domingo, 16 febrero 2025
InicioCastilla y LeónMilagros Marcos pide que la Dependencia se incorpore al modelo de financiación del Estado y que se simplifique el sistema de gestión

Milagros Marcos pide que la Dependencia se incorpore al modelo de financiación del Estado y que se simplifique el sistema de gestión

Para la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, en su balance de los seis primeros años de aplicación de la Ley, ésta es la única fórmula para lograr que la Dependencia se consagre como un verdadero derecho subjetivo
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, realizó recientemente en la Comisión de Familia de las Cortes Regionales un balance de los primeros seis años de aplicación de la Ley de Dependencia. Seis años en los que Castilla y León ha dado, según la consejera, “respuestas ágiles” a los cambios normativos nacionales y a las “importantes deficiencias” con las que nació la Ley, y que no fueron superadas hasta 2011. Además, se ha dotado de nuevos instrumentos para agilizar la tramitación de los expedientes, ha adaptado y ampliado los recursos, ha apostado por los servicios de calidad frente a las prestaciones económicas y un modelo de subsidios, y ha dado amplia participación al Diálogo Social y al sector de los Servicios Sociales. Todo ello ha permitido a Castilla y León situarse, según los expertos, siempre a la cabeza de España en el desarrollo y aplicación de la Ley. Sin embargo, la consejera no se conforma con ese óptimo resultado y reivindicó que la Dependencia se incorpore al modelo de financiación del Estado, del mismo modo que la Educación o la Sanidad, y que no siga supeditada a las decisiones políticas o presupuestarias del momento.
“Estabilizar la financiación” es, para la consejera, la única fórmula para lograr que la Dependencia se consagre como un verdadero derecho subjetivo. “Sin garantía financiera no hay derecho por muchas leyes en que lo escribamos”, añadió Marcos, a la vez que recordó que la diferencia entre lo que aporta el Estado y lo que debería haber aportado a Castilla y León desde 2008 a 2011 asciende a 457 millones.
Asimismo, reclamó que se simplifique el sistema y se destinen “los escasos fondos que llegan del Estado” a la atención de las personas “y no a la gestión”. Y es que, como denunció, el modelo de tramitación es tan complejo que “requiere un gasto en gestión de cada expediente similar o incluso superior al que la norma prevé como aportación del Estado a la Comunidad”.
La consejera invitó al PSOE a sumarse a ambas propuestas y a defender, sin demagogia, a los dependientes de Castilla y León, en lugar de promover “debates estériles”, “propuestas injustas o imposibles de alcanzar sin respaldo presupuestario”, que lo único que provocarían sería, a su juicio, “confundir a los ciudadanos”. Y, además, impediría, al tratarse de una ley, realizar con agilidad cualquier tipo de mejora en la aplicación de la Dependencia. Milagros Marcos tildó, por ello, de “inoportuna e incoherente” la presentación por parte de los socialistas de una proposición de ley de Dependencia, paralela a la del Estado, que colisionaría con la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad, más aún cuando se presenta sólo dos meses después de aprobarse los presupuestos, sin que en ellos incluyeran enmiendas. Aceptar esa proposición de ley pondría, además, “en riesgo” los avances alcanzados en los Servicios Sociales en la Región, según Milagros Marcos, quien recordó que ésta es la Comunidad donde más personas reciben prestaciones en relación a su población, donde proporcionalmente hay menos personas con derecho a percibirla, y una de las que más servicios profesionales proporcionan a sus dependientes y, por consiguiente, más empleo vinculado a la dependencia tiene.

Los hitos de la Ley, año a año
Castilla y León alcanzó en 2012 la “plena atención” a las personas con gran dependencia y dependencia severa, si bien el camino para conseguirlo ha sido largo. La consejera de Familia realizó un minucioso recorrido, año a año, por el desarrollo de la Ley. Milagros Marcos se remontó al 1 de enero de 2007, cuando entró en vigor la Ley sin desarrollo normativo e insuficiente financiación. Entonces, la Comunidad reguló, a través de una orden, el procedimiento para reconocer la situación de Dependencia, diseñó un modelo de solicitud y creó los elementos esenciales de la aplicación informática. Junto con el Diálogo Social y el Cermi, la Junta también acordó regular la capacidad económica del usuario y su copago. Esto permitió entonces dictar 3.542 resoluciones.
La Comunidad atendió a 1 de diciembre de 2008 a 24.000 personas (el 99% de las solicitudes) en un plazo medio de resolución de entre 10 u 11 meses. 
El reto de la Consejería de Familia en 2009 fue acortar los plazos para conceder las prestaciones, y para ello simplificó la tramitación. Los plazos se redujeron a ocho o nueve meses. Castilla y León también optó por su propio sistema informático. La Consejería reconoció ese año 38.157 prestaciones, un 58% más que en 2008.
En 2010, Castilla y León avanza en la simplificación de los trámites, lo que permitió resolver en menos de seis meses gran parte de las solicitudes. Los datos del Imserso a 1 de diciembre indican que eran 47.598 las personas que recibían la prestación (37,6% más que en 2009).
En 2011, para adaptarse a la normativa estatal, la Consejería publica la orden que regula las prestaciones de la Dependencia, el cálculo de la capacidad económica y las medidas de apoyo a los cuidadores no profesionales. Ese año se cierra con 60.090 personas recibiendo prestación (un 26% más que en 2010).
En 2012, se crea una solicitud única para acceder a los Servicios Sociales. Esto hace que el sistema se consolide, agilice y simplifique en la Comunidad. Las modificaciones del Gobierno sobre la Ley, además del escenario económico y el objetivo del déficit, obligaron a la Consejería a redefinir su sistema de atención a la Dependencia. Lo hizo tras firmar una declaración de compromisos con el Diálogo Social y suscribir un acuerdo con el sector (Acalerte, Lares y Cermi). Se trataba de aumentar las cuantías de la ayuda para servicios profesionales de los dependientes de Grado II y facilitar su acceso a las personas con rentas más bajas. Por el contrario, disminuía las cuantías de la prestación de cuidados familiares en un 15% más que lo decretado por el Gobierno. 2012 concluyó con 62.108 personas atendidas, 2.000 más que un año antes.

Lo más visto

Redacción EM
Redacción EM
Información elaborada por el equipo de redacción.

Más información