Analizar el modelo actual de cuidados  en España es, ante todo, hablar de pluralidad, es hablar de financiación, es hablar de conciliación familiar, es hablar de la diversidad de los territorios... Son muchos los factores que interceden cuando se trata de establecer un modelo de cuidados accesible para todos pero, ¿por qué? ¿Por qué el cuidado, y los cuidadores, siguen sin tener el reconocimiento que debieran?
Es de sobra conocido por todos un concepto que hace una década –cuando nace la Ley de Dependencia– nadie empleaba: el modelo de atención centrada en la persona. Se trata, fundamentalmente, de un modelo que responde a todas aquellas cuestiones que implica el cuidar de una persona. Es decir, consiste en que, a través de un cuidado profesional, no solo se ofrezcan servicios o recursos técnicos, sino que implica la mejora global de la calidad de vida de la persona cuidada, partiendo del respeto a sus derechos, su dignidad, sus deseos, etcétera. En este marco aparentemente teórico es indispensable, asimismo, prestar atención a la figura del cuidador, que será quien lleve a cabo dichas tareas de atención.
Cuando se abre un debate sobre la organización social de los cuidados, los agentes implicados continúan denunciando el poco o nulo reconocimiento que reciben los cuidados dentro del hogar y, en muchas ocasiones, la baja comprensión que reciben las personas que desempeñan este trabajo, porque, aunque no esté reconocido laboralmente como tal, es un trabajo. De eso no cabe duda.
Aunque se ha avanzado en este terreno –con la incorporación de modelos como el que comentaba anteriormente–, hablar de cuidados sigue implicando hablar de mujeres. Ellas se han incorporado al mundo laboral pero continúan llevando sobre sus espaldas la sobrecarga de los cuidados en el hogar. Un desequilibrio de género, este, que no termina de romperse. En España, mal que nos pese, seguimos conviviendo con ciertos roles tradicionales que, en tiempos de crisis, y de paro, parece que se acentúan más.
Uno de los objetivos, ahora, es precisamente hacer más visible el trabajo de las familias y avanzar en el establecimiento de un modelo de cuidados accesible para todas las personas –independientemente del territorio donde residan–, y flexible –en el que se tengan en cuenta sus necesidades personales­–. El primer paso para instaurar este modelo es exigir la implicación de las administraciones públicas, es decir, que el cuidado en el hogar forme parte de sus agendas para impulsar, en la medida de lo posible, herramientas y apoyos que eviten la sobrecarga de los cuidadores y que reconozcan su labor como es debido.
Por último, apoyar a los cuidadores es contribuir, entre otras cosas, a la reducción del gasto social, pues la atención a la dependencia en el entorno familiar sigue sin ser una prioridad para muchas instituciones y, por tanto, genera más gasto que el que debería.