el servicio de ayuda a domicilio (SAD), los centros de día y diferentes prestaciones económicas que contribuyen a mantener a las personas con dependencia en su hogar. El diputado foral de Políticas Sociales, Gorka Urtaran, ha concretado que las estimaciones apuntan a la necesidad de contar en los próximo cinco años con más un millar de asistentes personales más que posibiliten prestar cuidados en el domicilio.

Además de estos cuidados en el domicilio, Urtaran habló también de la necesidad otras 1.000 prestaciones económicas de asistencia personal (PEAP), y de una cifra similar para la prestación económica para cuidados en el entorno familiar (Pecef), destinada a contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la atención a cargo de personas cuidadoras no profesionales, en su mayor parte, familiares.

Son algunas de las conclusiones del diagnóstico previo que evalúa lo avanzado en el I Mapa de Servicios Sociales de Álava y determina las prioridades para seguir adecuando los recursos, servicios y prestaciones a las necesidades en el territorio. Presentado ayer por Urtaran en la Comisión de Bienestar Social de las Juntas Generales de Álava, este diagnóstico es un paso necesario antes de la elaboración del segundo mapa territorial.

Para ello, se han analizado las necesidades sociales del territorio, teniendo en cuenta las perspectivas de evolución demográfica y las situaciones de dependencia, desprotección y exclusión social de Álava, así como la proyección de objetivos a alcanzar en los recursos sociales hasta el año 2030. El diagnóstico hace hincapié en la necesidad la de “invertir la pirámide de atención” y poner “un especial énfasis en desarrollar los servicios comunitarios a domicilio frente a la actual dinámica, más centrada en la creación de recursos residenciales”.

Para ajustarse a la propuesta de cobertura, el diagnóstico también prevé la creación de alrededor de 350 plazas de centro de día para personas mayores con dependencia. Todo ello sin desdeñar el desarrollo de diferentes recursos residenciales, como pueden ser, en su mayoría, los destinados a personas en situación de exclusión social, a mujeres víctimas de violencia machista y a menores en desprotección, estos últimos, en especial en el ámbito rural.