El Ejecutivo autonómico dio luz verde, en la última reunión del Consejo de Gobierno de 2023, al Acuerdo Marco mediante el cual se financian los servicios sociales que prestan las diputaciones y los municipios de más de 20.000 habitantes en Castilla y León. Un texto que sigue la senda de la futura ley que blindará los servicios públicos en la Comunidad y que recoge el compromiso del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de aumentar los recursos de las entidades locales.

El principal instrumento de financiación local en materia de servicios sociales alcanza los 702,72 millones de euros a ejecutar durante el periodo 2024-2027 –frente a los 596,28 del anterior–, lo que supone un incremento presupuestario de casi el 18% –106,44 millones más, en términos absolutos–, e incorpora y consolida servicios y programas en materia de igualdad o de ayuda a domicilio infantil.

El Acuerdo Marco que se aplicó entre 2020 y 2023 partía de la cantidad de 448 millones de euros y fue reforzándose con 149 millones de euros adicionales –un 33% más– a través de adendas para hacer frente a las necesidades de los castellanos y leoneses. En concreto, durante su vigencia se firmaron cinco adendas. La primera, en abril de 2020, por importe de 10,8 millones de euros para cubrir el derecho de alimentación básico de los menores más vulnerables afectados por el cierre de los centros educativos, reforzar los servicios de ayuda a domicilio y la teleasistencia de mayores y dependientes con el fin de garantizar la seguridad de las personas mayores y atender las necesidades básicas de las familias a través de las ayudas de emergencia.

En julio de 2021, con un incremento de 63,1 millones, se aceleró la implantación del sistema de ‘Dependencia 5.0’ para aplicar las nuevas tecnologías a un servicio de atención individualizada y centrada en la persona, por lo que se reforzó la ayuda a domicilio. Pero también se incrementaron las ayudas de emergencia para las familias más vulnerables y se impulsaron las actuaciones de prevención de las adicciones.

Posteriormente, ese mismo año, ante el exponencial aumento de los precios de los suministros energéticos, en diciembre de 2021 se aprobó una adenda de 8 millones para que las familias en situación de necesidad mantuvieran en sus hogares unas condiciones mínimas de habitabilidad.

Por otra parte, en noviembre de 2022, un refuerzo tanto de los servicios como del personal que presta los mismos conllevó un incremento de 51,2 millones. Finalmente, este mismo mes de diciembre, el Consejo de Gobierno sacó adelante una última adenda por valor de 16 millones de euros mediante la que se incorporó nuevamente el refuerzo de la ayuda a domicilio, la actualización de las retribuciones del personal técnico o la incorporación de más centros al programa ‘Crecemos’.

El nuevo acuerdo asume un incremento de 106,44 millones de euros con respecto al presupuesto final del acuerdo del período 2020-2023. Es el 17,85% más para reforzar los servicios sociales prestados por los municipios de más de 20.000 habitantes y por las diputaciones provinciales.

Una de las novedades del Acuerdo Marco de este nuevo período 2024-2027 es que ya no consigna un presupuesto específico para sufragar la Teleasistencia Avanzada, ya que este servicio lo presta la Junta directamente y de forma gratuita para los usuarios desde 2021 con un coste de 39,9 millones de euros en cuatro años, fondos que ahora son adicionales a los contemplados en el documento aprobado.

El Acuerdo Marco parte de unas cuantías mínimas garantizadas, que se han establecido en 175,68 millones de euros para cada uno de los cuatro años durante los que regirá, si bien se introduce un mecanismo de revisión mediante el ya citado sistema de adendas para hacer frente a las circunstancias y eventualidades que se puedan producir a lo largo de su vigencia. Así mismo, en este nuevo Acuerdo Marco se incorpora una entidad local nueva, el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, al superar los 20.000 habitantes.

Los 702,72 millones aprobados por el Consejo de Gobierno se ejecutarán a través de cinco grandes áreas de actuación mediante las cuales prestan servicio ayuntamientos y diputaciones.

