El presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte), Alberto Giménez, ha reconocido la voluntad del actual equipo del Consell por fomentar una atención profesional y de calidad para los ciudadanos, si bien, ha recordado que a fecha 1 de junio de 2011 hay un total de 17.866 ciudadanos con Grado III y II de dependencia que no están siendo atendidas en la Comunidad Valenciana cuando existen cerca de 4.000 plazas vacías en los centros. La atención a estas personas generaría más de 2000 puestos de trabajo.
Alberto Giménez realizó estas declaraciones tras su reunión con el conseller de Bienestar Social al que ha avanzado las líneas maestras del paquete de medidas económicas y de gestión con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema socio-asistencial de atención a personas en situación de dependencia. Unas medidas que, a juicio del presidente de la patronal, permitirá reducir el impacto sobre las cuentas públicas de la política social gracias a los retornos económicos que generaría la consolidación de la atención profesional, tal y como se defienden en el enunciado de la Ley vigente.
El presidente de Aerte ha insistido en la necesidad de remodelar la gestión sanitaria y de los servicios socio-sanitarios desde el sector público con el fin de obtener importantes e inmediatos ahorros en el gasto total, sin afectar por ello a la calidad y cantidad de servicios que recibe el ciudadano. Para ello, la patronal ha defendido ante el nuevo Conseller la ocupación de las cerca de 4.000 plazas vacías en la red, ya que implica la mayor calidad en el servicio recibido por el dependiente al tiempo que la generación de empleo y riqueza no deslocalizables.
Además, desde el empresariado se asegura que la Administración debe promover la creación de plazas para los recursos y zonas en donde se aprecien “déficits considerables”, por lo que resulta necesaria la realización del Mapa de Infraestructuras y Recursos Socio-sanitarios de la Comunidad Valenciana.
Paralelamente, Giménez ha abogado porque la expedición de medicamentos se realice directamente en las residencias sin la utilización de los servicios de oficinas de farmacia, dado que supone un ahorro estimado del 15% en el coste total de dicho gasto entre los residentes.
 
Ocupación y ahorro
Y es que, según Alberto Giménez, la coordinación sociosanitaria es uno de los elementos clave en el medio plazo para conseguir más eficiencia en el sistema, pues supone abordar de una vez una serie de asuntos altamente generadores de gasto público y pendientes de resolución durante largo tiempo. Cuestión que ha asociado al Plan Director Socio-sanitario de la Comunidad Valenciana, imprescindible para crear mecanismos estables de comunicación y colaboración entre los diferentes  departamentos  de la Administración implicados, las distintas Administraciones entre sí y los operadores.
Con estas medidas, y otras que figuran en el documento presentado a los responsables del Gobierno, se fomentaría la racionalización y ahorro de costes en la atención socio-sanitaria que, por ejemplo, para las cuestiones relacionadas con enfermos crónicos, convalecientes o necesitados de actividades rehabilitadores se estima en más del 75% del coste de una cama en un hospital de agudos, por lo que esta forma de actuar se convierte en “imprescindible” para asegurar la racionalidad y eficiencia del sistema sanitario y socio-sanitario.