La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, se desplazó a Bruselas, a finales de enero, para reunirse con Isabelle Boudineau, miembro del Consejo Regional de Nueva Aquitania (Francia) y, al igual que la también consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, representante de su territorio en el Comité de las Regiones de la Unión Europea (UE).

El encuentro tuvo lugar en pleno debate sobre cómo se deberían desarrollar y distribuir los fondos de Cohesión de la Unión Europea, y justo cuando se está elaborando el Dictamen sobre el futuro de la Política de Cohesión en la Unión Europea.

Con este contexto, el objetivo de la reunión entre ambas dirigentes fue establecer el punto de partida para las propuestas para ese dictamen que comenzará a adoptarse en 2027.

Posteriormente, ambas se reunieron con diversas entidades interesadas para recabar más ideas y puntos de vista de cara a la configuración del texto.

LA POSICIÓN DE LA JUNTA

Los dos principales pilares de la postura de la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León giran en torno al reto demográfico y a la necesidad de aplicar un enfoque más territorial en la gestión de los fondos.

En primer lugar, Isabel Blanco defendió la necesidad de poner el foco en la lucha contra la despoblación a través de la promoción de la innovación y la mejora de infraestructuras, fundamentalmente, mediante el establecimiento de líneas de financiación dirigidas a las regiones con mayores problemas de despoblación.

La vicepresidenta señaló, precisamente, que es necesario configurar una línea de financiación específica en los fondos de cohesión para ciertos territorios en la que se tenga en cuenta, de manera especial, la baja densidad de población, la dispersión y la extensión, como sucede en Castilla y León, y, de esta manera, poder seguir manteniendo los servicios públicos esenciales para toda la población. Estos criterios han de tener un peso decisivo, puesto que el vaciamiento de determinadas regiones de la UE afecta directamente a la economía, pero también a su desarrollo social, cultural y ambiental.

La vicepresidenta insistió en que el producto interior bruto como indicador para distribuir los recursos no es suficiente, ya que es precisamente la demografía la que determina la vulnerabilidad de los territorios. En esta misma línea, Blanco manifestó que la Política de Cohesión debe ser renovada e integradora, así como ha de abordar el reto demográfico a nivel global, ya que no afecta únicamente a las regiones rurales, sino a toda la Unión Europea. Por ello, se tienen que configurar unas líneas estratégicas que garanticen el equilibrio, el crecimiento y la competitividad, y afronten este desafío estructural. Precisamente, una de las claves para hacer frente a la despoblación es buscar un enfoque más territorial de la Política de Cohesión, apostando por una gestión compartida a todos los niveles de gobierno, la denominada ‘gobernanza multinivel’, para que la UE y los ejecutivos nacionales, regionales y locales establezcan un diálogo y una colaboración permanente en el momento de tomar decisiones, puesto que las administraciones municipales son las mejores conocedoras de las realidades locales. Por ello, las regiones deben contar con una mayor autonomía en la gestión de fondos –respetando siempre el marco común de la UE–, en cumplimiento del principio de descentralización. De este modo, los entes regionales podrán tener un mayor margen de discrecionalidad para implementar proyectos adaptados a sus necesidades, los cuales se desarrollarán mediante la cooperación con los representantes de los municipios.

SIMPLICACIÓN ADMINISTRATIVA

Junto con estas dos propuestas fundamentales, la vicepresidenta de la Junta también aboga por simplificar la burocracia y dotar de mayor flexibilidad a los procedimientos que regulan los movimientos de fondos, así como que el marco estratégico sea más claro y coherente, para que todas las medidas que se apliquen vayan en la misma dirección y no haya incompatibilidades ni competencia entre ellas.

APUESTA POR EL DESARROLLO TECNOLÓGICO

Por último, Isabel Blanco subrayó como esencial el fomento de la innovación social como motor de cambio en las comunidades tanto rurales como urbanas, lo cual ayudará a fomentar el emprendimiento social, el desarrollo de soluciones tecnológicas que ayuden a mejorar la vida de la ciudadanía y el impulso de proyectos que impliquen a las comunidades locales para remediar sus propios problemas, algo en lo que Castilla y León ya es un referente.