Lares refleja en un mapa la situación que viven las residencias de mayores del tercer sector

Interpretación del mapa
Para llevar a cabo este mapa, la entidad recopiló información de todas las asociaciones de la federación, es decir, con representación de 17 comunidades autónomas. Los centros Lares en Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Islas Baleares, Murcia y Valencia soportan niveles de deuda críticos que alcanzan los nueve millones en Andalucía y 15,5 en Comunidad Valenciana. demás, los retrasos en los pagos superan los 12 meses en esta región, y en Castilla-La Mancha.
En Baleares, por ejemplo, una residencia que tiene concertadas 30 de sus plazas, soporta una deuda de 340.000 euros, correspondientes a los servicios prestados en 2011, hasta septiembre de 2012.
Por otro lado, los precios que las administraciones autonómicas pagan a los centros por atender a los mayores dependientes en plazas concertadas bajan. Cantabria y Madrid han visto descender los importes en un 5% este año, y Andalucía está a punto de ver descender su factura hasta un 12%. Extremadura y Castilla y León, sin embargo, perciben el mismo importe desde el año 2009. “Bajan los importes que los centros reciben, pero no las exigencias: los centros Lares deben mantener intactas sus carteras de servicios y las ratios de personal que las administraciones regionales han determinado como idóneos”, según desvelan en el informe de la federación.
Otra de las fórmulas utilizadas por las administraciones para llevar a cabo los recortes de forma menos evidente es no ocupar las plazas que tienen concertadas. En algunos casos, como el andaluz, pagan durante algunos meses el importe pactado en concepto de reserva de plaza sin que nadie la utilice. En Aragón, por ejemplo, los mayores son trasladados de los centros Lares para ocupar plazas en centros públicos sin tener en cuenta el desarraigo familiar ni social.
También destacan que “no existe evaluación de los usuarios, que avanzan naturalmente hacia mayores niveles de dependencia y cuyas necesidades de atención deben ser asumidas por el centro”.
En otro punto, el informe destaca que “las residencias mercantiles reciben en ocasiones un precio/día más alto que las residencias del tercer sector, desatendiendo la recomendación recogida explícitamente en la Ley de Dependencia sobre la atención preferente a las empresas de economía social”.
Concluye el documento señalando que: “Valoraciones a la baja de los niveles de dependencia generando un descuadre deficitario entre la dependencia reconocida y la atención requerida, que recae en los centros y la no reevaluación de los usuarios son otras de las situación que viven actualmente los centros Lares de toda España”.