El presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte), Alberto Giménez, ha advertido que la patronal del sector no aceptará la presión de los colegios farmacéuticos para imponer que los servicios farmacéuticos de los centros privados dependan exclusivamente de las oficias de farmacia elegidas por el ente colegial, y se limite así la libertad de elección y el acceso a un puesto de trabajo a cerca de 200 farmacéuticos.
Giménez se ha mostrado indignado por la actitud de éstos colegios profesionales que han decidido beneficiar a oficinas de farmacia frente a farmacéuticos sin trabajo, para mantener un “mercado cautivo”, como es el de la atención residencial no pública.
En este sentido, el presidente de la patronal autonómica de la dependencia ha insistido en que, el Decreto 94/2010, en el que se establece que todos los centros sociosanitarios deberán, antes del día 11 de octubre de 2010, optar por la instalación de un servicio de farmacia, un depósito de medicamentos o un botiquín farmacéutico sociosanitario y solicitar antes de dicha fecha en su preceptiva autorización, incurre “claramente” en conductas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia al obligar de forma “artificial y totalmente injustificada” a los centros sociosanitarios privados a incluir en su organización profesional oficinas de farmacia impuestas desde fuera y con un turno rotatorio entre ellas cada tres años, creando mercados cautivos.
Como consecuencia de ello, esta situación “limita la libertad de elección de los centros y la libertad de empresa de las farmacias sin justificación alguna”, al tiempo que favorece que “puedan prestar servicios farmacias mal gestionadas o sin los recursos adecuados con perjuicio para el usuario”.
Además, Alberto Giménez ha recordado que la fragmentación produce un mayor gasto sanitario al impedir la “aportación” a la Conselleria de Sanidad, que puede llegar hasta el 15% del volumen de la facturación.