Castilla y León es una de las regiones de la Unión Europea que afronta unos desafíos demográficos graves y permanentes, sobre todo en los entornos rurales. Se trata, junto al cambio climático y la dependencia energética, de uno de los retos estructurales a los que se enfrentan gran parte de los territorios que integran la ‘Europa de los 27’.

En este contexto, el pleno del Comité Europeo de las Regiones abordó, a finales de noviembre, la necesidad de una Política de Cohesión renovada, integradora y que afronte estos grandes problemas que desafían a la Unión, especialmente el demográfico.

Durante la sesión, varias enmiendas de la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, fueron aceptadas por el pleno del Comité Europeo de las Regiones, las cuales serán incluidas en el dictamen ‘Abordar las desigualdades territoriales mediante un mejor acceso a los Servicios Sociales’. Tres de la decena presentadas, relacionadas con el envejecimiento poblacional, la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y la atención domiciliaria, se han integrado en otras enmiendas que abordan un contenido más amplio. Se trata de un texto en plena sintonía con el modelo de atención a los colectivos más vulnerables que ha venido implantando el Ejecutivo autonómico, el cual se apoya de manera decidida en la innovación social y en la digitalización del sistema de cuidados para, precisamente, facilitar ese acceso desde todos los puntos del territorio.

Este dictamen surge tras una consulta realizada por la Presidencia húngara del Consejo de la Unión Europea, y trata de desarrollar estrategias integrales para promover un acceso en igualdad a los Servicios Sociales, especialmente de los grupos más vulnerables y de los habitantes del medio rural. En este sentido y teniendo en cuenta las características territoriales de la Comunidad, entronca directamente con el modelo de atención de Castilla y León.

CONTENIDO DE LAS ENMIENDAS

Una de las enmiendas presentadas por Isabel Blanco tiene que ver con el fomento de la atención domiciliaria a personas mayores, dependientes o con discapacidad del medio rural. Para ello, es preciso invertir en innovación para facilitar que estos usuarios, si así lo desean, puedan seguir residiendo en su propio hogar y, en la medida de lo posible, integrados en su entorno. Este planteamiento ayuda no solo a mejorar la calidad de vida de estas personas, sino a dinamizar la economía alrededor del sector de los cuidados en los pequeños municipios y áreas transfronterizas.

Además, se propuso una dignificación y mejora de las condiciones laborales de los profesionales sociales. De hecho, existen graves dificultades para encontrar trabajadores del sector en el medio rural y, una manera de incrementar la demanda es a través de la aplicación medidas específicas en esta dirección.

Otra de las enmiendas viene a reflejar la firme apuesta de la Junta de Castilla y León por la innovación social, puesto que no solo facilita la vida a las personas con movilidad reducida o que precisan de cuidados, sino que genera tejido empresarial de alto valor añadido y atracción del talento. Por ello, la vicepresidenta propuso a la Unión Europea que redoble el esfuerzo a la hora de financiar la innovación tecnológica para el desarrollo de productos de apoyo y sistemas que conviertan los hogares de las personas mayores, dependientes o con discapacidad en seguros y, así, se fomente su autonomía.

De acuerdo con el contexto castellano y leonés de gran amplitud territorial, profunda dispersión poblacional y progresivo envejecimiento, el cual es extensible a otras muchas regiones de la Unión, la vicepresidenta ha pedido en otra de las propuestas planteadas al Comité Europeo de las Regiones medidas específicas para estas comunidades debido, precisamente, al alto coste que supone llevar la atención social y sanitaria a cada rincón del territorio.

COOPERACIÓN TERRITORIAL

La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León también intervino en la sesión en la que se abordaron los retos de la cooperación territorial europea e hizo alusión a una estrategia de cohesión que priorice aquellas regiones cuyos problemas poblacionales se han ido agravando con el paso del tiempo, puesto que solo se va a garantizar el equilibrio, el crecimiento y la competitividad entre estos territorios si de verdad se hace frente a estos desafíos estructurales. De este modo, se logrará prestar mejores servicios y, por tanto, a mejorar la calidad de vida de estas regiones. Por ello, ha solicitado incrementar las inversiones a través de los programas de cooperación interregional.

En este sentido, la vicepresidenta se mostró de acuerdo con el dictamen del pleno referente a esta cuestión, en el que se recoge un presupuesto para después de 2027 equivalente al del periodo actual, al considerarlo sólido y suficiente, y también manifestó su conformidad con el incremento de al menos el 8% de las partidas destinadas a cooperación territorial europea.

Además, Isabel Blanco también se manifestó a favor de la profundización del enfoque territorial y en la simplificación de los mecanismos de la cooperación territorial, especialmente en la reducción de requisitos para que tanto las regiones como las ciudades puedan proponer proyectos adecuados a sus propias necesidades.