La Junta de Castilla y León aprobó, a finales de marzo, durante la reunión del Consejo de Gobierno, una subvención directa por valor de 69.238 euros para Cruz Roja y la Asociación Comisión Católica Española de Migración –Accem–, para que continúen implementando el ‘Programa de atención sociosanitaria a personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional’. El objetivo de esta actuación, que lidera la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, es reforzar la atención y el apoyo a este colectivo a través de pisos de acogida o en centros de la comunidad. Esta ayuda, que se otorga desde 2018, se distribuye con 23.500 euros para Accem y 45.738 para Cruz Roja.

Este programa, que ya ha beneficiado a más de 3.700 personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional, continuará, por tanto, este 2026 avanzando en la creación de hogares y centros residenciales avanzados tecnológicamente, a través de la instalación de equipos de teleasistencia avanzada en materia de salud y seguridad.

El proyecto tiene como objetivo principal atender las necesidades sociosanitarias de las personas incluidas en el Sistema de Protección Internacional, cuya metodología básica es la configuración de itinerarios individualizados de integración por fases, en función del grado de autonomía que vayan adquiriendo estas personas.

Cruz Roja destinará su asignación a sufragar una asistencia sociosanitaria personalizada a estas personas mediante el modelo de atención centrado en la persona a través de la tecnología, como la mencionada teleasistencia y otros sistemas de telemonitorización en los centros de acogida. Para ello, también precisa de un proceso de formación a usuarios y profesionales. Estos dispositivos, 45 en total distribuidos por las nueve provincias, están supervisados por la central de Cruz Roja en la Comunidad durante las 24 horas del día, con atención disponible en diferentes idiomas.

En cuanto a Accem, la subvención cubrirá los gastos de atención de estas personas, la articulación de campañas preventivas en materia sanitaria y formación de profesionales, así como los costes de desarrollo y mantenimiento de talleres para usuarios y sus unidades familiares, además unas jornadas técnicas para el personal.

En total, a lo largo de este año, se prevé la atención a 400 personas participantes en el programa.