El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y la concejala de Servicios Sociales y Mediación Comunitaria, Rafaela Romero, presentaron, recientemente, los cinco Planes Sectoriales, concebidos como herramientas de gestión y planeamiento municipal para que la ciudad avance en su concepto de inclusiva, justa, solidaria y participativa, garantizando el ejercicio de los derechos de las personas y posibilitando ese cambio cultural hacia valores más democráticos.

Concretamente el Plan Municipal para las Personas Mayores de Valladolid 2019-2022 busca dar respuesta a dos realidades: el progresivo envejecimiento de la población de Valladolid (el 26% tiene 65 o más años) y la necesidad de promover la calidad de vida y participación de las personas mayores de la ciudad.

El objetivo es la inclusión social de las personas mayores, entendiendo su ciclo vital como un proceso en el que la persona es el centro de toda intervención, integrando todos los aspectos que componen su vida personal y la de su entorno. De hecho, se ha considerado la opinión de los mayores, familiares, y profesionales que les atienden. Se consideran aspectos fundamentales la aportación de servicios y recursos destinados a potenciar la autonomía personal y la permanencia de las personas mayores en su entorno familiar y social, así como la prevención de la soledad.

El concepto de inclusión intenta romper la visión del colectivo de personas mayores como un todo homogéneo, reconociendo la diversidad en todos los ámbitos. Además, el enfoque de género subraya los aspectos específicos que afectan particularmente a las mujeres mayores.

Se renueva, asimismo, el compromiso compartido de todas las concejalías para conseguir que la ciudad avance en su concepto de espacio para la convivencia en la que se permita que las personas con discapacidad tengan los mismos derechos y oportunidades que el resto.

Si en el I Plan de Accesibilidad se diseñaron acciones tendentes a mejorar la accesibilidad y suprimir las barreras arquitectónicas, urbanísticas, en el transporte y en la comunicación, el nuevo texto pretende garantizar derechos fundamentales a las personas (derecho al uso de los servicios públicos, la participación, la comunicación, etcétera).

Contiene 112 actuaciones, de las cuales 52 constituyen nuevas propuestas que incluyen desde la formación de los funcionarios a la introducción de medidas en accesibilidad cognitiva (redacción de normativa y formularios en lectura fácil y señalización con pictogramas de espacios públicos). Asimismo, se prevé la adaptación progresiva de las bibliotecas municipales.