“Tras 14 años de la creación de la Ley de la Dependencia, es el momento adecuado para revisar por completo el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia”. Así de contundente se mostraron en la la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste), después del acuerdo alcanzado en la Mesa del Diálogo Social entre los sindicatos, el Gobierno y las empresas del sector.

En Aeste creen que los objetivos fundamentales deben ser “la reducción sustancial de las listas de espera y de los tiempos de tramitación de solicitudes”, así como la “introducción de mejoras en los servicios y prestaciones que garanticen la atención adecuada a las personas mayores”. En línea con el acuerdo lanzado esta semana, en la patronal de residencias aseguran que hay que  “mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras del sector y desarrollar modelos profesionalizados que mejoren la calidad de la asistencia”.

En palabras de Jesús Cubero, secretario general de Aeste, “el proceso de diálogo y negociación comenzó el 20 de julio del pasado año, cuando las empresas y los sindicatos acordamos un documento de trabajo que marcaba la ruta que debíamos seguir como sociedad”. El documento fue recogido por el Secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, quien convocó de forma inmediata y oficial la Mesa del Diálogo Social para llevar a cabo la profunda revisión del sistema de atención a los mayores.

Según Cubero, “hemos hecho lo que tocaba ahora: sentarnos a hablar y fijar las bases de trabajo para que, en el primer semestre de 2021, seamos capaces de evaluar las mejoras necesarias del sistema, y planificar las mejoras necesarias para que los servicios y prestaciones que reciben nuestros ciudadanos se adecúen a sus necesidades reales, tanto sociales como sanitarias”. Este acuerdo entre empresas, trabajadores y Administraciones es, añade Cubero, “un ejemplo del trabajo que debería desarrollarse en todos y cada uno de los sectores de la sociedad española. Nos hace falta más diálogo, y una clara voluntad de resolver los problemas de los ciudadanos”.

“Las figuras que han venido utilizándose hasta ahora para dar cobertura a situaciones transitorias irán dejando paso a estructuras más profesionalizadas, con certificados de calidad que ofrecen la garantía y atención que necesitan las personas dependientes”, señalan desde Aeste. En 2021 se revisará y se regulará en consecuencia la figura del asistente personal. Asimismo, se abre un espacio de diálogo para revisar el acuerdo de acreditación de centros en España, avanzando hacia la uniformidad de derechos en lo que a atención a las personas mayores se refiere.

Otro gran avance plasmado en este plan, según Aeste, es que a finales de 2022 todas las personas en situación de dependencia que vivan en su domicilio tendrán garantizado el derecho al servicio de teleasistencia, como una forma de promocionar la autonomía personal de dichas personas.

Con los fondos europeos y el desarrollo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se mejorará la formación de las profesionales del sector. En este sentido, el secretario general de Aeste subraya que “debemos optar por la implantación de modelos eficientes donde los ciudadanos puedan escoger libremente los centros como parte de esa atención centrada en la persona”.

Actualmente, y según los datos de la Comisión Servicios Sociales de la CEOE en 2018, en España el sector de atención a la dependencia supone el 0,50% del PIB, con un volumen económico del sector de 6.065 millones de euros (4.500 millones de residencias, 137 millones en teleasistencia y 1.428 millones en ayuda a domicilio). En este sector trabajan 250.000 personas, en su mayoría mujeres y con una estabilidad laboral indefinida superior al 70%.

En el subsector de las residencias, en la península hay 5.640 centros operativos con un total de 381.340 plazas. De este número de plazas, el 74,8% (285.441 plazas) son privadas, el 8,9% (34.100 plazas) son públicas de gestión privada, y el 17,7% (61.799 plazas) son públicas.

En los otros dos subsectores, en España hay 1,4 millones de personas que reciben servicios de teleasistencia (933.600 personas) y ayuda a domicilio (488.700 personas). En el caso de teleasistencia, el 93,5% es teleasistencia pública; y en el caso de la ayuda a domicilio, la cifra de los servicios públicos asciende al 89%.