La Junta aprueba la ‘Agenda para la Igualdad de Género 2020’, un nuevo instrumento contra la violencia de género y para la igualdad
Cuenta con un presupuesto de más de 120 millones y su principio rector es el de aplicar el enfoque y la perspectiva de género como marco de interpretación de las acciones que se realicen y que tengan como destinatarias a las personas
La Junta de Castilla y León apuesta por el compromiso conjunto entre administraciones y sociedad en la construcción de políticas que contribuyan a un cambio social que permita la consecución de una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. En este sentido, el instrumento de participación integral de referencia y de planificación estratégica que abordará de forma conjunta en Castilla y León las actuaciones y prioridades en materia de igualdad entre hombres y mujeres y en la lucha contra la violencia machista va a ser la ‘Agenda para la Igualdad de Género 2020’, aprobada recientemente por el Consejo de Gobierno. Con un presupuesto previsto de más de 120 millones hasta 2020, la Agenda contó para su elaboración con la participación de los responsables de igualdad de todas las consejerías de la Junta, con la treintena de entidades que componen la Sección de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres del Consejo Regional de la Mujer, y estuvo disponible en Gobierno Abierto para las aportaciones de otras entidades y de los ciudadanos que lo desearan. La Agenda contempla cinco principios rectores que guían el desarrollo y orientación de las 194 actuaciones, estructuradas en seis áreas de intervención prioritarias, entre las que destacan el empleo, la participación social o la presencia en el medio rural de la mujer.
Áreas de intervención prioritarias de la Agenda
Para la elaboración de la Agenda se tuvo en cuenta la valoración intermedia que estaba prevista en el Plan Autonómico para la Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres, se analizó la situación de la mujer en el contexto socioeconómico de Castilla y León, atendiendo también a los requerimientos de la Unión Europea en materia de igualdad de género, como son el Compromiso Estratégico para la Igualdad entre mujeres y hombres 2016-2019 y el Segundo Pacto por la Igualdad de Género 2011-2020. Todos estos análisis, y el importante compromiso de todos los que han participado en la construcción de este instrumento de coordinación, han servido para que la Agenda para la Igualdad de Género 2020 articule 194 medidas estructuradas en seis áreas de actuación prioritarias:
Política institucional. El objetivo en esta área de intervención es avanzar en igualdad de género en los procesos, procedimientos públicos y políticas de la Junta. Para ello, se prevé la aprobación deI primer Plan de Igualdad para empleados públicos; formación especializada; introducir cláusulas de igualdad en los contratos, convenios o subvenciones; contar con representantes de las personas con discapacidad tanto en el Observatorio de Género de la Comunidad como en el Consejo Regional de la Mujer para asesorar en lo relativo a mujer y discapacidad.
Empresa, empleo y tecnología. Esta es una de las áreas prioritarias más destacadas y presenta un doble objetivo: por un lado, favorecer el acceso al empleo de la mujer apoyando su promoción laboral en igualdad y aquellas iniciativas que lo fomenten y, por otro, facilitar el acceso de la mujer a las nuevas tecnologías para mejorar su empleabilidad. Para ello se establecen criterios de acción positivos en las convocatorias de ayudas a empresas; se fomentará la revisión de convenios colectivos que garanticen la no discriminación; se impulsará el programa ‘IO Empresas’, se apostará por la inserción sociolaboral de mujeres vulnerables con programas como ‘Empleo Mujer’, etcétera.
Medio rural. El objetivo de la Agenda en esta materia es apostar por la igualdad de género en el mundo rural, ya que el 40% de las mujeres de Castilla y León reside en municipios de menos de 10.000 habitantes. Entre las actuaciones más destacadas de la Agenda en el área rural están las de establecer la titularidad compartida de las explotaciones agrarias como criterio prioritario en las ayudas del ámbito agrario; la puesta en marcha de programas de formación en TICs orientados a emprendimiento y autoempleo, o la colaboración con la red asociativa de personas mayores del ámbito rural.
