Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebró el 3 de diciembre, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, explicó el anteproyecto de Ley de garantías de atención a las personas con discapacidad a lo largo de su vida. Una ley que se aprobará en las Cortes el próximo año, que ha sido consensuada con Cermi Castilla y León y con la que se pretende avanzar, de manera efectiva, en la defensa y promoción de los derechos de las casi 178.000 personas con discapacidad que residen en la comunidad (algo más del 57% padece discapacidad física, el 17% mental, el 11,5% intelectual, el 7,5% visual y el 7% auditiva), y que representan casi al 8% de la población total.

Esta ley novedosa y pionera respecto al resto de normas actuales en España, consolida el modelo de Atención Centrada en la Persona (ACP), orientada a la promoción del derecho de las personas con discapacidad a participar en la toma de decisiones de su propio proyecto de vida, y que piensa en el presente y futuro de las personas con discapacidad. 

Su objetivo es garantizar la atención continua especializada de las personas con discapacidad durante todas las etapas de su ciclo vital o posibles situaciones de especial vulnerabilidad en que se puedan encontrar, contando, para ello, con los apoyos necesarios adaptados a sus capacidades y situación. De acuerdo siempre con sus deseos y preferencias, contenidos en el proyecto de vida y evitando figuras limitadoras de sus derechos, de conformidad con las recomendaciones que el propio Comité de seguimiento de la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad ha efectuado a España.

La nueva norma será la garantía legal de una atención centrada en cada persona con discapacidad, mediante una acción coordinada de los diferentes sistemas públicos de bienestar social y la colaboración de las entidades del tercer sector, y garantizar la continuidad de los apoyos que precisan estas personas durante su proceso de envejecimiento, así como cuando sus familiares ya no puedan prestárselos. Además, es fruto del diálogo y del consenso con este sector, con un texto en el que han participado profesionales de la Consejería de Familia y de Cermi Castilla y León, que forma parte del desarrollo del modelo de mejora para la atención a las personas con discapacidad en la región que se está desarrollando en los últimos años en Castilla y León.

La ley incluye varios aspectos: la ACP, la continuidad de apoyos, la promoción de la autonomía personal y la ética como base del modelo de atención primando el reconocimiento de la dignidad de la persona y sus valores, así como el derecho que debe tener toda persona con discapacidad para tomar decisiones sobre su propia vida.

Para ello, se establece un sistema de apoyos planificado y de futuro, que seguirá vigente incluso cuando falten sus familiares o tutores. En este sentido, destaca el ‘Proyecto de Vida’, esto es, declaraciones de voluntad de las personas con discapacidad y de sus familias; y una hoja de ruta con una planificación de apoyos y adaptaciones personales, que guíe a los profesionales en su atención cuando los apoyos familiares falten. Además, se desarrollarán servicios de apoyo a las personas y a las familias y cuidadores para la activación del ‘Proyecto de Vida’.

Los apoyos pueden proceder de personas como el asistente personal, de servicios de tecnología como el apoyo a través de sillas de ruedas, audífonos, dispositivos de ayuda visual, equipos y programas informáticos especializados; o incluso de servicios de estimulación, fisioterapia, promoción de la autonomía o formación.

Algunos de los puntos destacables de la nueva norma es el referido a la transición del trabajo a la jubilación, con el desarrollo de actividades de envejecimiento activo para que, con el paso de los años, y aunque falten sus familiares, las personas con discapacidad puedan envejecer de forma saludable sin perder la autonomía alcanzada a lo largo de su vida. De esta manera, se pretende que puedan seguir viviendo donde ellas deseen o permanezcan en el entorno donde han desarrollado su trayectoria vital evitando el desarraigo y la soledad.

Asimismo, en las situaciones de desamparo por la desaparición o merma significativa de los apoyos familiares a causa del envejecimiento del entorno u otras causas, tendrán prioridad en el acceso de las prestaciones esenciales como el alojamiento (atención residencial y otros modelos de vivienda) y otros apoyos sociales que precise.

También se prevé el fomento de las nuevas tecnologías entre las personas con discapacidad en zonas rurales.