Una de las grandes novedades de este Acuerdo Marco se produce en el área que abarca los servicios en materia de ‘Igualdad y Violencia Machista’, triplicando la partida para estos programas, que pasa de 2,8 millones de euros a 8,9 millones de euros. Este hecho ratifica el compromiso del Gobierno autonómico en la lucha contra la violencia machista, consolidando la red de recursos y reforzando los programas de igualdad y prevención, y la red de profesionales a través de la contratación de técnicos de igualdad en cada una de las entidades locales financiadas, con el objetivo de consolidar la lucha contra esta lacra y el impulso de estas políticas en todos los ámbitos de la sociedad.

La segunda área de actuación es la de ‘Atención a las Situaciones de Dependencia’, cuya cuantía para los próximos cuatro años alcanza los 416,43 millones, puesto que crece en 66,5 millones, un 19%. Dentro de este epígrafe se encuentra el servicio de ‘Ayuda a Domicilio’, que durante la vigencia del Acuerdo Marco 2020-2023 se reforzó con 83,6 millones de euros, pasando de 232,29 millones en el texto inicial aprobado a 315,85 en el vigente. En el nuevo acuerdo aprobado, se produce un nuevo incremento con 80,5 millones de euros adicionales, de los cuales 70,7 se destinan a cubrir las necesidades de las personas dependientes y 9,8 a la atención de menores en situación de riesgo de desprotección, siendo en este caso el servicio gratuito para las familias. En total, este programa alcanza un presupuesto de 396,35 millones de euros.

En esta área se financia también la continuación de la implantación del sistema de atención a la ‘Dependencia 5.0’ y el Servicio de Apoyo Familiar y Técnico a personas en situación de dependencia y/o discapacidad (EPAP) que, además, implementa el desarrollo de los programas de atención a la soledad no deseada, los programas de envejecimiento activo o los servicios de atención en residencias y centros de día a personas mayores, dependientes o con discapacidad.

También se generaliza y consolida en todas las anualidades el servicio de Ayuda a Domicilio a la infancia, puesto que en el pasado acuerdo sólo se aplicó en dos.

La tercera de las áreas es la de ‘Personal de los Equipos de Acción Social Básica’, que constituyen la puerta de entrada a los Servicios Sociales de la Comunidad y que orientan, informan y asesoran a los ciudadanos que requieran de recursos. El presupuesto cuatrianual es de 135,6 millones de euros, un 10,47% más de la media de cada año en el anterior acuerdo. Este personal esencial está integrado por 1.392 profesionales distribuidos por los Centros de Acción Social (Ceas) dependientes de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y de las diputaciones −las cuales prestan servicio a municipios más pequeños− y se encargan de detectar, diagnosticar y evaluar cada situación de necesidad y de realizar planes de ayuda individualizados.

En cuarto lugar, se encuentra el área de ‘Protección a las Familias y Personas’, con un total presupuestado de 136,78 millones de euros, un 16,1% más que en el anterior acuerdo. En este contexto, la Junta financia las situaciones de emergencia social, de las que se están beneficiando más de 28.000 personas en la Comunidad, entre las que se engloban las cantidades económicas para hacer frente a las necesidades básicas de subsistencia o el pago de suministros energéticos; las ayudas frente a situaciones de deuda hipotecaria o para paliar la pérdida de la vivienda habitual; la integración social de personas vulnerables, o las ayuda económicas de apoyo a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad.

Además, en el compromiso de la Junta por potenciar la conciliación familiar, laboral y personal y la corresponsabilidad de los progenitores en el cuidado de los menores se refuerza la financiación del programa ‘Crecemos’ hasta alcanzar los 35,2 millones –crece un 80,65 %– para garantizar su gratuidad total en el mundo rural. Actualmente este programa se desarrolla en 293 municipios de Castilla y León con 4.395 plazas.

Por último, al área de ‘Programas de Intervención en Drogodependencias’ se asigna una cantidad de 5,4 millones de euros, un 30% más que en los cuatro años previos, para continuar por la senda de la prevención y la acción directa. En este sentido, se ahondará en el trabajo conjunto mediante los planes locales sobre drogas, en los programas de prevención familiar para reducir el consumo de alcohol, la reinserción social o la intervención para abordar los problemas generados por las adicciones sin sustancia.