Educación y juventud. Esta área se enfoca a favorecer la ruptura de roles y estereotipos y reforzar el principio de igualdad de género en el ámbito escolar y universitario. Para ello se pondrán en marcha iniciativas como la creación de una red de centros y profesores que trabajen y se formen en igualdad; se potenciará la figura del responsable de igualdad en los centros educativos; o se harán actuaciones para sensibilizar a las AMPAs, entre otras acciones.
Salud y políticas sociales. En este ámbito el fin estará marcado por el impulso a la integración de la perspectiva de género en la planificación y ejecución de políticas sanitarias, sociales y de desarrollo sostenible. Para ello, se impulsarán, por ejemplo, los contenidos de perspectiva de género en los planes de formación de profesionales sanitarios y de servicios sociales, etcétera.
Violencia de género. Aquí todas las actuaciones se enmarcan en el desarrollo e implantación definitiva del modelo integral de atención a las víctimas de violencia de género, ‘Objetivo Violencia Cero’, con acciones de sensibilización y prevención en todos los ámbitos y atención integral a las víctimas. En este ámbito, destacan la prevención y sensibilización contra la violencia en la sociedad y, en especial, entre la población joven o la elaboración de un protocolo de detección y derivación de casos de violencia de género en el ámbito educativo y sanitario, entre otras actividades.
Cinco principios rectores que guiarán el desarrollo de actuaciones
Se establecen cinco principios rectores que dan coherencia y asientan las actuaciones que incluye la Agenda para la Igualdad de Género 2020. El primero y fundamental es el del enfoque de género que guía todas sus actuaciones. Implica aplicar la perspectiva de género como marco de interpretación de las actividades que se realicen. La operatividad de este principio supone tener en cuenta que las decisiones que se adopten y las acciones que se emprendan, cuando tienen como destinatarias a las personas, no son neutras, sino que tienen un impacto diferencial en las mujeres y los hombres.
El segundo principio rector es el de la transversalidad de la perspectiva de género, y supone que el principio de igualdad debe de integrarse en todas las políticas autonómicas, en todos los organismos y a todos los niveles.
El tercero es el principio de cooperación y corresponsabilidad institucional, ya que la implementación y el desarrollo de los contenidos de la Agenda necesitan de la cooperación y corresponsabilidad interinstitucional.
En cuarto lugar se encuentra el principio de participación. La sociedad y sus diferentes componentes deben ser copartícipes del desarrollo de las actuaciones recogidas en esta Agenda, contribuyendo a un cambio social que permita la consecución de la igualdad real y efectiva.
El quinto de los principios rectores es el de transparencia, que supone que la información sobre la ejecución y evaluación de esta Agenda será compartida entre los diferentes agentes implicados.
Áreas de intervención prioritarias de la Agenda
Para la elaboración de la Agenda se tuvo en cuenta la valoración intermedia que estaba prevista en el Plan Autonómico para la Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres, se analizó la situación de la mujer en el contexto socioeconómico de Castilla y León, atendiendo también a los requerimientos de la Unión Europea en materia de igualdad de género, como son el Compromiso Estratégico para la Igualdad entre mujeres y hombres 2016-2019 y el Segundo Pacto por la Igualdad de Género 2011-2020. Todos estos análisis, y el importante compromiso de todos los que han participado en la construcción de este instrumento de coordinación, han servido para que la Agenda para la Igualdad de Género 2020 articule 194 medidas estructuradas en seis áreas de actuación prioritarias:
Política institucional. El objetivo en esta área de intervención es avanzar en igualdad de género en los procesos, procedimientos públicos y políticas de la Junta. Para ello, se prevé la aprobación deI primer Plan de Igualdad para empleados públicos; formación especializada; introducir cláusulas de igualdad en los contratos, convenios o subvenciones; contar con representantes de las personas con discapacidad tanto en el Observatorio de Género de la Comunidad como en el Consejo Regional de la Mujer para asesorar en lo relativo a mujer y discapacidad.
