Los profesionales de los servicios sociales en España, a través de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADGSS), hicieron público, en diciembre, los resultados del Índice DEC 2017, el estudio que mide el desarrollo de los servicios sociales de las diferentes comunidades españolas. 

Según el Índice DEC 2017, Castilla y León ha conseguido seguir mejorando aún más el desarrollo de su sistema de servicios sociales en los últimos dos años, consolidándose como uno de los mejores. En este sentido, otorga a la región 7,5 puntos frente a los 6,70 de 2015, lo que supone superar en ocho décimas los datos de hace dos años. En la serie histórica de este índice, Castilla y León obtuvo 6,90 en 2012, 6,65 en 2013 y en 2014, 6,70 en 2015 y 7,50 en 2017.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, señaló que estos datos ponen de manifiesto que Castilla y León obtienen la mejor puntuación de toda la serie histórica, lo que significa que se ha conseguido mejorar aún más en los dos últimos años. García incidió en que, Castilla y León es la comunidad autónoma española de régimen común con mejor puntuación a nivel nacional, tan solo superada en 25 centésimas por una comunidad foral como Euskadi, que obtiene 7,75 puntos. 

Castilla y León además, está muy por delante de las comunidades pluriprovinciales, ya que la siguiente es Castilla la Mancha con 5,40 puntos, más de dos puntos por debajo. Las puntuaciones de las distintas autonomías quedan de la siguiente manera: Euskadi, 7,75; Castilla y León, 7,50; Navarra, 7,40; La Rioja, 6,45; Aragón, 5,20; Asturias, 5,35; Castilla La Mancha, 5,40; Catalunya, 5,20; Extremadura, 5,15; Andalucía, 5,25; Cantabria, 4,60; Illes Balears, 4,60; Galicia, 4,15; Comunidad de Madrid, 3,50; Murcia, 3,50; Canarias, 3,30 y Comunitat Valenciana, 2,05 puntos.

Otro de los aspectos que pone de manifiesto el Índice DEC en Castilla y León es su equilibrio. En este sentido, el estudio señala que la región "sigue mostrando un sistema equilibrado en sus tres dimensiones (Derechos, Economía y Cobertura) y ofrece una de las mejores ratios en España entre cobertura y gasto, es decir, una gran eficiencia del sistema, que sin duda alguna se debe a la dinámica de colaboración y al protagonismo que tienen las entidades locales en la gestión de las prestaciones y servicios, así como a decisiones estratégicas como fue la adecuada integración de la Atención a la Dependencia en los Servicios Sociales". De la misma manera, "el muestra una relación equilibrada entre los derechos que reconoce en su ley de nueva generación y en el catálogo que los concreta, y su entrega efectiva de prestaciones y servicios”, se especifica en el documento.

En materia de enunciado de derechos y decisión política (D), el Índice DEC 2017 señala que “Castilla y León destaca por contar con todos los elementos legislativos, normativos, planificadores y de organización que le permiten situarse en el nivel más alto de la calificación, alcanzando la Excelencia en este apartado, solo a falta de los 0,05 puntos simbólicos que se otorga a que la consejería lleve el nombre de ‘servicios sociales’. Su más reciente logro en esta materia ha sido la aprobación de su Plan Estratégico, con memoria económica, que era el elemento que le faltaba en este apartado y por el que penalizó en la anterior aplicación”. La puntuación de Castilla y León en el apartado de Derechos es de 1,45 puntos sobre 1,50 posibles y la media nacional se queda en los 0,87 puntos.

Respecto al segundo de los parámetros, el de la relevancia económica (E), el Índice DEC señala que “los Servicios Sociales en Castilla y León se sitúan por encima de la media estatal en los tres indicadores contemplados, prácticamente todos mejoran respecto a la anterior aplicación”. La puntuación de la Comunidad es de 2,2 sobre 3 puntos y la media nacional se queda en los 1,82 puntos.

Para evaluarlo, se contabiliza conjuntamente tanto el gasto de las comunidades autónomas como el de las corporaciones locales en tres apartados: el gasto por habitante y año, 388,65 euros en 2016 Castilla y León, por encima de la media estatal, que fue de 339,69 euros; en segundo lugar, el porcentaje que supone la inversión de las administraciones públicas en servicios sociales sobre el PIB regional, 1,72 % en 2016, por encima de la media estatal, que fue del 1,42 %; y, en tercer lugar, el porcentaje que supone la inversión de las administraciones públicas en servicios sociales sobre su presupuesto total, 10,77 % en 2016 en Castilla y León frente a le media estatal que se situó en el 8,91 %.

En este parámetro económico, Alicia García se refirió a que, a pesar de que Castilla y León ha mejorado los datos con respecto al anterior informe y a estar por encima de la media española en todas estas variables, el Índice señala que “Castilla y León no llega a alcanzar la excelencia en este segundo apartado por una décima, al no lograr la puntuación de 1,1 puntos en gasto por habitante, 390,64 euros, que es el límite de dicha puntuación para obtener esta calificación”. En este sentido, García también ha destacado el hecho significativo de que, mientras que en 2016 en Castilla y León se han superado las cantidades por habitante destinadas a Servicios Sociales de 2011, en el conjunto de España aún no.

Por último, respecto a la cobertura efectiva de prestaciones y servicios (C), Castilla y León se encuentra por encima de la media estatal en casi todos los indicadores contemplados, alcanzando la excelencia en este apartado. El informe señala que “Castilla y León presenta una tasa de personas con derecho y pendientes de serles reconocida la prestación del 1,4 %, frente al 26,2 % de media estatal, con lo que se puede considerar que técnicamente en Castilla y León no existe Limbo de la Dependencia”.

Otros indicadores de cobertura en los que destaca Castilla y León según el Índice DEC son las plazas residenciales de financiación pública para personas mayores de 65 años, con una cobertura del 5,26%, el doble que la media estatal, que es del 2,46%; plazas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género, con una tasa del 28,1% respecto al número de mujeres con órdenes de protección en esta Comunidad, lo que duplica, así mismo, la media estatal, que es del 14,7% y, también en Rentas Mínimas de Inserción, Castilla y León se sitúa por encima de la media estatal de cobertura, beneficiando al 9,6% de las personas bajo el umbral de la pobreza en esta Comunidad, frente al 8,7% de media estatal. Destaca la trayectoria de incremento continuado de la cobertura de estas rentas mínimas en Castilla y León.