Pues sí, parecía que los españoles no íbamos a ver nunca un informativo que abriese con la esperanzadora noticia de que ya tenemos Presupuestos Generales del Estado (PGE). Pero ha pasado, sí. Después de meses de idas y venidas, de broncas en el hemiciclo y de desavenencias entre los principales partidos, parece que empezamos junio con buen pie: España ya puede presumir de tener unas cuentas firmes sobre cómo va a gastarse el dinero que tiene –320.000 millones de euros–.
Ya comentan los expertos que la aprobación definitiva de estas cuentas –en la que el Partido Popular salió airoso consiguiendo 176 escaños justos– actuará como una mascarilla de oxígeno para el Gobierno en minoría de Mariano Rajoy, que se aseguraría, después de esto, la mitad de la legislatura. Y, por tanto, poder asegurar cierta estabilidad a un  país que está cansado de debates y enfrentamientos.
Tal vez estemos poniendo fin a una etapa de incertidumbre y (des)acuerdos que a los españoles ya se nos estaba haciendo un poco larga.
El gasto social es, con diferencia, la mayor de las partidas de estas cuentas, pues alcanza los 179.000 millones de euros. La propia ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, explicaba que para este año se han engrosado las cuentas de su cartera en un 7,97% con respecto a 2016, llegando a los 2.184,6 millones. Hilando más fino, la ministra aseguraba que el presupuesto del Sistema de Atención a la Dependencia aumenta 102,5 millones en relación al año pasado. “Debemos ser conscientes de la importancia de nuestro Sistema de Atención a la Dependencia, que hemos de cuidar y sostener”, comentó Montserrat (confiemos en que este propósito, en cualquier caso, fuese firme desde antes de estas declaraciones).
En total, el Gobierno destinará al ámbito de la dependencia 1.354 millones, una partida que ‘a priori’ suena contundente para solventar las tareas pendientes más urgentes en esta materia: continuar con el calendario de implantación de la Ley de Dependencia; reducir y eliminar las listas de espera de españoles que están pendientes de recibir una prestación; y equilibrar las desigualdades entre las comunidades autónomas, entre otros muchos asuntos que no se pueden dejar de lado.
“Elegir luz verde significa dejar que España funcione y garantizar el Estado del Bienestar”, decía Dolors Montserrat apelando a la responsabilidad de los grupos políticos a la hora de votar este proyecto. Entonces, ojalá esa equivocación del botón rojo con el verde que tuvo el presidente del Gobierno en una de las votaciones no sea preludio de mal fario y se quede, como parece, en la anécdota cómica del día.