Fuera de las altas temperaturas del verano –con ola de calor incluida–, hay otro ‘termómetro’ del que deberíamos estar más atentos, si cabe, y que pone de relieve las necesidades de los ciudadanos españoles. Se trata de los resultados del Informe Anual 2018 que, como todos los años, el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, entrega al Congreso de los Diputados. Las conclusiones de este estudio hablan a las claras de cuál es nuestra situación en ámbitos como la sanidad o la atención a personas mayores y dependientes. 

Como siempre, muchas de las advertencias y recomendaciones que sugiere Fernández Marugán se dirigen a sectores que afectan directamente al colectivo senior. En 2018, por ejemplo, se abordan temas como el servicio de teleasistencia, el copago farmacéutico o el transporte público, del que muchas veces dependen los mayores.

De esta manera, uno de los asuntos más urgentes que analiza el informe es la insuficiencia de plazas públicas y concertadas en los centros residenciales. Y no solo se reclama un mayor presupuesto para paliar esta carencia, sino que también se incide en un problema de calidad asistencial que guarda relación con las ratios de personal directo. Hablando en plata –y nunca mejor dicho–, necesitamos más (plazas) y mejor atención residencial.

El Defensor remarca, también, la “preocupante” despoblación de algunas zonas del país. Esta cuestión de actualidad incide, sobre todo, en el medio rural y se está convirtiendo en un importante problema de desigualdad. Y digo desigualdad porque se trata de una brecha injusta, que no casa, además, con nuestros principios constitucionales de solidaridad territorial. ¿Por qué no disfrutar de los mismos servicios con independencia de la zona en la que vivamos? Fernández Marugán alerta de que se trata de derechos y libertades, y “no podemos crear ciudadanos de primera y de segunda”.

Las pensiones son otro tema recurrente en los informes anuales del Defensor y, por supuesto, el de este año no es una excepción. El estudio señala que la crisis económica ha perjudicado al sistema de la Seguridad Social y las reformas relativas a su financiación son cada vez más acuciantes.

Un dato que demuestra la delicada situación es que, para hacer frente a las nóminas ordinarias y las pagas extraordinarias del pasado mes de junio, la Seguridad Social ha tenido que tirar de un préstamo de 7.500 millones de euros concedido a su Tesorería General. Por no hablar de que ya apenas podemos recurrir al Fondo de Reserva, que está casi agotado y en su mínimo histórico, unos 2.500 millones. 

Por tanto, este medidor fiel y preciso de las necesidades de nuestros conciudadanos que presenta el Defensor debe marcar, a su vez, los desafíos más urgentes que deberán abordar los nuevos Gobiernos que se están formando en estos momentos. 

Porque necesitamos Ejecutivos locales, autonómicos y estatales que dejen de mirar para otro lado y atiendan las demandas reales de la calle. Los casi 17.700 expedientes –entre quejas, investigaciones de oficio y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad– que reflejan este informe no son cifras     frías; detrás estamos nosotros, los que pagamos las consecuencias, y las personas a las que representan.