El Gobierno aprobó, a finales de agosto, el proyecto de ley para la reforma de las pensiones. Se trata solo de las primera medidas –a falta de cerrar otras cuestiones importantes–, que más tarde llegarán al Congreso para su tramitación parlamentaria. 

Además de la criticada reforma de 2013 y de los atávicos debates en torno a la sostenibilidad del sistema, otros motivos que apremian al Gobierno de Sánchez para llevarla a cabo son los Fondos de Recuperación de la Unión Europea, ya que para recibir los mayores desembolsos de Europa, deberá completar primero la citada reforma de las pensiones y del mercado laboral antes de 2023. 

Por el momento, lo más destacado de este proyecto de ley es la supresión del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) que, en situaciones de déficit, limitaba la subida anual de las pensiones a un 0,25%. En su lugar, vuelven a actualizarse en función del Índice de Precios de Consumo (IPC), como ya imperaba antes de la última reforma de Rajoy.

Además, el sistema se desprende del polémico Factor de Sostenibilidad (FS), que adecuaba la pensión a la esperanza de vida, ahora sustituído por el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que Gobierno y agentes sociales deberán negociar y definir antes del 15 de noviembre.

Por lo tanto, y aunque el documento ya cuenta con varios acuerdos en relación a las jubilaciones anticipadas, los incentivos para retrasarlas  o la prohibición de la jubilación forzosa para menores de 68 años, todavía quedan muchas cuentas pendientes que deberán consensuar con los sindicatos, las patronales y el resto de fuerzas políticas. 

El mayor escollo está precisamente en el MEI, cuya inclusión tiene como objetivo evitar los desequilibrios del sistema a largo plazo, pero del que apenas se sabe nada. ¿Qué recursos ahorrará al sistema este mecanismo?  

El diálogo social en torno al MEI no parece que sea sencillo a tenor de la información que se ha ido vertiendo los últimos meses. En julio, por ejemplo, el ministro Escrivá sugirió que sería la generación de los baby boomer la que debería hacer un ‘ajuste’ en su pensión o aumentar  sus años laborales, algo que a priori no aceptará ningún sindicato.

En diciembre, el ministro también especuló con la posibilidad de aumentar, de 25 a 35 años, el periodo de cotización para calcular las pensiones, una medida que, de ser así, se estima que supondría un recorte medio en las pensiones del 5,5%.

Otra medida que se discutirá es la posible elevación gradual de la base máxima de cotización. Un punto en el que, parece, habría consenso, ya que, recientemente, el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras, Carlos Bravo, reconoció que sería una opción “con un potencial enorme” a la hora de conseguir más ingresos. Así, si se incrementan las bases de cotización, por lógica se elevará también la base reguladora y la prestación que recibe el trabajador.

Sin embargo, a la espera de dilucidar todos estos ‘pormenores’ y de que, previsiblemente, el 1 de enero de 2022 entren en vigor los cambios acordados, las sensaciones son agridulces.   

Por un lado, vincular de nuevo las pensiones al IPC es una buena noticia, aunque en realidad solo sea una reconquista. Al fin y al cabo, en la práctica esta medida tiene un alcance real para las pensiones de hoy y de mañana. Derogar el FS supone una pensión más alta para todos, jóvenes y mayores.

Sin embargo, por otro lado, sigue sobrevolando el fantasma de la sostenibilidad, una palabra que sirve de argumento para situar a las pensiones en una situación deficitaria perpetua, que deben compensar además las personas trabajadoras, bien aumentando sus vidas laborales o penalizándolas cuando se quedan sin empleo. Todo esto, sin tener en cuenta la precariedad del mercado de trabajo en España, con sueldos bajos y con millones de parados permanentes.

Esta reforma repara algunas heridas de 2013 con la intención de garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, pero el problema de fondo continuará mientras los ajustes necesarios para solucionar el dilema de las pensiones sigan recayendo en las mismas personas que sufren sus consecuencias.