Empresa, empleo y tecnología. Esta es una de las áreas prioritarias más destacadas y presenta un doble objetivo: por un lado, favorecer el acceso al empleo de la mujer apoyando su promoción laboral en igualdad y aquellas iniciativas que lo fomenten y, por otro, facilitar el acceso de la mujer a las nuevas tecnologías para mejorar su empleabilidad. Para ello se establecen criterios de acción positivos en las convocatorias de ayudas a empresas; se fomentará la revisión de convenios colectivos que garanticen la no discriminación; se impulsará el programa ‘IO Empresas’, se apostará por la inserción sociolaboral de mujeres vulnerables con programas como ‘Empleo Mujer’, etcétera.
Medio rural. El objetivo de la Agenda en esta materia es apostar por la igualdad de género en el mundo rural, ya que el 40% de las mujeres de Castilla y León reside en municipios de menos de 10.000 habitantes. Entre las actuaciones más destacadas de la Agenda en el área rural están las de establecer la titularidad compartida de las explotaciones agrarias como criterio prioritario en las ayudas del ámbito agrario; la puesta en marcha de programas de formación en TICs orientados a emprendimiento y autoempleo, o la colaboración con la red asociativa de personas mayores del ámbito rural.
Educación y juventud. Esta área se enfoca a favorecer la ruptura de roles y estereotipos y reforzar el principio de igualdad de género en el ámbito escolar y universitario. Para ello se pondrán en marcha iniciativas como la creación de una red de centros y profesores que trabajen y se formen en igualdad; se potenciará la figura del responsable de igualdad en los centros educativos; o se harán actuaciones para sensibilizar a las AMPAs, entre otras acciones.
Salud y políticas sociales. En este ámbito el fin estará marcado por el impulso a la integración de la perspectiva de género en la planificación y ejecución de políticas sanitarias, sociales y de desarrollo sostenible. Para ello, se impulsarán, por ejemplo, los contenidos de perspectiva de género en los planes de formación de profesionales sanitarios y de servicios sociales, etcétera.
Violencia de género. Aquí todas las actuaciones se enmarcan en el desarrollo e implantación definitiva del modelo integral de atención a las víctimas de violencia de género, ‘Objetivo Violencia Cero’, con acciones de sensibilización y prevención en todos los ámbitos y atención integral a las víctimas. En este ámbito, destacan la prevención y sensibilización contra la violencia en la sociedad y, en especial, entre la población joven o la elaboración de un protocolo de detección y derivación de casos de violencia de género en el ámbito educativo y sanitario, entre otras actividades.
Cinco principios rectores que guiarán el desarrollo de actuaciones
Se establecen cinco principios rectores que dan coherencia y asientan las actuaciones que incluye la Agenda para la Igualdad de Género 2020. El primero y fundamental es el del enfoque de género que guía todas sus actuaciones. Implica aplicar la perspectiva de género como marco de interpretación de las actividades que se realicen. La operatividad de este principio supone tener en cuenta que las decisiones que se adopten y las acciones que se emprendan, cuando tienen como destinatarias a las personas, no son neutras, sino que tienen un impacto diferencial en las mujeres y los hombres.
El segundo principio rector es el de la transversalidad de la perspectiva de género, y supone que el principio de igualdad debe de integrarse en todas las políticas autonómicas, en todos los organismos y a todos los niveles.
El tercero es el principio de cooperación y corresponsabilidad institucional, ya que la implementación y el desarrollo de los contenidos de la Agenda necesitan de la cooperación y corresponsabilidad interinstitucional.
En cuarto lugar se encuentra el principio de participación. La sociedad y sus diferentes componentes deben ser copartícipes del desarrollo de las actuaciones recogidas en esta Agenda, contribuyendo a un cambio social que permita la consecución de la igualdad real y efectiva.
El quinto de los principios rectores es el de transparencia, que supone que la información sobre la ejecución y evaluación de esta Agenda será compartida entre los diferentes agentes implicados.
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