"La Consejería de Sanidad defiende un sistema sanitario público, universal, gestionado públicamente, de calidad, eficaz, eficiente, suficientemente financiado, sostenible e inclusivo, que elimine cualquier discriminación". Son palabras de la consejera de Sanidad, María Luisa Real, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (Uimp), donde agradeció públicamente a la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, "la reorientación de la agenda política sanitaria para recuperar los derechos perdidos en el ámbito de la protección de la salud", un objetivo para el que Real ofreció "máxima colaboración" porque desde el Gobierno de Cantabria se comparten los mismos valores y principios.

El departamento que dirige Real defiende el derecho a la protección de salud como un derecho humano fundamental, un derecho de ciudadanía que como tal debe estar recogido en la Constitución. Por eso, desde el comienzo de esta legislatura, las líneas fundamentales de actuación han sido la lucha contra las desigualdades en salud y el fortalecimiento, modernización y mejora de la calidad del sistema sanitario público.

En este contexto, la consejera se refirió al Real Decreto 16/2012 como el "mayor retroceso que ha sufrido nuestro Sistema Nacional de Salud en toda su democracia y un ataque directo a sus ejes fundamentales como son la equidad, la igualdad y la solidaridad". Un Real Decreto que expulsó, según ha dicho, a miles de personas, no solamente extranjeros, sino también nacionales, entre los colectivos más vulnerables.

Cantabria revertió esta situación, de tal manera que, desde agosto de 2015, reguló la posibilidad de que la atención sanitaria se diera en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos residentes en la comunidad independientemente de su situación administrativa "no por caridad, sino por una cuestión de justicia, dignidad y decencia, además de para evitar un problema de salud pública".

Esta regulación, dijo Real, fue recurrida por el Estado y aún está pendiente de resolución judicial definitiva; por eso, la recuperación de la universalidad "aumentará la seguridad jurídica de los profesionales y de las administraciones de las Comunidades Autónomas".

La consejera de Sanidad se pronunció en estos términos durante la inauguración, la semana pasada, del XI Encuentro interautonómico sobre protección jurídica del paciente como consumidor, que se desarrolló durante toda la semana en el marco de los cursos de verano de la Uimp, organizado por la Consejería de Sanidad en colaboración con los Gobiernos autonómicos de la Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña y Asturias.

Junto a la consejera han tomado parte en el encuentro el vicerrector de Internacionalización y del Campus de las Llamas de la UIMP, Eduardo Vázquez; el subsecretario de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Gobierno de España, Justo Herrera, así como los codirectores del seminario, el catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Cantabria, Jorge Tomillo, y el jefe de servicio de Asesoramiento Jurídico de la Consejería de Sanidad, Joaquín Cayón.