Castilla y León define la 'carrera profesional' de las personas con discapacidad a través de los itinerarios para el empleo
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, explicó que 'casi 300 discapacitados han logrado un trabajo en centros especiales de empleo y empresas en los dos últimos años'
La Junta de Castilla y León está definiendo la “carrera profesional” de las personas con discapacidad, por primera vez en España, por medio de itinerarios para el empleo que se realizan con las entidades del sector. Así lo ha manifestado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, Milagros Marcos, en una Jornada recientemente celebrada en Valladolid, en la que la responsable de la Consejería dio a conocer que casi 300 discapacitados han encontrado trabajo en centros especiales de empleo y en empresas en los dos últimos años.
Marcos relaciona estos datos “impresionantes” con el modelo transversal diseñado por la Junta que aúna los ámbitos educativo, socio asistencial y laboral o de empleo.
Según estos datos, alrededor de 300 personas con discapacidad han conseguido un trabajo en los dos últimos años en la Comunidad, tanto en centros especiales de empleo como en empresas normalizadas, que han contratado a un centenar de beneficiarios de estos colectivos con dificultades. Unas cifras esperanzadoras, pese a la actual coyuntura, que permiten situar a Castilla y León entre las tres primeras autonomías de España en nueva contratación de personas con discapacidad. Así lo señaló la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, que relacionó estos datos “impresionantes” con el modelo transversal diseñado por la Junta y las asociaciones y que aúna los ámbitos educativo, socio asistencial y de políticas de empleo en la Región.
Marcos destacó durante la inauguración de la jornada “Itinerarios para el empleo de las personas con discapacidad” el importante paso que ha llevado a cabo en la Comunidad Autónoma, porque “estamos definiendo por primera vez en España la carrera profesional” de las personas con discapacidad, gracias a la estrecha colaboración de los ámbitos de la educación, empleo y servicios sociales. Una carrera que se inicia en el sistema educativo para lograr una adecuada formación y capacitación orientada a las necesidades del mercado laboral, para dar el salto a un centro ocupacional, pero con la vista puesta en los centros especiales de empleo y sobre todo en el mundo laboral normalizado.
Todo ello, señaló, requiere de una constante orientación y apoyo por parte de los técnicos de la Administración y de las asociaciones pero también de una labor de concienciación de las empresas en la contratación de estas, además de una sólida base normativa como la Ley de Servicios Sociales y la Ley de Igualdad de Oportunidades de Personas con Discapacidad. De ahí, por ejemplo, la reserva del 10% de las plazas de empleo público convocadas por la administración autonómica para este colectivo de difícil empleabilidad. La consejera apuntó que el actual momento de crisis económica dificulta la contratación pero consideró que se ha marcado la “línea adecuada” para cuando la situación mejore.
A las 300 personas con discapacidad que ya tienen un trabajo en centros especiales de empleo y empresas, hay que sumar otras 360 que ya han salido del sistema educativo y han logrado una orientación hacia el empleo, con prácticas en empresas, en los dos últimos dos años.
El presidente de Feaps Castilla y León, Juan Pérez, reconoció que los resultados del nuevo modelo de integración sociolaboral, tras dos años de duro trabajo, son un rayo de esperanza en tiempos difíciles puesto que facilita un proyecto de vida a las personas con discapacidad. Pero la consejera fue más allá y habló del retorno para la sociedad que supone el empleo de estas personas. Citó estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que se refieren a la contratación de personas con discapacidad no sólo en términos de filantropía e igualdad sino también como negocio y con su reflejo en la macroeconomía. Además recordó que según la ONU, “los países que no son capaces de emplear a estos colectivos llegan a perder hasta un siete por ciento del Producto Interior Bruto”.
