La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha participado y aportado las iniciativas y experiencias de Castilla y León en la primera de las reuniones del grupo de trabajo que, a iniciativa de la VI Conferencia de Presidentes celebrada el pasado mes de enero, se encargará del desarrollo de la denominada Tarjeta Social.
Alicia García ha señalado que desde Castilla y León se comparte el planteamiento inicial de esta ‘Tarjeta Social’ y, desde un planteamiento más amplio, se considera que debe constituir una oportunidad para mejorar la atención y la protección que prestan las administraciones públicas a las personas más vulnerables. García ha asegurado que esta tarjeta puede suponer una oportunidad porque va a permitir prestar una atención personalizada, agilizar la concesión de prestaciones, coordinar las diferentes actuaciones desarrolladas y el acceso proactivo de las personas a los recursos y prestaciones, además de suponer una herramienta importante de trabajo para los profesionales, con información actualizada de la situación de cada persona. Será una tarjeta universal que aglutine las prestaciones de las corporaciones locales, de las comunidades autónomas y también de la Administración general de Estado.
En este aspecto, los Servicios Sociales de Castilla y León han desarrollado una amplia experiencia en la atención personalizada y en el trabajo en red de los distintos servicios, aspectos que pueden ser de utilidad de cara al desarrollo que quiere hacerse de esta Tarjeta Social. Por eso, y en este sentido, Alicia García ha aportado a la reunión la experiencia que se ha desarrollado en la Comunidad en aspectos tan relevantes como la Historia Social única, el registro único de personas usuarias del sistema de Servicios Sociales y la Red de Protección a las Familias y a las Personas.
El ejemplo de la Historia Social Única y del Registro Único
Por una parte, la Historia Social Única y el Registro Único son dos elementos fundamentales del Sistema Unificado de Información, que permiten contar con una información unificada, detallada, permanentemente actualizada y segura de las personas atendidas por el sistema de Servicios Sociales. Esta información es accesible a los distintos profesionales del sistema, lo que permite una mejor coordinación y orientación en los procesos de intervención social y proporciona una respuesta más rápida, integral y eficaz para las personas que sean atendidas por los Servicios Sociales. Las principales ventajas para las personas atendidas son la individualización de la respuesta, adaptándola a las necesidades específicas de cada persona; también se garantiza la continuidad en la atención social a lo largo del ciclo vital y la atención integral. También existen ventajas para los profesionales y para el propio sistema de Servicios Sociales, ya que las historias sociales aportarán al profesional datos básicos para fijar objetivos, un plan de trabajo con calendarios, periodos y procedimientos de intervención y proporcionaran un apoyo esencial para desarrollar su actividad con calidad, eficacia y eficiencia.
El ejemplo de la Red de Protección a las familias y las personas
Por otro lado, Castilla y León ha puesto sobre la mesa del grupo de trabajo su experiencia con la Red de Protección a las familias y a las personas, a través de la que se suman esfuerzos para integrar todos los recursos, servicios, prestaciones y dispositivos destinados a la lucha contra la exclusión social y la integración social y laboral de las personas y familias más vulnerables. Todo empieza proporcionándoles medidas preventivas, continúa por la atención a sus necesidades, para finalizar por facilitarles herramientas que le permitan encontrar un empleo, como mejor fórmula para salir de la situación de vulnerabilidad.
García ha señalado que en la actualidad esta Red de Protección coordina 23 programas, atiende a una media de 160.000 personas al año y supone un gasto de unos 180 millones de euros. Se ha desarrollado un proyecto de ley pionero en España que va dotar a la Red de Protección de un carácter estable y permanente, ampliando sus beneficiarios, mejorando sus respuestas avanzando en el método de trabajo en red, integrando hasta 11 prestaciones y recursos más y creando cuatro nuevos derechos subjetivos en el ámbito de la protección social.