La Comunidad obtiene un sobresaliente en la aplicación de la Ley de Dependencia
El VII Dictamen del Observatorio de la Dependencia otorga a Castilla y León un 9,5 sobre 10 en el desarrollo de esta norma, una calificación muy por encima de la media estatal que se sitúa en 5,9 puntos
Según el VII Dictamen del Observatorio de la Dependencia presentado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, Castilla y León es la segunda Comunidad Autónoma que mejor aplica la Ley, sólo por detrás de Castilla-La Mancha. La Comunidad logra así un sobresaliente (9,5 puntos sobre 10), una nota muy por encima de la media general del resto de comunidades, que se sitúa en 5,9 puntos.
Castilla y León continúa registrando una mejora con el paso de los años en la implantación de la norma, ya que desde diciembre de 2008 hasta ahora, mejoró 2,5 puntos.
España registra un total de 309.800 personas que se encuentran en el “limbo de dependencia”, que son los dependientes que tienen reconocido un grado y nivel que les da derecho a recibir las prestaciones y servicios del Sistema, pero que aun no tienen aprobado el Programa Individual de Atención (PIA).
La Comunidad es la tercera Comunidad con menor número de ciudadanos en este limbo, con sólo un 15,3%, cuando la media estatal se sitúa en el 31%.
La cronificación del “limbo de la dependencia”, las dificultades derivadas del modelo de financiación, el sobredimensionamiento de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y cuidadores no profesionales y la falta de transparencia informativa, son los principales problemas para la implantación del Sistema de Atención a la Dependencia (SAD).
Gran esfuerzo de las administraciones públicas
En cuanto al porcentaje de beneficiarios sobre el total de la población, la Comunidad se sitúa en un cuarto puesto con un 1,95%, por detrás de Cantabria, con un 2,41%; La Rioja, 2,37%; y Andalucía, 2,18%.
Por otro lado, Castilla y León también se encuentra por encima de la media nacional en cuanto al esfuerzo realizado por las administraciones públicas en atención a dependientes. Mientras que la media de la Península gasta alrededor de 102,35 euros al año por persona, la Región destina un total de 129,78 euros anuales, alcanzando el sexto puesto del ranking de la Península.
Un modelo de financiación muy desequilibrado
El Observatorio realizó también un detallado informe sobre la financiación de la Ley de Dependencia, que pone de manifiesto el desequilibrio entre lo que aporta de manera efectiva la Administración General del Estado (34 %), las comunidades autónomas (52 %) y los propios usuarios mediante el Copago (14 %) en el coste efectivo de los servicios.
De esta manera, se evidencian los graves desequilibrios en el gasto en atención a dependientes entre, por ejemplo, La Rioja, Región en la que sus administraciones invierten 183 euros al año por habitante, y Canarias, cuyo gasto es cinco veces menor, con sólo 32 euros anuales invertidos.
Castilla y León continúa registrando una mejora con el paso de los años en la implantación de la norma, ya que desde diciembre de 2008 hasta ahora, mejoró 2,5 puntos.
España registra un total de 309.800 personas que se encuentran en el “limbo de dependencia”, que son los dependientes que tienen reconocido un grado y nivel que les da derecho a recibir las prestaciones y servicios del Sistema, pero que aun no tienen aprobado el Programa Individual de Atención (PIA).
La Comunidad es la tercera Comunidad con menor número de ciudadanos en este limbo, con sólo un 15,3%, cuando la media estatal se sitúa en el 31%.
La cronificación del “limbo de la dependencia”, las dificultades derivadas del modelo de financiación, el sobredimensionamiento de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y cuidadores no profesionales y la falta de transparencia informativa, son los principales problemas para la implantación del Sistema de Atención a la Dependencia (SAD).
Gran esfuerzo de las administraciones públicas
En cuanto al porcentaje de beneficiarios sobre el total de la población, la Comunidad se sitúa en un cuarto puesto con un 1,95%, por detrás de Cantabria, con un 2,41%; La Rioja, 2,37%; y Andalucía, 2,18%.
Por otro lado, Castilla y León también se encuentra por encima de la media nacional en cuanto al esfuerzo realizado por las administraciones públicas en atención a dependientes. Mientras que la media de la Península gasta alrededor de 102,35 euros al año por persona, la Región destina un total de 129,78 euros anuales, alcanzando el sexto puesto del ranking de la Península.
Un modelo de financiación muy desequilibrado
El Observatorio realizó también un detallado informe sobre la financiación de la Ley de Dependencia, que pone de manifiesto el desequilibrio entre lo que aporta de manera efectiva la Administración General del Estado (34 %), las comunidades autónomas (52 %) y los propios usuarios mediante el Copago (14 %) en el coste efectivo de los servicios.
De esta manera, se evidencian los graves desequilibrios en el gasto en atención a dependientes entre, por ejemplo, La Rioja, Región en la que sus administraciones invierten 183 euros al año por habitante, y Canarias, cuyo gasto es cinco veces menor, con sólo 32 euros anuales invertidos.
Lo más visto
