El presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte), Alberto Giménez, afirmó tras una reunión con operadores del sector y agentes sociales que las empresas sociosanitarias pueden crear puestos de trabajo y reactivar sectores como el alimentario, las ayudas técnicas o las infraestructuras si hay voluntad de las partes implicadas por apostar “decididamente” por la atención profesional de los dependientes y por imponer una política de moderación salarial revisable.
Giménez explicó que para seguir avanzando en la mejora de la competitividad y garantizar el derecho adquirido por las personas en situación de dependencia es imprescindible continuar con el proceso de moderación salarial, así como que las Administraciones acaten la Ley y aboguen por la atención en recursos y/o servicios profesionales.
En este sentido, el presidente de Aerte recordó que los costes laborales han mantenido su línea ascendente y empiezan a entrar en el debate con dos años de retraso a la crisis económica, si bien, “es importante que todos hagamos un esfuerzo para afrontar este periodo con las mejores opciones de sostenibilidad.”
Por ello, Alberto Giménez avanzó que la patronal autonómica de la dependencia ha elaborado un plan de choque con “medidas económicas concretas y de actuación inmediata” ante la actual situación de crisis en la que se ha sumido el sector. Este plan de actuación, consensuado con los representantes empresariales estatales de la Dependencia, se ha fundamentado en una serie de estudios económicos independientes que demuestran que la Administración “obtendría beneficios directos e indirectos mediante la correcta aplicación de la Ley de  Dependencia”.
De hecho, los informes avalan las tesis defendidas por Aerte que explican que una persona en situación de dependencia atendida en un recurso profesional “genera menos gastos sanitario que en caso de recibir esta atención en su domicilio.”
Alberto Giménez destacó que los diferentes estudios realizados permiten trasladar a los gobernantes, agentes sociales y operadores del sector un paquete de medidas “de aplicación inmediata” y orientadas a la creación de empleo e impulso económico, basadas en la apuesta por la Prestación Económica Vinculada a Servicio (PEVS). Así, Giménez señaló que las líneas maestras se centran en la coordinación sociosanitaria, recorte del gasto sanitario e implantación general del IVA Superreducido en el sector.
Éstas medidas, en palabras del presidente de la patronal, pretenden revitalizar a un sector económico que genera empleo, retornos económicos y, sobre todo, que cubre un servicio de primera necesidad para la población española; la atención a las personas en situación de dependencia, pero que ha entrado en recesión como consecuencia de la crisis en los mercados internacionales y la incorrecta aplicación de la Ley vigente por parte del Ejecutivo central y los gobiernos autonómicos.
 
Coordinación sociosanitaria
El portavoz de Aerte explicó que, para garantizar la atención de los dependientes en el sistema actual, es necesaria una apuesta “decidida” por la coordinación sociosanitaria, esto es, la cooperación entre las áreas de gestión sanitaria y de bienestar social de la Administración, tal y como establece la Ley de la Dependencia.
Giménez indicó que el articulado de la norma vigente hace referencias, además de al catálogo de servicios, a la implantación de una política de actuación basada en la prevención y en la coordinación sociosanitaria, como medio para establecer “un modelo de atención centrado en las necesidades de las personas en situación de dependencia”.
En este sentido, el portavoz de Aerte ha abogado porque ministerio y comunidades autónomas trabajen para que exista una coordinación “estrecha”, e incluso la unificación, de las carteras de sanidad y bienestar social. El objetivo de esta política es “reducir el número de incidencias sanitarias” como consecuencia de una adecuada cobertura asistencial y, de este modo, hacer “sostenible” el sistema de política social vigente, que se calcula que supondrá un coste de 120.000 millones de euros en 2012.
El principal problema es que el desarrollo de ésta política es “prácticamente inexistente” a fecha de hoy, según la patronal valenciana, lo que “agrava” la laxitud en la aplicación y gestión del catálogo de servicios por parte de las administraciones autonómicas y la estatal. En opinión de Alberto Giménez, ésta política “no es una apuesta subjetiva sino que viene precedida de resultados muy positivos en otros países”, caso de Canadá, donde se ha llegado a reducir un 20% el impacto económico de las políticas sociales en el presupuesto estatal con modelos de colaboración similares al planteado.
 
Recorte del gasto sanitario
Del mismo modo, Giménez reveló que la política social basada en el otorgamiento de servicios profesionales tiene un claro efecto de ahorro de costes sobre el presupuesto de la Generalitat Valenciana por la vía del gasto sanitario, especialmente si se combina con el uso de los centros residenciales para reducir el número de camas ocupadas en hospitales de media y larga estancia, lo que permitiría que los retornos generados por ahorro de costes sanitarios para la Administración Autonómica ascendiese a más de 17 millones de euros.
El presidente de Aerte explicó que estas medidas tendrían efecto positivo en cuanto al incremento en la recaudación fiscal y el ahorro de costes. Y, como ejemplo, ha recordado que se incrementará la recaudación neta por IRPF como consecuencia de la generación de empleo, así como la recaudación neta por ISS como consecuencia de la mayor actividad empresarial.
Además, Alberto Giménez advirtió que también hay que considerar la recaudación de la Seguridad Social como consecuencia de las cotizaciones de los trabajadores empleados en atender a las personas dependientes en las residencias. Y, por tanto, también es cuantificable el ahorro en las prestaciones por desempleo como consecuencia de la generación directa y neta de empleo para atender las nuevas plazas.