Castilla y León es la primera comunidad de España en impulsar un acuerdo que permitirá que los jueces conozcan la situación de vulnerabilidad de las personas afectadas por casos de ejecución hipotecaria antes de dictar una resolución al respecto. El convenio, firmado entre la Junta de Castilla y León -representada en la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos-, y el Tribunal Superior de Justicia regiona -en cuyo nombre asistió su presidente, José Luis Concepción-, pretende mitigar situaciones en las que personas en riesgo de desahucio puedan quedar desamparados al perder su vivienda. Además, favorecerá que los magistrados dispongan, en el plazo de diez días, de un informe detallado de la situación social de la persona o familia en riesgo de perder su vivienda. Así, en los casos en los que el juez, durante el despacho de un asunto de esta naturaleza, pudiera albergar dudas sobre la capacidad de los afectados para afrontar la pérdida de su vivienda, podrá pedir a los Servicios Sociales que emitan un informe de la situación de vulnerabilidad del afectado. El objetivo del informe es proporcionar información “actualizada y veraz” con la que el juez pueda apreciar cada situación.
“Queremos que el TSJ esté implicado en las fases preventivas”, recalcó Marcos, consciente de que la labor judicial no debe remitirse en exclusiva al final del proceso, sino comenzar cuando el afectado empieza a tener problemas para pagar su hipoteca o alquiler. Por ello, considera “esencial” que las personas afectadas contacten con los servicios sociales a través del número 012, mucho antes de que se produzca la ejecución o lanzamiento de su casa.
Por su parte, Concepción entiende que los jueces de Castilla y León dispondrán de mayores garantías de protección, lo que ha de sumarse a otros hitos, como el realizado recientemente desde la Audiencia Provincial de Burgos evitando dar salida a aquellos casos con cláusulas “engañosas”. En este sentido, el presidente del TSJCyL consideró que “ha sido un hito en el sistema judicial español” a la hora de paralizar procedimientos de ejecución hipotecaria. Otro de los objetivos del acuerdo es establecer una colaboración “permanente” entre ambas instituciones en materia de protección de los deudores hipotecarios, así como establecer un marco de actuación e intercambio en los casos en los que se llegue al desalojo de la vivienda en la región.
Asimismo, el convenio permitirá el intercambio de información mediante la combinación de las fuentes informativas estadísticas de la Gerencia de Servicios Sociales y de las del TSJCyL para tener mejor conocimiento del impacto de la crisis en las familias.
Abarcará también un intercambio técnico con el objetivo de buscar la máxima adecuación de las actuaciones al cambiante marco social y jurídico y, por ello, se organizarán acciones formativas e informativas para la acción de los operadores, tanto sociales como jurídicos.

El Programa Integral
Durante la firma del convenio con el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Milagros Marcos señaló que desde su puesta en funcionamiento en noviembre del pasado año, más de un millar de castellanos y leoneses se han acogido al Programa Integral de Apoyo de las Familias en Riesgo de Desahucio. Del total, el 38% han sido asesorados para elaborar un plan de economía familiar, que ha permitido en muchos casos que las familias hayan logrado pagar la letra de los préstamos con su banco o entidad financiera; 144 casos han tenido asistencia jurídica gratuita, mientras que 232 se han derivado a los servicios sociales. Cabe destacar los 295 casos resueltos sin necesidad de interlocución con la entidad bancaria, por lo que Marcos considera que los resultados están siendo satisfactorios, o los más de 100 que se han solucionado de forma satisfactoria tras la interlocución con la entidad financiera.
El programa puesto en marcha por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, cuenta con 30 oficinas en la Región que ofrecen información y asesoramiento tanto desde el punto de vista económico como social en estos casos de pérdida de vivienda. Marcos insistió en la importancia de acudir a estas oficinas o llamar al 012 antes de que la situación se haya judicializado, ya que es mucho más sencillo si tenemos capacidad e información con carácter previo a que se produzca el tercer impago.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta manifestó que este protocolo supone “una garantía más con un interlocutor nuevo, como son los jueces y magistrados de la Comunidad”, tras la firma reciente de otro protocolo similar con la FRMP. En este sentido, la consejera aseveró que se tratará de difundir este acuerdo para que “el mayor número de jueces solicite el informe con carácter ágil”.