La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, inauguró, recientemente, la jornada ‘Ecosistema digital para la atención integrada en los Servicios Sociales’, cuyo lema es ‘La innovación tecnológica al servicio de las personas’, un foro en el que los profesionales del Ejecutivo autonómico analizaron los logros y los retos de la aplicación de las tecnologías en el sistema social de Castilla y León.

En este marco, Blanco presentó el lanzamiento de la plataforma ‘Historia Social Única accesible’, que cruza 50 bases de datos, actuaciones de 4.000 profesionales y todos los procesos que se llevan a cabo en los 190 centros de acción social de la comunidad, las nueve gerencias territoriales y los servicios centrales de su departamento. Con este servicio, la Junta de Castilla y León impulsa la digitalización y agilización de todos los procesos en el ámbito de los servicios sociales, no solo para los profesionales, sino para todos los ciudadanos de la Comunidad. Todas las personas que lo deseen podrán consultar tanto su propia información como realizar búsquedas generales a través del nuevo ‘Portal del ciudadano’ que va a poner en marcha el Gobierno regional.

Familia e Igualdad de Oportunidades ha dado un paso más con el lanzamiento de la ‘Historia Social Única’, el ‘Portal Profesional’ y el ‘Portal del Ciudadano’, que implica la total integración de las actuaciones de los profesionales de los 190 Ceas de la Comunidad. Esto supone la interconexión de las distintas herramientas informáticas que utilizan quienes gestionan todo tipo de prestaciones. El tamaño de estos datos es de gran envergadura, puesto que solo en 2024 se otorgó información a 352.372 personas sobre derechos, prestaciones y procedimientos, entraron 86.061 usuarios con prestaciones nuevas, se atendió a 126.194 ciudadanos en situación de dependencia y hubo 1.695.270 prestaciones activas.

La ‘Historia Social Única’ es una de las actuaciones recogidas en el Pacto por las Familias de Castilla y León firmado a principios de año por el presidente Mañueco y 45 entidades del Tercer Sector. Se trata de una medida demandada por estas organizaciones a la que la Junta ha dado respuesta.

PIONERA EN ESTA IMPLANTACIÓN

Tras ser Castilla y León la primera comunidad en regular la Historia Social Única, este ingente proceso se materializa ahora con la centralización de todos los datos relevantes de los usuarios relacionados con su proceso de atención social. Esto permitirá a todos los profesionales del sistema que puedan acceder a esa información, siempre actualizada, de manera segura y, sobre todo, coordinada.

De todo ello van a resultar unos procedimientos más ágiles, coherentes y eficaces, que va a conllevar también la eliminación del uso del papel. Los profesionales van a poder dar continuidad a las necesidades de los ciudadanos a lo largo de su vida de una manera plenamente organizada y, a la vez, se van a optimizar recursos mientras se facilita el acceso a los servicios sociales.

No obstante, esto va mucho más allá: si todos los datos se integran y si todos los profesionales pueden acceder a través de su propio portal, también los ciudadanos van a tener la capacidad de consultar, de forma privada, todos sus datos, desde su propia Historia hasta contenidos generales relacionados con los Servicios Sociales. Esto se va a poder llevar a cabo a través del ‘Portal del ciudadano’, otro avance más para seguir fortaleciendo, agilizando y mejorando un sistema social cada vez más transparente y que garantiza a los ciudadanos tanto el ejercicio como la defensa de sus derechos en las relaciones con las administraciones en Castilla y León.

Además, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades está trabajando en que la Historia Social Única integre también todas las actuaciones que desarrolla otra de las piezas clave del sistema: las entidades del Tercer Sector.

GRAN TRABAJO DE COLABORACIÓN

Durante el encuentro, la vicepresidente puso de relieve que el éxito de los servicios sociales de Castilla y León es de responsabilidad pública fraguada a través de una progresiva unificación integrada, ya que uno de los ejes principales es la participación de las entidades locales –ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y diputaciones provinciales con los centros de acción social como puerta de entrada al sistema–, así como el papel de un equipo de profesionales cercanos al ciudadano y la firme apuesta por la aplicación de la innovación tecnológica y la digitalización en el proceso. Esto ha dado como resultado un modelo ágil, solvente y eficaz, reconocido por su excelencia en la gestión y cuyo buque insignia es el liderazgo de Castilla y León en el ámbito de la dependencia.

Isabel Blanco quiso destacar especialmente la mencionada colaboración con las entidades locales como pieza esencial del engranaje social de la comunidad. Un trabajo conjunto que se enmarca en el Acuerdo Marco en materia de Servicios Sociales, cuya financiación ha alcanzado las cifras más altas, con casi 750 millones para el periodo de cuatro años y 189 millones de euros para el próximo año, casi un 40% más que al inicio de la legislatura. Ello ha implicado un incremento de todos los grandes servicios financiados por la Junta: la ayuda a domicilio, que cuenta con 41.000 usuarios –3.000 más que al inicio de la legislatura–. La última adenda al Acuerdo Marco establece para este servicio un gasto de 415 millones de euros en 4 años, lo que supone un aumento de más de 109 millones respecto al Acuerdo Marco anterior, un 36 % más. También crece en la atención a la dependencia, con un 45 % de incremento hasta los 115,3 millones; en las ayudas de urgencia social y protección a las familias, que crecen un 33 % y alcanzan los 33,6 millones; y en los equipos de atención social básica que, con 35,9 millones de presupuesto, han aumentado un 19 %.

Todos estos factores –colaboración con entidades locales, profesionales y apuesta por la tecnología– se ha ido materializando en grandes avances: la configuración de grandes plataformas digitales como ‘Catdiss’ —catálogo de Servicios Sociales al alcance de profesionales y ciudadanos, con 4.400 entidades, 2.100 centros y 5.700 servicios geolocalizados y accesibles— o el sistema ‘Repriss’, con el que se ha digitalizado y automatizado el flujo de información entre todos los actores que participan en la gestión de los Servicios Sociales para reducir la carga burocrática y que todos los datos estén permanentemente actualizados.